El Polisario denunciará ante la Justicia europea el nuevo acuerdo UE-Marruecos, impulsado por España

El Frente Polisario está dispuesto a sentarse en esa mesa que la Administración del presidente Donald Trump tiene preparada en algún lugar de EEUU para que negocie con Marruecos, al que lleva medio siglo enfrentado en el Sáhara Occidental.

El movimiento armado saharaui, que lucha por la independencia de la antigua colonia española, se dispone, en cambio, a denunciar el acuerdo entre la UE y Marruecos negociado a escondidas el pasado verano. Asegura que incumple las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2024.

Si es poco probable que las conversaciones de paz den frutos, pese a las presiones de EEUU, "sí es previsible que el Polisario vuelva a derrotar ante la justicia" a la Comisión Europea y al Consejo Europeo, y de paso a Rabat, como lo viene haciendo desde hace casi una década, opinan fuentes diplomáticas independientes conocedoras del conflicto.

Hace ya dos semanas que Oubi Bouchraya Bashir, un alto cargo saharaui, anunció en Estocolmo que denunciarán el nuevo acuerdo UE-Marruecos con la ayuda del bufete Gilles Devers de Lyon. "Este acuerdo va a tener el mismo futuro que los anteriores", pronosticó el viernes en Madrid Abdulá Arabi, delegado del Polisario en España. La Justicia europea es lenta y quizás no se pronuncie hasta dentro de tres o cuatro años.

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El TJUE canceló en octubre de 2024 los acuerdos de asociación y de pesca con Rabat porque incluían al Sáhara Occidental, que no forma parte de Marruecos. Los productos de ese territorio exportados a la UE no debían beneficiarse de las preferencias arancelarias otorgadas a Marruecos ni debían ser etiquetados como marroquíes, sino como saharauis.

Un hipotético nuevo acuerdo tendría, por tanto, que contar con el consentimiento de la población autóctona saharaui que, en su mayoría, reside en los campamentos de refugiados de Tinduf (suroeste de Argelia). Solo una minoría permanece en el territorio donde viven sobre todo marroquíes.

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El nuevo acuerdo fue, sin embargo, negociado a hurtadillas y en un tiempo récord (del 10 al 15 de septiembre) entre la Comisión Europea, espoleada por España y Francia, y Rabat. Entró en vigor provisionalmente el 3 de octubre sin haber sido ratificado por el Parlamento Europeo, una anomalía en el funcionamiento de las instituciones europeas.

No cuenta con el consentimiento explícito de los saharauis y las exportaciones del Sáhara a la UE tampoco están ahora etiquetadas, como estipularon los jueces de Luxemburgo. Su origen es Dakhla-Oued Eddahab y Laayoune-Sakia el Hamra. Son los nombres que Marruecos bautizó a las dos regiones en las que dividió el Sáhara y desconocidos para los consumidores europeos. La segunda de estas regiones abarca también un pequeño territorio que no perteneció a España.

"El principal objetivo [del nuevo acuerdo] es corregir los problemas detectados por el TJUE en el tratado anterior y uno de ellos era la correcta identificación de los productos agrícolas que vienen [a Europa] del Sáhara Occidental", explicó con aplomo a El Debate Christophe Hansen, comisario europeo de Agricultura. La "corrección" aplicada incumple la sentencias, según la ONG Western Sahara Resource Watch.

El pleno del Parlamento Europeo no se ha pronunciado sobre el acuerdo, pero este sí fue debatido, el 6 de octubre, por la Comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara. Su presidente, el socialdemócrata alemán Bernd Lange, tachó de "totalmente inaceptable" la actuación de la Comisión Europea.

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La sustancia del acuerdo también suscitó numerosas críticas desde dentro de esa comisión. "Los consumidores merecen saber de dónde proceden los productos que compran", afirmó Vicent Marzà, diputado de Compromís adscrito al grupo de Los Verdes. Su comentario bien podía estar también dirigido a Pablo Bustinduy (Sumar), el ministro español de Consumo que debe velar por el correcto etiquetado de los productos del Sáhara.

Otros eurodiputados expresaron también su descontento interpelando al Ejecutivo europeo, que aún no ha contestado. "¿Cómo justifica la Comisión no haber tenido en cuenta las sentencias vinculantes del TJUE y el derecho internacional sobre el Sáhara Occidental (…)?", preguntaron cuatro diputadas del grupo The Left encabezadas por Irene Montero.

Imperturbable, la Comisión se prepara ahora para negociar con Marruecos un nuevo tratado pesquero que sustituya al anulado el año pasado por los jueces porque incluía las aguas del Sáhara Occidental. Costas Kadis, comisario europeo de Pesca, lo confirmó en Madrid hace una semana tras entrevistarse con el ministro de Agricultura, Luis Planas.

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Tras conocer el pronunciamiento del TJUE de 2024, Planas no dudó en declarar hace un año que las relaciones con Marruecos "estaban por encima" de esta sentencia. Él y su colega de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, son los que más han animado a la Comisión a cerrar nuevos acuerdos con el vecino marroquí que sorteen las sentencias.

Rabat amplía su plan

El Polisario empezó por revolverse contra la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU, inspirada por EEUU. El texto aprobado el 31 de octubre apostó por resolver el conflicto del Sáhara partiendo de la base del escueto plan de autonomía de tres folios que propone Marruecos desde 2007. Ofrece un autogobierno recortado en comparación con las comunidades autónomas de España o los länder de Alemania.

"No obstante las salvedades señaladas" hace ya tres semanas "el Frente Polisario sigue dispuesto a participar activamente en el proceso de paz de la ONU y entablar negociaciones directas con la otra parte de buena fe y sin condiciones previas, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la ONU (…)" reza un memorando remitido el lunes al Consejo de Seguridad. Acudirá a las conversaciones aportando su propuesta sobre la libre autodeterminación de los saharauis, según el memorando.

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Marruecos, por su parte, va a desarrollar ese sucinto plan de autonomía, que rehusó ampliar desde que lo presentó hace 18 años. Esta es ahora la única base de negociación, según la interpretación que hizo el rey Mohamed VI en su discurso triunfalista del 31 de octubre.

"Marruecos procederá a una actualización y a una formulación detallada de su proposición de autonomía con vistas a someterla ulteriormente a Naciones Unidas", anunció entonces el monarca alauí. Se espera "con interés conocer el contenido del plan de autonomía ampliado y actualizado de Marruecos", respondió poco después Staffan de Mistura, enviado especial del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental.

El interés es tanto más grande que el propio De Mistura reconoció, en una breve rueda de prensa, que la resolución "proporciona en sus párrafos claramente articulados un marco para las negociaciones" y ese es el plan marroquí al que aludió sin nombrarle.

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"Recordemos", concluyó De Mistura dirigiéndose implícitamente al Polisario, "que participar en negociaciones no implica aceptar automáticamente un resultado". EEUU y Francia, los padrinos de Marruecos, no ahorrarán esfuerzos para el Polisario y su valedor, Argelia, den su brazo a torcer en una negociación que debería arrancar a principios de 2026.

Antes De Mistura quiere que los saharauis entierren el hacha de guerra que desempolvaron en noviembre de 2020. Desde entonces, sus guerrilleros hostigan al Ejército marroquí a lo largo del muro de defensa que erigió en el Sáhara, librando así una guerra de muy baja intensidad.