La Administración Trump, en sus propias palabras

Trump prometió la mayor operación de deportación de la historia del país, lo cual implica, necesariamente, la militarización de las fuerzas del orden público y las redadas a gran escala que estamos viendo en “ciudades santuario” como Chicago o Los Ángeles. Trump prometió, una y otra vez, que se vengaría de sus adversarios políticos, y eso es exactamente lo que está haciendo. Que se lo pregunten a los recientemente imputados James Comey, Letitia James y John Bolton.

El presidente dijo en sus mítines que aplicaría aranceles a gran escala, e incluso precisó los números. “Me gusta el arancel del 10% para todo el mundo”, reconoció Trump en Fox News en 2023, y barajó tarifas del 60% para China. Salvo alguna voz solitaria, los economistas despreciaron estas políticas. Hoy son una realidad.  

La oposición de Trump al identitarismo de izquierdas, o wokismo, una de sus armas culturales más efectivas, no era solo retórica. La Casa Blanca está usando todas las herramientas a su disposición para controlar políticamente las universidades, intimidar a los medios de comunicación, purgar ideológicamente el funcionariado y lanzar campañas represivas contra los críticos de Israel o contra quienes no reaccionaron adecuadamente al asesinato del activista Charlie Kirk.

Todo lo anterior indica que, cuando miramos a Trump y sus aliados, tenemos que tomarnos en serio sus comentarios y sus promesas. Un último ejemplo es el Proyecto 2025: la hoja de ruta ultraconservadora preparada por una serie de think tanks e ideólogos cercanos a Trump y coordinados por la Heritage Foundation. 

Cuando los demócratas, en la campaña presidencial de 2024, lograron poner el foco en las más de 900 páginas de propuestas reaccionarias del Proyecto 2025 y ligarlas a las intenciones de Trump, este fue muy hábil: puso distancia. Dijo que no tenía nada que ver, a pesar de que 25 de los 30 capítulos del documento fueron firmados por personas que habían trabajado en su primera administración. 

Un año después de que Trump ganase los comicios, está claro que, al menos en este caso, sí que escondió sus intenciones. El Project 2025 Tracker, una iniciativa comunitaria que sigue cada uno de los objetivos que se explicitan en el documento, dice que el 48% ya se han cumplido. Aquí están desmenuzados. 

Dada la coherencia general del trumpismo, hemos recopilado algunas de las declaraciones de Trump y compañía que, ahora, pueden resultar difíciles de creer, pero que, viendo el historial, no estaría de más tener en cuenta.

Las justificaciones de los despliegues militares en Los Ángeles, Washington, Portland y Chicago, todas ellas grandes ciudades demócratas, han sido diversas y cambiantes. Unas veces es para combatir el crimen, como en Washington, pese a que el índice de criminalidad había bajado a mínimos de 30 años; otras, para sofocar unos disturbios que la Policía de Los Ángeles decía poder gestionar. En el caso de Portland, para defender una ciudad “arrasada por la guerra”, pese a que el jefe de policía local, Bob Day, aseguró que las protestas eran pequeñas y se daban en apenas un bloque en toda la ciudad: frente al cuartel local de la policía ICE.

Durante una rueda de prensa en Los Ángeles, con casi 5.000 soldados en las calles de la ciudad, pese al rechazo de la alcaldesa, Karen Bass, y del gobernador, Gavin Newsom, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ofreció otra justificación para dicho despliegue: “liberar” Los Ángeles de sus dirigentes legítimos.

Las palabras de Noem cobran un mayor interés si escuchamos a Kevin Roberts, presidente de Heritage Foundation, el think tank más cercano a Trump y por tanto más influyente de Estados Unidos. En una charla ante representantes estatales republicanos, celebrada en el American Legislative Exchange Council, en Indianápolis, a finales de julio, Roberts dijo que había que arrebatar a las ciudades demócratas su derecho de autogobierno, recurriendo, si fuera necesario, a la fuerza.

La Administración Trump ya ha colocado su bota militar en los enclaves demócratas mencionados, pero falta el premio gordo: Nueva York. La ciudad más grande y rica de Estados Unidos, y una de las más progresistas. Con el añadido de que Zohran Mamdani será su próximo alcalde. 

Mamdani es la encarnación de todo lo que detesta el mundo MAGA: es socialista, musulmán y propalestino, y ha nacido en Uganda, de padres intelectuales de izquierdas. Un detalle nada favorecedor en un momento en el que el Departamento de Justicia ha dado prioridad a la desnaturalización de ciudadanos americanos nacidos en el extranjero. Según el memorándum del 11 de junio, el Gobierno puede revocar dicha ciudadanía en nombre, entre otras justificaciones, del “antisemitismo”.

Congresistas republicanos como Randy Fine y Andy Ogle han llamado a Mamdani “terrorista” y han exigido su desnaturalización y deportación a Uganda. Trump no ha llegado tan lejos, pero sí ha dicho que puede suspender las partidas federales a Nueva York e, incluso, detener a Zohran Mamdani.

El 1 de julio, durante una rueda de prensa, le preguntaron a Trump qué haría si el “comunista” Mamdani impide a la policía migratoria, ICE, efectuar detenciones en Nueva York. Una pregunta capciosa, porque eso no fue exactamente lo que dijo Mamdani. El candidato, que no es comunista, dijo que prohibiría efectuar estas detenciones en lugares concretos (como iglesias y escuelas) si no se presentaba una orden judicial. En cualquier caso, la respuesta del presidente fue clara:

La amigable reunión cara a cara de Trump y Mamdani en el Despacho Oval, durante la cual el presidente elogió de múltiples maneras al alcalde electo y posó con él ante un retrato del presidente más progresista de la historia, Franklin D. Roosevelt, ha echado tierra sobre estas amenazas. Una teoría dice que Trump admira a los ganadores, sea cual sea su ideología. Otra, como dice una fuente del periodista Charles Gasparino, que Trump quiere mostrar buena fe con Mamdani para, más adelante, poder decirle que le dio una oportunidad y que se siente traicionado. 

Una fuente continua de declaraciones inquietantes es Stephen Miller, vicejefe de gabinete y director de políticas públicas de la Administración Trump. Miller, que representa la línea dura del trumpismo, dedica una parte sustancial de su tiempo a criminalizar todo lo que tenga que ver con el Partido Demócrata. Por ejemplo, durante una entrevista con Sean Hannity, en Fox News, el 25 de agosto. 

Un mes después, tras el asesinato del activista Charlie Kirk, Trump puso a Miller al frente de una iniciativa para “perseguir a las organizaciones terroristas domésticas”. En este marco, la Casa Blanca aprobó el memorándum NSPM-7, que fundamentalmente borra la línea entre protestas y disturbios, entre libertad de expresión e incitación a la violencia. Una estratagema para poder acusar de “terrorismo doméstico” a un amplio espectro de activistas o grupos de izquierdas. 

“Los hilos comunes que animan esta conducta violenta”, dice el NSPM-7 en referencia a un amplio y nebuloso concepto de “violencia política”, “incluyen el antiamericanismo, el anticapitalismo y el anticristianismo; el apoyo al derrocamiento del gobierno de los Estados Unidos; el extremismo en materia de migración, raza y género; y la hostilidad hacia quienes mantienen opiniones estadounidenses tradicionales sobre la familia, la religión y la moralidad”.

Donald Trump ha pedido procesar a los principales grupos recaudadores del Partido Demócrata, que son Open Society, ActBlue e Indivisible, como supuestas “organizaciones criminales”, usando la Ley RICO: aprobada en los años setenta para combatir, entre otras cosas, a la mafia de Nueva York. 

Si hubiese habido fraude electoral en 2020, sería una buena noticia que el Gobierno federal intentara asegurarse de que los ciudadanos votaran, a partir de ahora, con  mayores garantías. El problema es que las elecciones presidenciales de 2020 fueron limpias, como confirmaron los cerca de 60 tribunales, de jueces elegidos por presidentes demócratas y por presidentes republicanos, que frenaron la avalancha de denuncias espurias presentadas por Trump. El problema es que Trump ordenó a su entonces vicepresidente, Mike Pence, que se negara, como presidente del Senado, a certificar la victoria de Joe Biden. Y que, al no conseguirlo, Trump arengara con mentiras a la turba que, justo después, asaltó el Capitolio. 

Además de las muchas medidas electorales que trata de impulsar el Gobierno, entre ellas redibujar los distritos parlamentarios, limitar las posibilidades de voto y exigir listas de votantes a los 50 estados, como nos explicaba el observador Zachary Roth, Trump ha dado otros pasos recientes. Por ejemplo, su Departamento de Justicia (donde los altos cargos están ocupados por sus abogados personales) vigiló las elecciones de este mes de noviembre en California y en Nueva Jersey, y Trump ya ha puesto su punto de mira en las elecciones de medio mandato de 2026. Así lo dijo, frente a los periodistas, en el Despacho Oval el pasado 21 de octubre:

Una de las cosas que Trump no prometió en campaña, pero sí al poco de ganar las elecciones, es que Estados Unidos se haría con Groenlandia: un territorio autónomo danés de gran importancia estratégica. Trump ha repetido el mismo mensaje muchas veces este año: que EEUU tomará Groenlandia “de una manera o de otra”, como dijo en su primer discurso, el pasado marzo, ante el Congreso.

Según una investigación de la corporación pública danesa DR, Estados Unidos está llevando a cabo operaciones encubiertas en Groenlandia, donde personas relacionadas con Trump habrían estado confeccionando listas de posibles adeptos a una anexión estadounidense, entre otras cosas. Dinamarca respondió convocando al responsable diplomático de EEUU en Copenhague para pedirle explicaciones.

Tal y como suelen expresar desde la coalición MAGA, Estados Unidos experimenta una “segunda revolución americana” (Kevin Roberts), o una “contrarrevolución” (Russell Vought), o un “cambio de régimen” (Patrick Deenen). Un proceso de transformación estructural que promete dar más sorpresas, y que a veces se manifiesta en las comparecencias públicas de los contrarrevolucionarios.

De momento, el Heritage Foundation, el think tank responsable del Proyecto 2025, documento donde se detallan muchas de las medidas tan impensables hace dos años pero que luego la Administración Trump ha hecho suyas, acaba de publicar un nuevo documento: Proyecto 2026.