La UE garantiza la inmovilización de fondos rusos en plenas maniobras del crédito para Ucrania

Los Veintisiete han lanzado el procedimiento escrito para cambiar el voto bianual para confirmar el bloqueo de los activos rusos por una congelación sin fecha límite en pleno debate de su uso para un crédito a Ucrania

Los embajadores representantes permanentes de los Veintisiete ante la Unión Europea han lanzado este jueves el procedimiento escrito para inmovilizar a largo plazo los activos rusos congelados como parte de las sanciones europeas contra Rusia, según han confirmado varias fuentes diplomáticas. Un movimiento clave en plenas maniobras para acordar usar los saldos de caja de esos mismos activos para canalizar un crédito sin intereses a Ucrania.

De esta manera evitarían que un único Estado miembro pudiera provocar el desbloqueo de estos fondos. Bélgica, el país en el que se encuentra la empresa que tiene la mayoría de estos activos, se niega por el momento a permitir que la UE haga uso de ellos para dar asistencia financiera a Kiev. La aprobación de esta propuesta se realiza por procedimiento escrito, por lo que se considerará completa este viernes a las cinco de la tarde.

Las sanciones, que se aprueban por unanimidad en la Unión Europea, se tienen que renovar cada seis meses y esta renovación también funciona por unanimidad. Eso significa que, al menos hasta ahora, cualquier país que se opusiera a la renovación de las medidas restrictivas contra Rusia provocaría que caducara esa inmovilización de activos y obligaría a devolver a Rusia los cerca de 210.000 millones de euros que se encuentran congelados en la Unión Europea. Ese es uno de los principales riesgos de la idea que está impulsando la Comisión Europea y a la que se opone el Gobierno belga.

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Para evitar que eso ocurra, los embajadores han acordado hacer uso de una cláusula legal extraordinaria, el artículo 122 de los Tratados, para suprimir una fecha límite a esa inmovilización y eliminar así la opción que alguno de los países más cercanos a Moscú —como son Hungría y Eslovaquia— puedan vetar la renovación y provocar que toda la arquitectura del crédito a Ucrania se desmorone. Para entender su importancia, hay que comprender cómo pretende el Ejecutivo comunitario que sea el diseño de esa asistencia a Ucrania.

Según estos planes, la UE crearía un instrumento de deuda en el que las empresas que cuentan con activos congelados rusos, principalmente Euroclear, que controla más de 140.000 millones del banco central ruso, tengan que invertir. Ese dinero sería después transferido a Ucrania sin intereses para cubrir una gran parte de sus necesidades financieras para 2026 y 2027. Kiev no tendría que devolverlo salvo en un escenario: cuando Rusia pague reparaciones de guerra a Ucrania tras el final del conflicto.

Con parte de esas reparaciones, el dinero volvería a la UE, que a su vez podría devolvérselo a las instituciones financieras que lo controlan actualmente. Justo después, la UE consideraría cumplidas sus condiciones para acabar con el congelamiento de activos rusos, que es que haya paz y el Kremlin haya pagado reparaciones de guerra a Ucrania. Así, los europeos desbloquearían el dinero, que sería devuelto a Rusia.

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Ese era el escenario ideal, pero ¿y si en la renovación que cada seis meses se debe hacer de las sanciones un solo país votaba en contra y se descongelaban los fondos? Eso daba a Rusia derecho a reclamar su dinero… y su dinero no estaría ahí. Por eso, la Comisión ha planteado toda una serie de garantías para cubrir esos fondos que se trasladarían a Ucrania. Pero además ha propuesto esta modificación de las reglas para hacer que ese escenario sea mucho menos probable.

Eso no significa que el debate vaya a ser más sencillo. Bélgica sigue manteniendo una oposición muy fuerte al plan, que se debatirá la semana que viene en el Consejo Europeo. Ucrania necesita asistencia financiera tan pronto como hacia finales del primer trimestre de 2026, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que necesitará unos 140.000 millones durante los dos próximos años. Como parte de su esfuerzo por convencer a los belgas, la Comisión Europea limitó a 90.000 millones los fondos que pretende utilizar para el crédito a Kiev.