El PSOE salva en la Eurocámara el pacto con Rabat sobre el etiquetado de productos saharauis

La rebelión de un buen grupo de eurodiputados que pretendían rechazar el intento de la Comisión Europea para sortear una parte de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que consideró ilegal el acuerdo comercial con Marruecos que incluía el Sáhara Occidental, ha fracasado este miércoles en el Pleno de Estrasburgo.

“No se ha adoptado, por un voto”, ha señalado Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo. Para que salga a favor han sido claves los votos de diez de los veinte eurodiputados del PSOE español, que se han desmarcado del resto de los socialdemócratas europeos rechazando la revuelta de la Eurocámara. De haber tenido éxito la rebelión, la Eurocámara habría rechazado el acto delegado que permitía que el etiquetado de productos que proceden del Sáhara Occidental puedan llevar un etiquetado que no incluye ni ese nombre ni el de Marruecos.

Los otros ocho eurodiputados socialistas españoles, de los cuales cuatro sí han estado participando en el resto de votaciones, no han emitido voto. A favor del texto han votado el resto de partidos españoles en el pleno, con algunos eurodiputados que no han estado presentes o no han emitido voto: desde Irene Montero de Podemos a Vox, pasando por los eurodiputados que se escindieron de la lista de Alvise Pérez.

Con el reglamento que ahora queda aprobado, “los productos procedentes de Marruecos llevarán la denominación de origen ‘Marruecos’, mientras que las frutas y verduras originarias del Sáhara Occidental llevarán la denominación de la región: El Aaiún-Saguía el-Hamra y Dajla-Río de Oro”, como explicó la semana pasada la directora general adjunta de Agricultura de la Comisión Europea.

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Para los agricultores europeos es una manera de ocultar que los productos llegan desde fuera de la Unión Europea, y para los defensores del Sáhara Occidental es una manera de librarse por la puerta de atrás de las consecuencias de la sentencia del TJUE en 2024.

La semana pasada, en la comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) de la Eurocámara, eurodiputados de una inmensa mayoría del arco parlamentario, presentaron un frente común para tratar de presentar una objeción al acuerdo con Marruecos y evitar así su entrada en vigor. Mientras que la derecha y la extrema derecha centraron sus quejas en ocultar el origen externo de los productos, los eurodiputados de la izquierda y los ecologistas atacaron la idea de la Comisión por tratar de pasar por encima del Sáhara Occidental para favorecer a Rabat.

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El Ejecutivo comunitario anunció el nuevo acuerdo con Marruecos a principios de octubre de este año. “El acuerdo establece que las pruebas de origen y el etiquetado de los productos indicarán la región de producción (Dajla y El Aaiún), y garantiza además que se concederán ventajas a los beneficiarios interesados de ese territorio”, explicó la Comisión Europea. El acuerdo se negoció de manera muy discreta, aprovechando el año que el alto tribunal de Luxemburgo había dado a las partes para intentar ajustar el texto a su sentencia de octubre de 2024.

El asunto probablemente volverá al TJUE, donde el Frente Polisario lleva ya más de una década tratando de tumbar los acuerdos entre la Unión y Marruecos que incluyen al Sáhara Occidental. La primera vez que el tribunal europeo rechazó los acuerdos fue en 2016 y tres años después, en 2019, se volvió a cerrar un acuerdo para tratar de sustituir el anterior.

Este fue el que, de nuevo, fue considerado ilegal por el TJUE en 2024, explicando que el pacto no podía hacerse extensivo al Sáhara Occidental sin el consentimiento de su población. Aunque la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) realizaron consultas entre la población local, la sentencia del alto tribunal dictaminó que “gran parte del referido pueblo vive en el exilio desde los años setenta y ha encontrado refugio en Argelia”.

Es cierto que el TJUE también señaló que el consentimiento puede expresarse de manera implícita cuando el acuerdo “no crea obligaciones para ese pueblo y prevé en favor de este último una ventaja precisa, concreta, sustancial y verificable derivada de la explotación de los recursos naturales de ese territorio”. Es esa rendija la que la Comisión Europea y Marruecos están tratando de aprovechar en esta nueva intentona.