La mayoría de occidentales quieren menos inmigración. Es legítimo, pero tiene riesgos

Durante la última década, la política occidental ha estado dominada por una frase de tres palabras: “Wir schaffen das”. La dijo en agosto de 2015 Angela Merkel para anunciar que había decidido abrir las puertas de Alemania a los solicitantes de asilo que en ese momento huían de la guerra de Siria y del caos político de Oriente Medio y el norte de África. Acabaron entrando en el país dos millones de personas. La frase transmitía confianza. Significa “podemos manejarlo”.

En reacción a esa política de apertura, Donald Trump dijo que, si él llegaba a la presidencia de Estados Unidos, haría lo contrario: no solo dejar de aceptar inmigrantes, sino deportarlos. Este argumento no fue la única causa de su triunfo, pero contribuyó a él. En 2016, la campaña en favor del Brexit se centró en la inmigración: si Reino Unido seguía en la Unión Europea, afirmaban sus defensores, su destino inevitable era ser invadido por millones de inmigrantes musulmanes y de Europa del Este. El “sí” no ganó solo por eso, pero eso contribuyó a su victoria. Vox y Alternativa por Alemania nacieron en 2013, pero concatenaron fracasos hasta que la crisis migratoria les aupó. En 2017, Marine Le Pen llegó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas. En 2018, Matteo Salvini, de la Liga, se convirtió en Ministro del Interior de Italia.

El shock que generaron esas tres palabras sigue vivo hoy. Porque, durante estos diez años, cada vez más gente ha respondido que no, que Occidente no es capaz de manejar la inmigración existente, ni mucho menos aceptar más. Eso está teniendo profundos efectos políticos. Los cálculos difieren, pero es posible que 2025 haya sido el primer año en más de medio siglo en el que la población de Estados Unidos ha disminuido porque se han marchado, o han sido deportados, más inmigrantes de los que han llegado. Incluso la izquierda está cambiando su discurso. Keir Starmer, el primer ministro británico laborista, dijo en primavera que, durante décadas, Reino Unido había llevado a cabo un experimento consistente en acoger a casi todo el mundo, pero que este había producido un daño “incalculable” y que el experimento se había acabado.

De acuerdo con el barómetro del mes de octubre del CIS, la inmigración es la segunda mayor preocupación de los españoles, solo por detrás de la vivienda. El Gobierno de Pedro Sánchez ha desplegado una estrategia consistente: hacer que crezcan la población y la economía españolas, para que adquieran escala y competitividad, mediante la llegada neta de unos 600.000 inmigrantes al año desde 2022. Al mismo tiempo, sin embargo, Sánchez ha ratificado las nuevas políticas migratorias de la UE, que se basan en la militarización de las fronteras y la externalización de la gestión de los solicitantes de asilo a países del norte de África o Turquía. Una encuesta reciente de YouGov, realizada en Francia, Alemania, Italia, España, Dinamarca y Polonia, señala que por lo menos la mitad de la población desea que no lleguen más inmigrantes y quiere que los Gobiernos expulsen a muchos de los más recientes.

Algunos conflictos, no todos los problemas

La inmigración genera conflictos. Transforma el paisaje humano y cultural de los barrios, sobre todo los de los más humildes, de una manera que puede ser traumática para los locales. En los últimos años, ha contribuido al encarecimiento de las casas y al estrés de muchos servicios públicos, aunque la responsabilidad no es de los inmigrantes, sino de las administraciones públicas que, al mismo tiempo que favorecían su llegada, se han negado a invertir más en vivienda, sanidad y transportes. La inmigración musulmana ha generado problemas reales y profundos en materia de igualdad de género y laicidad. ¿Delinquen más los inmigrantes? La mayoría de los estudios señalan que no, pero con muchos matices. La llamada “economía de la delincuencia” afirma algo muy intuitivo: quien se encuentra en la marginalidad y no tiene medios para acceder al mercado laboral tiene muchos más incentivos para delinquir que quien tiene opciones de trabajar. Es posible que los inmigrantes contribuyan a bajar ligeramente los sueldos de los trabajadores de rentas bajas, aunque los estudios al respecto no son concluyentes. Y pueden ser un paliativo, pero no van a solucionar el inmenso agujero de nuestro sistema de pensiones. Es absurdo negar todo esto, como durante mucho tiempo ha hecho la izquierda.

Pero también es estúpido creer, como intentan que hagamos las fuerzas políticas de nueva derecha que se han consolidado en estos diez años, que todo es culpa de la inmigración. En primer lugar, porque muchas de las cifras que difunde son falsas. De acuerdo con el sondeo paneuropeo de YouGov, más de la mitad de los encuestados creen que la inmigración ilegal es superior en número a la legal, lo cual es ridículo: en Francia, por ejemplo, la ratio es de 700.000 frente a nueve millones. En el caso español, existe la ilusión de que nuestro problema de inmigración ilegal son quienes cruzan el mar en pateras, llegan en masa a Canarias o Andalucía o asaltan las vallas de Ceuta y Melilla. Todo eso genera problemas muy reales en los lugares de llegada. Pero en términos numéricos es anecdótico. El inmigrante ilegal más común en España es una mujer latinoamericana que ha llegado en avión como turista, pero se ha quedado en nuestro país de manera indefinida y trabaja sin papeles en alguna casa a la espera de, algún día, poder regularizarse. Ojalá lo consiga: dado que vivimos una crisis de envejecimiento que lleva aparejados numerosos problemas, como la falta de mano de obra o una paulatina transformación de la economía hacia sectores como los cuidados y los servicios, necesitamos a muchas como ella.

La nueva derecha, además, tiende a mezclar la gran presencia de inmigración con el supuesto declive de la civilización occidental. Aunque aceptemos que esa decadencia es real, se trata de una vinculación espuria. Los estadounidenses y los europeos han decidido por sí mismos, de manera autónoma y muy transversal, adoptar algunos patrones de conducta claros: abandonar paulatinamente los dogmas de la religión cristiana, tener menos hijos, divorciarse en masa, adoptar actitudes informalmente cosmopolitas y dar la bienvenida a actitudes sexuales o morales que hasta hace poco ocupaban los márgenes de la sociedad. Durante décadas, los Estados han decidido invertir menos en defensa y seguridad y se han endeudado peligrosamente para mantener el Estado del bienestar. Y las empresas se han dedicado a externalizar todos los trabajos que han podido a países más baratos. Uno puede lamentar esas decisiones si cree que nos han hecho débiles —yo creo que varias de ellas, simplemente, nos han hecho más libres—, pero culpabilizar de ellas a un recién llegado es una forma infantil de eximirse de la propia responsabilidad.

Elecciones y sociedades abiertas

Durante 2026, la inmigración seguirá siendo el asunto más polarizante y decisivo de la política occidental. En España, se celebrarán por lo menos tres elecciones autonómicas. Estas serán un severo juicio al sanchismo; no solo por sus políticas migratorias, pero también por estas. En Francia, donde en 2026 se celebrarán elecciones municipales, el cordón sanitario contra Agrupación Nacional está hecho trizas, es el partido más fuerte del país y su probable candidato a las elecciones presidenciales de 2027, Jordan Bardella, tiene todos los números para ganar. Una de las ideas a las que recurre con más frecuencia es el miedo de los europeos a “desaparecer” bajo la presión de las “oleadas migratorias”; una de sus propuestas consiste en eliminar la ciudadanía por nacimiento en el territorio nacional. En 2026 también hay elecciones regionales en Alemania. A nivel nacional, Alternativa es el partido con mayor intención de voto; muchos de sus políticos son hoy más profesionales y metódicos que en el pasado reciente, y su líder es una ex banquera de inversión de aspecto impoluto; pero su discurso, si acaso, se ha endurecido. Sus líderes utilizan con frecuencia la palabra “remigración” y uno de ellos dijo que quería que las pistas de los aeropuertos ardieran al rojo vivo por la cantidad de aviones que despegarán cargados con inmigrantes. Su discurso es con frecuencia nativista, incluso racista, y muchos cuadros muestran una y otra vez una exasperación rayana en el odio ante el creciente muticulturalismo del país.

En Dinamarca hay elecciones generales también en 2026; allí, la primera ministra socialdemócrata, Mette Fredriksen, ha defendido políticas migratorias prácticamente indistinguibles de las de la derecha radical con un argumento que es cada vez más poderoso en toda Europa: las tasas de inmigración habituales en Dinamarca —el país con los impuestos más altos de la UE— hacen imposible el sostenimiento del Estado del bienestar, por lo que cualquiera que llegue al país sin papeles debe ser expulsado. Suecia, donde también hay elecciones generales este año, está gobernada por una coalición centrista que requiere con frecuencia el apoyo de la derecha dura. Y que ha impuesto un giro a la tradicional apertura del país: la nueva política consiste en reducir masivamente la llegada de asilados y aceptar solamente a aquellos inmigrantes cuyo perfil laboral encaje con las necesidades económicas. En primavera, el Tribunal Supremo de Estados Unidos deberá pronunciarse sobre si Donald Trump, que ya ha ordenado que se retire de manera sistemática la ciudadanía a determinados inmigrantes nacionalizados, puede acabar con el derecho a la nacionalidad por nacimiento en el territorio del país.

Debemos evitar a toda costa la tentación de convertirnos en comunidades ensimismadas, miedosas, insensibles, vengativas e iliberales

Pero los Gobiernos son conscientes de la tensión entre los miedos identitarios, las limitaciones presupuestarias y las necesidades económicas. Giorgia Meloni ha construido su reputación política atacando la inmigración, y ha impulsado las duras políticas migratorias de la UE, pero este verano anunció que su gobierno emitirá 500.000 visados para trabajadores extranjeros que ocupen puestos vacantes en la hostelería o la agricultura. También Reino Unido está favoreciendo los visados temporales: su aspiración ya no es que los trabajadores inmigrantes se integren, sino que lleguen, hagan el trabajo para el que han sido llamados, y se marchen de nuevo. Seguramente ese será el futuro modelo mayoritario para intentar solventar la contradicción entre el rechazo de la inmigración masiva, el Estado de bienestar frágil y la creciente necesidad de fuerza de trabajo.

Todas estas políticas oscilan entre la legítima reivindicación de un modelo migratorio mucho más restrictivo y la pulsión de considerar que los inmigrantes no son individuos con derechos en un Estado liberal, sino una mercancía. O, peor aún, los meros destinatarios de nuestra frustración y nuestro odio. Como he tratado de explicar, los países tienen todo el derecho a lo primero, pero corren el riesgo de volverse adictos a lo segundo, que es inmoral.

Además, es muy verosímil que este proceso nos transforme a nosotros mismos. Occidente ha triunfado, ha sido próspero e innovador, porque ha basado su sistema político en las sociedades abiertas: dispuestas a aceptar nuevas ideas, nuevas personas, nuevas costumbres. Ese es el principal rasgo de nuestra identidad moderna. Por ello, debemos evitar a toda costa la tentación de convertirnos en comunidades ensimismadas, miedosas, insensibles, vengativas e iliberales. Merkel se equivocó al pensar que no solo el Gobierno, sino también la población, serían capaces de “manejar” una entrada de inmigrantes de esa magnitud. Pero eso no debería llevarnos a querer convertirnos en una sociedad cerrada. Si lo hiciéramos, nuestra decadencia dejaría de ser una hipótesis y se convertiría en una realidad tangible. Y eso sí que sería difícil de manejar.