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Elbit, el gigante militar israelí que la OTAN ha puesto en cuarentena por sobornos
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Un escándalo que se extiende por Europa

Elbit, el gigante militar israelí que la OTAN ha puesto en cuarentena por sobornos

La OTAN congela los contratos con Elbit por un escándalo de sobornos a funcionarios de la Alianza, que se expande por Europa y reabre viejas sombras sobre la compañía

Foto: Elbit Systems Skylark-3 despega durante una simulación militar realizada por las fuerzas de defensa israelíes en las instalaciones de entrenamiento de combate de Tze'elim, en el sur de Israel. (EFE/Abir Sultan)
Elbit Systems Skylark-3 despega durante una simulación militar realizada por las fuerzas de defensa israelíes en las instalaciones de entrenamiento de combate de Tze'elim, en el sur de Israel. (EFE/Abir Sultan)

La suspensión de Elbit Systems el mayor contratista militar de Israel— ha encendido todas las alarmas en Bruselas. La decisión, ejecutada por la NATO Support & Procurement Agency (NSPA) el 31 de julio, se mantuvo en silencio durante meses mientras avanzaba un expediente explosivo: una presunta red de sobornos para manipular contratos de defensa dentro de una de las estructuras más sensibles de la Alianza Atlántica, el organismo encargado de gestionar miles de millones de euros en adquisiciones para los 32 Estados miembros. Hoy el caso crece en varias direcciones y amenaza con exponer fallos estructurales en un sistema de compras que hasta ahora operaba sin supervisión pública real.

La investigación, dirigida por la justicia belga, tiene ramificaciones en Luxemburgo, Estados Unidos y hasta en Holanda, y dibuja un circuito de sobornos, consultores fantasma, intermediarios de varias nacionalidades y decisiones de compra infladas que pudieron comprometer programas centrales de suministro de munición a Ucrania.

Documentos internos y testimonios recopilados por la plataforma de investigación holandesa Follow the Money, y varios de sus socios, confirman que la NSPA prohibió a Elbit competir en nuevos concursos tras detectar "graves indicios de irregularidades y prácticas delictivas en la adjudicación de contratos". Una medida excepcional para una empresa que factura más de 6.800 millones de dólares anuales, que ocupa el puesto 25 entre los mayores fabricantes de defensa del mundo y que abastece a varios ejércitos europeos, incluida la propia OTAN.

Un proveedor estratégico bajo sospecha

Elbit, con sede en Haifa, produce desde drones y carros de combate hasta munición, sistemas de vigilancia y equipamiento antimisiles para aeronaves. En los últimos años, la OTAN le ha comprado material por decenas de millones de euros, e incluso esa cifra podría ser solo una fracción del volumen real de contratos, muchos de ellos clasificados.

Foto: moncloa-indra-contrato-telefonica-elbit

La suspensión afecta ya a varios programas en marcha y contratos sensibles: munición para el sistema artillero ATMOS (un obús montado en un camión), cohetes para el lanzacohetes móvil PULS, bengalas y granadas defensivas para aeronaves, y mecanismos de detonación esenciales para flotas de helicópteros y aviones aliados, fabricados por Orion Advanced Systems, filial de Elbit también suspendida.

El impacto no es menor: parte del material afectado estaba destinado a reforzar las reservas de la OTAN y, en algunos casos, a apoyar el flujo de suministros hacia Ucrania. Donde no se han detectado irregularidades, los contratos continúan. Pero el caso ha obligado a revisar cadenas de suministro enteras. Países Bajos, por ejemplo, mantuvo la compra de sistemas de autoprotección por 175 millones de dólares para los nuevos helicópteros Caracal y los aviones C-390, ya que concluyó que estas adquisiciones no pasaron por la NSPA. Pero la sombra de la investigación ha obligado a varios ministerios de Defensa a estudiar sus vínculos con Elbit.

El epicentro de la investigación penal está en Bélgica, donde un juez emitió el 30 de septiembre una orden internacional de detención, difundida vía Interpol, contra Eliau E., ciudadano italiano de 60 años, sospechoso de soborno y pertenencia a una organización criminal. Según fuentes del caso, actuaba como consultor clave para Elbit, aunque no figura públicamente como alguien vinculado a la empresa. El sospechoso dirige consultorías en Estados Unidos, Lituania y Grecia, estas dos últimas especializadas en defensa. Su paradero sigue siendo desconocido y se sospecha que podría viajar con identidades falsas.

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Lo que sí se ha acreditado es su relación con Guy M., extrabajador de la NSPA que pasó a trabajar como consultor privado tras dejar el cargo en 2021, pero la fiscalía belga cree que siguió influyendo en procesos de contratación desde fuera. Guy M., figura clave en la supuesta red de sobornos, fue arrestado el 12 de mayo y permaneció medio año en prisión preventiva; ahora está en libertad con pulsera electrónica.

Ambos fueron presentados por Ismail Terlemez, otro extrabajador de la agencia, que dirige hoy una de las empresas de defensa de mayor crecimiento en Turquía. Terlemez fue detenido también en mayo en Bélgica y estuvo a punto de ser extraditado a Estados Unidos por una causa paralela, pero Washington cerró de manera inesperada esa investigación en julio y el empresario fue finalmente liberado.

Los investigadores belgas estiman que al menos 1,9 millones de euros circularon en sobornos gestionados por Guy M., aunque su abogado niega ese cálculo. Parte de ese dinero habría beneficiado directamente a consultores o intermediarios vinculados a empresas que buscaban contratos con la NSPA, entre ellas Elbit y su filial Orion Advanced Systems.

La compañía israelí aseguró en un comunicado que no ha incurrido en "ninguna irregularidad" en su trabajo con la NSPA y se mostró dispuesta a cooperar plenamente con la investigación.

"Elbit Systems no está familiarizada con los detalles citados en el artículo (publicado por Follow the Money). Lo que sabemos por ahora es que hay una amplia investigación en marcha que incluye varias compañías con las que este consultor al que hace referencia el artículo está asociado. Elbit tiene pocos o ningún proceso de licitación o actividades comerciales con la agencia de suministro NSPA, y esas actividades siguen su curso empresarial habitual", aseguró la firma en un comunicado.

Un escándalo que se extiende por Europa

La investigación belga abarca el periodo 2021-2025 y se centra en pagos que empresas de defensa habrían realizado a través de intermediarios para influir en decisiones de la NSPA. La agencia maneja contratos de hasta 10.000 millones de euros solo en 2025, lo que convierte cualquier vulnerabilidad en un riesgo estratégico para toda la Alianza.

A las pesquisas en Bélgica se suman investigaciones abiertas en Luxemburgo, donde se encuentra la sede de la agencia, y en Estados Unidos, con dos expedientes cerrados de manera abrupta y, según FTM, probablemente por presión política.

Al margen del caso Elbit, Países Bajos investiga su propia trama: un presunto esquema de sobornos en el Ministerio de Defensa. La policía ha detenido a varios sospechosos, entre ellos a un exresponsable de adquisiciones de munición, por aceptar supuestamente pagos de empresas de defensa en 2023. Un portavoz del Ministerio afirmó que la suspensión de Elbit "no afecta de forma directa" a los proyectos en curso, aunque sí obliga a monitorizar de cerca futuros contratos.

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El golpe llega en un momento delicado. La OTAN necesita rearmarse a una velocidad inédita desde la Guerra Fría y depende de proveedores capaces de producir a gran escala. Elbit es uno de ellos. Su suspensión tensiona un sistema ya presionado por la guerra en Ucrania y la escasez de munición en Europa.

Pero más allá de la empresa, el caso apunta a una cuestión más profunda: si la estructura de adquisiciones de la OTAN es lo bastante robusta para resistir presiones económicas, redes de consultores y prácticas opacas que, hasta ahora, habían operado sin demasiada atención pública. De momento, las piezas del escándalo siguen desplegándose con consultor prófugo, exfuncionarios procesados, contratos suspendidos y una investigación que se extiende por varios países. Queda por ver cuánto más revelará este caso sobre un sistema que, por primera vez en décadas, se ve obligado a mirar hacia dentro.

El historial de controversias de Elbit

La suspensión de Elbit por parte de la OTAN tampoco es una sorpresa. La empresa israelí acumula varios episodios controvertidos en distintos países. No siempre vinculados al soborno —aunque en algunos casos, sí—, pero todos relacionados con la forma en que la empresa opera en entornos opacos o autoritarios, o con tecnologías de alto impacto político.

En 2010, el Ministerio de Defensa de Colombia paralizó un contrato para adquirir drones Hermes 450 de la compañía israelí tras sospechas que apuntaban a posibles pagos irregulares a funcionarios para asegurar la adjudicación. No se presentaron cargos, al menos que se sepa públicamente, pero la operación quedó marcada por dudas sobre la integridad del proceso. Elbit negó entonces cualquier mal procedimiento y el caso nunca llegó a clarificarse del todo.

Cyberbit, filial de Elbit especializada en ciberinteligencia, fue también señalada en 2017 por organizaciones como Citizen Lab por vender a Etiopía una plataforma de espionaje informático posteriormente utilizada contra periodistas, activistas y disidentes en Europa y Estados Unidos. El sistema, "PC Surveillance System", permitía infiltrarse en ordenadores mediante correos falsos y malware. No fue un caso de soborno, pero sí una polémica internacional por violaciones de derechos humanos y por exportar tecnología de vigilancia a gobiernos represivos.

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Varias ONG y expertos en derechos digitales pidieron restricciones especiales contra la empresa. Elbit ha firmado contratos con gobiernos implicados en conflictos y bajo fuerte presión política internacional, lo que ha generado críticas sobre el uso final de su armamento y la ausencia de salvaguardias frente a violaciones del derecho internacional humanitario. Uno de los casos más visibles es Azerbaiyán, que empleó tecnología israelí, incluidos drones de ataque y sistemas de artillería vinculados a Elbit, durante la guerra de Nagorno Karabaj, un conflicto que reavivó las críticas sobre la exportación de armamento a países en plena ofensiva militar.

Algo similar ocurre con India, uno de los principales clientes de la compañía, que ha adquirido artillería, munición guiada y sistemas de vigilancia utilizados en la conflictiva región de Cachemira, donde persiste un enfrentamiento fronterizo de baja intensidad pero continuo con Pakistán, así como tensiones periódicas con China. Otros gobiernos con los que Elbit ha firmado acuerdos operan en entornos igualmente sensibles. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, involucrados en la guerra de Yemen, han adquirido sistemas de vigilancia y tecnología militar de empresas israelíes, según bases de datos internacionales de comercio de armas como SIPRI.

La posición de Elbit en el ecosistema militar internacional es central: es el buque insignia de la industria israelí, con presencia en más de 30 países y un catálogo que cubre casi todos los segmentos de la guerra moderna. Su influencia no es marginal; es sistemática. Además, el caso de la OTAN marca un punto de inflexión. No solo por la magnitud del cliente afectado, sino porque destapa vulnerabilidades también dentro de la propia arquitectura de adquisiciones de la Alianza.

La pregunta que se hacen altos funcionarios en Bruselas es simple: ¿Estamos ante un episodio aislado o ante un sistema que llevaba años operando con espacios para la corrupción? De momento, Elbit guarda silencio. La OTAN también.

La suspensión de Elbit Systems el mayor contratista militar de Israel— ha encendido todas las alarmas en Bruselas. La decisión, ejecutada por la NATO Support & Procurement Agency (NSPA) el 31 de julio, se mantuvo en silencio durante meses mientras avanzaba un expediente explosivo: una presunta red de sobornos para manipular contratos de defensa dentro de una de las estructuras más sensibles de la Alianza Atlántica, el organismo encargado de gestionar miles de millones de euros en adquisiciones para los 32 Estados miembros. Hoy el caso crece en varias direcciones y amenaza con exponer fallos estructurales en un sistema de compras que hasta ahora operaba sin supervisión pública real.

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