La UE pide 6.500 M y Londres se planta: la amenaza militar no basta para olvidar el Brexit

Londres y Bruselas miden sus fuerzas sobre el coste de la seguridad europea. Y en el centro del pulso está SAFE, el programa de rearme que pretende garantizar que el Viejo Continente pueda producir munición, sistemas de armas y tecnología crítica sin depender de aliados externos. Para acceder a él, la UE reclama ahora al Reino Unido hasta 6.500 millones de euros. Una cifra que Downing Street considera exagerada y que amenaza con paralizar la primera gran cooperación militar post Brexit.

Para el bloque, permitir la integración británica sin un coste significativo sería un precedente complicado, ya que podría beneficiarse de contratos y tecnología sin asumir riesgos ni compromisos presupuestarios equivalentes a los de los Estados miembros. Por lo tanto, las discusiones actuales reflejan un dilema estratégico: incluir a la segunda potencia militar del continente o imponer condiciones que garanticen reciprocidad y protección industrial.

Fue el pasado mes de mayo cuando Londres y Bruselas firmaron un pacto en seguridad y defensa para formalizar su colaboración en áreas como la guerra híbrida, ciberseguridad, resiliencia de las infraestructuras y seguridad marítima. El acuerdo formaba parte de un amplio paquete de medidas sobre pesca, alimentación y controles de pasaporte negociado en la primera cumbre post Brexit, donde las sonrisas de los participantes nada tenían que ver con las tensiones vividas años anteriores.

La victoria de Keir Starmer en 2024, con la que se puso fin a catorce años de era conservadora, supuso un soplo de aire fresco. El laborista prometió un "reinicio" en las relaciones con la UE. Pero ahora tiene la difícil tarea de ejecutarlo en pleno apogeo de la ultraderecha populista euroescéptica de Nigel Farage. El liderazgo del primer ministro está tan cuestionado que en sus filas barajan incluso moción de confianza.

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SAFE, el primer pilar del Plan de Rearme de Europa/Preparación 2030 de la Comisión Europea, es un instrumento de préstamos masivos —hasta 150.000 millones de euros— para financiar capacidades de defensa prioritarias mediante adquisiciones conjuntas entre Estados. En septiembre, el Consejo de la UE autorizó formalmente negociar con el Reino Unido (y Canadá) las condiciones para que sus industrias participen en los proyectos. Y lo que se discute ahora es hasta dónde debe extenderse esa participación. Y a qué precio.

Oportunidad estratégica, malas circunstancias

Para Londres representa una oportunidad estratégica. La entrada en SAFE significa no solo contratos multimillonarios, sino acceso real a la cadena de suministro europea de defensa, donde puede ofrecer tecnología, componentes y experiencia. Para muchos en Bruselas, permitir que las empresas británicas entren en este engranaje es práctico; pero imponer un coste tan elevado para su entrada refleja una lógica de reciprocidad dura: ni "regalos de bienvenida", ni integración sin condiciones.

En cualquier caso, Downing Street no afronta las negociaciones en las mejores circunstancias. La próxima semana, el Gobierno presentará unos Presupuestos Generales que se espera estén llenos de subidas de impuestos y recortes de gasto. Exigir, por tanto, a los ciudadanos británicos una factura multimillonaria para asegurar puestos industriales en Europa no es solo un reto diplomático, sino una apuesta política arriesgada.

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Bruselas pide alrededor de 4.500 a 6.500 millones de euros para entrar en SAFE, según la prensa británica, una demanda que Peter Ricketts, el veterano diplomático que preside el Comité de Asuntos Europeos en Westminster, describió como "increíble". "Este es un esquema de préstamos. El gobierno está dispuesto a contribuir a los costes de funcionamiento. Pero una tarifa de 6.500 millones está tan fuera de escala que sugiere que algunos miembros de la UE no quieren al Reino Unido en el esquema", matizó.

El argumento de Bruselas es duro, pero claro. Si el Reino Unido quiere beneficiarse de los mecanismos de defensa europeos, debe asumir un coste similar al de otros socios estratégicos. Desde algunas capitales se recuerda que a lo largo de los años los terceros países con acceso al mercado europeo han tenido que hacer contribuciones presupuestarias. Por lo tanto, para varios diplomáticos, pedir a Londres que "pague por los beneficios" no es una demanda ideológica sino un principio de justicia.

Pero París no quiere una integración sin límites. Francia ha propuesto un techo del 50 % del valor de los componentes británicos en los contratos SAFE. La propuesta francesa refleja una visión muy clara: mantener el poder industrial dentro del espacio europeo, sin permitir que el Reino Unido, con su capacidad técnica y experiencia, domine proyectos que se pretenden estratégicos. Con todo, Londres insiste en que su defensa ya aporta valor. No solo produce, sino que innova, y hacerlo desde fuera del continente con condiciones marginales debilitaría su ambición de reenganche real.

En definitiva, las diferencias son obvias, aunque tampoco hay mucho margen de maniobra para negociar porque se acercan los plazos. El gobierno de Starmer se ha fijado como objetivo que el acuerdo agroalimentario previsto esté operativo para 2027, para que los votantes puedan comenzar a sentir los beneficios en los supermercados antes de las próximas elecciones, previstas para 2029.

De manera similar, si las conversaciones sobre la vinculación de los sistemas de comercio de emisiones no se concluyen para fin de año —o no se acuerda un trato puente temporal—, las empresas británicas comenzarán a ser afectadas por nuevos impuestos fronterizos de carbono de la UE a partir del 1 de enero. En ambos casos, la cuestión del dinero tendrá que resolverse.

Esperanza en la cumbre

La esperanza expresada por el jefe negociador de la UE, Maroš Šefčovič, es que la mayoría de los temas puedan cerrarse para la cumbre UE-Reino Unido del próximo año, aunque no se ha fijado ninguna fecha.

Desde la perspectiva británica, quedarse fuera de la primera ola SAFE sería un revés estratégico: para su industria de defensa, para su influencia militar en Europa y para la narrativa política interna de Starmer, que necesita resultados concretos para justificar su apuesta por el acercamiento europeo. "Cualquier acuerdo debe ofrecer beneficios tangibles para la población británica", insistió el primer ministro en una llamada con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, la semana pasada.

En Bruselas, algunos diplomáticos admiten que tampoco quieren asfixiar a Londres con demandas imposibles, por miedo a perder la oportunidad de incluirlo en el núcleo de la nueva arquitectura de defensa. Una parte de los Estados miembros —entre ellos Alemania, Holanda, Irlanda, Bélgica— ha presionado para moderar el tono de las exigencias financieras y evitar que el reset se convierta en una crisis diplomática.

Estas negociaciones tienen consecuencias directas para la disuasión europea. SAFE no es solo una herramienta financiera, sino una arquitectura de seguridad con consecuencias operativas. Su éxito determinará la velocidad con la que Europa puede rearmarse, su capacidad para responder a la guerra de Ucrania, y su autonomía estratégica frente a posibles rupturas con potencias externas en un escenario geopolítico cada vez más cambiante.