El acto de matar: cómo EEUU justifica convertir el mar Caribe en un cementerio
Bajo el paraguas de la guerra contra el narcotráfico, Washington está perpetrando una serie de ataques que a ojos del derecho internacional "no tienen ningún tipo de justificación", según asegura Naciones Unidas
Nadie sabe quiénes eran ni cómo se llamaban. Tampoco si la embarcación en la que viajaban transportaba droga o si, como sugieren filtraciones, algunos eran simples pescadores. Pero más de 80 personas han muerto en tres meses por los bombardeos de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en el Caribe. Una campaña de ataques que ya investiga el Congreso y que la ONU considera como una posible cadena de ejecuciones extrajudiciales.
El primero tuvo lugar el 2 de septiembre. Estados Unidos lo anunció a través de las redes sociales con una imagen en blanco y negro en la que apenas se distingue el fogonazo de una explosión sobre el mar. El Departamento de Guerra justificó la operación acusando a las once personas que viajaban en la lancha de ser “narcoterroristas”, un argumento que la Administración Trump consideró suficiente para autorizar un bombardeo que acabó con todos sus ocupantes.
Desde ese día, el Gobierno de Donald Trump ha repetido este tipo de ofensivas casi a diario. El modus operandi es muy similar al primero. Un ataque que llega desde el cielo —a través de drones o misiles— y que acaba con la vida de todos los que van en la embarcación. Primero se dispara y luego ni siquiera se pregunta.
Bajo el paraguas de la guerra contra el narcotráfico, Washington está perpetrando una serie de ataques que a ojos del derecho internacional "no tienen ningún tipo de justificación", según asegura Naciones Unidas. Una crítica que cada vez más organizaciones comparten y que empieza también a calar entre los propios ciudadanos estadounidenses, quienes, según las encuestas, reclaman explicaciones a su Gobierno. Más aún, después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se viera envuelto en otra polémica tras, de acuerdo con The Washington Post, ordenar acabar con la vida de dos supervivientes en el ataque del 2 de septiembre mientras intentaban buscar refugio en los restos de la embarcación.
Senadores demócratas como Chris Van Hollen (Maryland) y Tim Kaine (Virginia), ambos integrantes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, afirmaron que, de confirmarse, dichas órdenes constituirían crímenes de guerra. "Si esa información es correcta, supone una violación flagrante de las propias leyes de guerra del Departamento de Defensa, así como del derecho internacional sobre el trato debido a personas en esas circunstancias. Por lo tanto, de ser cierta, alcanzaría la categoría de crimen de guerra", señaló Kaine en una entrevista con CBS.
Hegseth, por su parte, se defendió de las acusaciones tras asegurar que transcurrieron "un par de horas" antes de que supiera que el ataque militar que él mismo había autorizado y "presenciado en directo" exigía una segunda acción letal para acabar con dos supervivientes. "Yo no vi personalmente a ningún superviviente", respondió Hegseth a la pregunta de un periodista. "Aquello estaba en llamas, explotando, con fuego y humo por todas partes. No se podía ver nada. Hay imágenes digitales, es… lo que se llama la niebla de guerra", aseguró.
"Aquello estaba en llamas, explotando, con fuego y humo por todas partes. No se podía ver nada"
Tanto Hegseth como Trump eludieron cualquier tipo de responsabilidad, y decidieron trasladarla al oficial al mando de la operación del 2 de septiembre, el almirante Frank M. Bradley. Aunque ambos elogiaron a los militares por ejecutar la misión, insistieron en que desconocían la orden adicional para matar a los hombres que seguían aferrados a los restos del barco atacado.
Sin embargo, mientras Trump afirmaba inicialmente que no estaba cómodo con aquella muerte y sostenía que "Pete no ordenó matar a esos hombres", porque "no habría deseado algo así", unas horas después su secretario de Defensa difundía en sus redes una viñeta de la tortuga Franklin disparando contra narcolanchas desde un helicóptero, acompañada del mensaje "para vuestra lista de regalos de Navidad".
Su 'broma' — en caso de que quisiera serlo — no tuvo ningún tipo de éxito. Las respuestas a su publicación son, en su mayoría, críticas a través de representaciones de la misma tortuga, pasando por juicios y siendo finalmente enviada a prisión o con el mensaje "Hegseth es un criminal de guerra". Algunos usuarios republicanos le responden con críticas como "un pueblo civilizado respeta la vida que Dios le ha dado y no trata a la ligera el hecho de quitarla (…) es sed de sangre".
For your Christmas wish list… pic.twitter.com/pLXzg20SaL
— Pete Hegseth (@PeteHegseth) December 1, 2025
Ni siquiera para Estados Unidos todo vale. Ni la designación de terroristas a los narcotraficantes —y por consiguiente a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, acusado de liderar el cártel de los Soles— ni la guerra contra la droga son argumentos de peso para acabar de un plumazo con la vida de los supuestos implicados en organizaciones criminales como el Tren de Aragua.
Así lo asegura Ronna Rísquez, autora del libro El tren de Aragua: la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina (editorial Dahbar), quien opina que la calificación de "terrorismo" se ha "usado de una forma tan gratuita que ahora corremos un riesgo grave" porque se "minimiza la acción de los verdaderos terroristas y se aumenta la acción de los que no necesariamente lo son", añade.
Rísquez advierte que los ataques con drones ordenados por Donald Trump contra presuntas narcolanchas en el Caribe abren un escenario extremadamente grave. "Trump está bombardeando estas embarcaciones y nadie sabe realmente quiénes son las personas que van allí", señala. "Aunque fueran narcotraficantes, no se merecen eso. Es un bombardeo. No existe una figura legal que ampare algo así. Es una ilegalidad, es un crimen. Es una pena de muerte de facto. ¿Desde cuándo existe la pena de muerte internacional para los narcotraficantes?", se pregunta.
La periodista venezolana explica que su preocupación no pasa por debatir si Estados Unidos debe combatir el narcotráfico —"puedo entender ese argumento y sé que Trump lo va a utilizar, aunque creo que no es el fondo real de sus acciones contra Venezuela"—, sino por cómo se está haciendo. "Si quieres ir contra el narcotráfico, busca a los jefes de los cárteles. Dedícate a eso. Pero estas personas que van en las lanchas son el último escalón dentro del narcotráfico", afirma.
En este contexto, Trump ha liberado hace apenas unos días al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Hernández llegó extraditado en abril de 2022 al país, donde en marzo de 2024 fue sentenciado a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.
El presidente republicano ya aseguró que pensaba indultarlo porque el Gobierno del demócrata Joe Biden le había "tendido una trampa" pero Orlando fue acusado de aceptar hasta un millón de dólares del Chapo Guzmán por permitir el paso de barcos cargados de cocaína por Honduras —entre otros delitos— y hasta se jactó de ser el responsable de "meterles droga por la nariz a los gringos".
"El Chapo Guzmán tuvo un juicio y hoy cumple condena en Estados Unidos"
Trump llegó incluso a sugerir que el indulto dependería del respaldo que Honduras otorgara al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura —que obtuvo el 39,91% de los votos— en las elecciones presidenciales del pasado fin de semana, en las que prácticamente empató con el aspirante liberal Salvador Nasralla, quien alcanzó el 39,89%.
"El Chapo Guzmán, uno de los mayores narcotraficantes según la justicia, tuvo un juicio, garantías legales y hoy cumple condena en Estados Unidos. En cambio, estas personas ni siquiera han tenido derecho a un funeral. Sus familias no pueden llorarlos porque simplemente los explotaron y los desaparecieron. ¿Quién va a salir a decir 'yo era la madre de este narcotraficante'?, se cuestiona.
A estas dudas se suma el hecho de que no existen listas oficiales de víctimas. "Ni siquiera hay nombres. Lo poco que se ha filtrado indica que algunos podrían ser pescadores", explica. Recuerda que en esas zonas costeras muchas personas acaban involucradas en estas redes por necesidad extrema: "No tienen opciones. Entre vivir de la pesca y morir de hambre… Muchos terminan siendo mulas, transportistas de droga. Es así. No se trata de defender a nadie, sino de entender lo que realmente está pasando", concluye.
Nadie sabe quiénes eran ni cómo se llamaban. Tampoco si la embarcación en la que viajaban transportaba droga o si, como sugieren filtraciones, algunos eran simples pescadores. Pero más de 80 personas han muerto en tres meses por los bombardeos de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en el Caribe. Una campaña de ataques que ya investiga el Congreso y que la ONU considera como una posible cadena de ejecuciones extrajudiciales.