La UE avanza en agilizar el retorno efectivo de inmigrantes con el 'no' de España

Los ministros de Interior de la Unión Europea se han visto este lunes en un Consejo centrado en acordar una posición negociadora de los Estados miembros de cara a las negociaciones para continuar con la renovación y el endurecimiento de la política migratoria del club. Los Veintisiete han llegado rápidamente a un acuerdo sobre dos de los tres textos que tenían sobre la mesa, el de retornos y el de la ampliación de la lista de países terceros seguros. El acuerdo ha salido adelante a pesar del ‘no’ de la delegación española, que duda de la solidez jurídica de la normativa.

Si finalmente los cambios propuestos por los ministros salen adelante, algo que no parece complicado teniendo en cuenta que la Eurocámara se encuentra muy escorada a la derecha, ya no hará falta demostrar que el país europeo que quiera expulsar a un país tercero a un solicitante de asilo cuya petición ha sido denegada tenga que demostrar que existen una “conexión” entre ese país tercero y el solicitante, convertido ahora en inmigrante irregular. Esto facilitaría la apertura de centros de deportación fuera de la Unión Europea, siguiendo así el fallido modelo de Ruanda del Gobierno británico.

También se ha acordado el paquete de solidaridad para el año 2026, que establece los Estados miembros que se encuentran bajo una fuerte presión migratoria y deben recibir asistencia del resto de socios europeos en forma de reubicación de solicitante de asilo o en forma de contribuciones financieras. Los países receptores de la solidaridad serían España, Italia, Grecia y Chipre. Estados miembros como Hungría ya han criticado la decisión. "Bruselas pretende obligar a Hungría a pagar aún más o a acoger a migrantes. Esto es inaceptable", ha señalado el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

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"El número de referencia para el fondo de solidaridad 2026 es 21.000 reubicaciones (dentro de la UE) u otras medidas de solidaridad, o 420 millones de euros en contribuciones financieras", señala el Consejo en un comunicado. Por su parte, la lista de países de origen calificados como “seguros” acordados por los Veintisiete incluyen a Marruecos, Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Kosovo y Túnez, así como, en principio, todos los países candidatos a la adhesión, lo que incluiría por lo tanto a los balcánicos y a Turquía.

Fernando Grande-Marlaska, ministro español de Interior, anunció a primera hora que la delegación española se opondría al acuerdo que ha cocinado la presidencia danesa del Consejo, que durará hasta finales de diciembre, al considerar que "rompe la integridad" del pacto migratorio que, de hecho, se cerró durante la presidencia española del Consejo en 2023. Grande-Marlaska considera que modifica "un elemento que fue crucial antes de que el pacto (migratorio) empiece a andar". Porque el acuerdo cerrado en 2023, considerado ya entonces como "histórico", todavía no se está aplicando. Como ya adelantaron fuentes diplomáticas la semana pasada, España también se ha opuesto por dudas jurídicas respecto al documento.

"El sistema actual crea estructuras de incentivos poco saludables y un fuerte factor de atracción (para los inmigrantes), que son difíciles de romper. Dinamarca y la mayoría de los Estados miembros de la UE han abogado por la tramitación de las solicitudes de asilo en terceros países seguros, con el fin de eliminar los incentivos para emprender peligrosos viajes hacia la UE", ha celebrado por su parte Rasmus Stoklund, ministro danés de Inmigración.

Este acuerdo a nivel de ministros consolida un endurecimiento general de la política migratoria, donde la idea de crear centro de retorno o de deportación ha ido ganando fuerza. Este mismo domingo una información de una serie de medios europeos ha destapado que el Gobierno conservador de Austria busca un acuerdo para el establecimiento de uno de estos centros en África.