Bruselas declara a España bajo 'presión migratoria' para acceder al apoyo de la UE

La Comisión Europea ha declarado este martes que España, Italia, Chipre y Grecia se encuentran "presión migratoria debido al nivel desproporcionado de llegadas" de solicitantes de asilo, lo que les dará derecho a acceder al Fondo de Solidaridad previsto en el Pacto Migratorio, que se prevé que entre en vigor a mediados de 2026. Eso significa que pueden obtener la ‘solidaridad a la carta’ que la UE acordó como parte del Pacto, siendo este uno de los elementos más sensibles de la política de asilo europea, que saltaron por los aires en la crisis migratoria de 2015 y 2016 precisamente por el reparto de inmigrantes y solicitantes de asilo.

Esa solidaridad puede llegar de dos maneras diferentes: o bien el resto de países ofrecen a estos Estados miembros bajo una fuerte presión migratoria la opción de reubicar a solicitantes de asilo en sus territorios, o bien pueden prestar apoyo financiero para ayudar al país de primera línea a gestionar dicha presión.

A pesar de que esta ‘solidaridad a la carta’ se acordó como una manera de ofrecer a los Estados miembros una alternativa a la cuota de reparto de inmigrantes, hay varios países que siguen oponiéndose firmemente, entre ellos Polonia. "La solidaridad es flexible. La reubicación no es obligatoria", ha defendido Magnus Brunner, comisario de Interior.

El Ejecutivo comunitario ha enviado este martes su propuesta para el primer paquete de solidaridad "para atender a las necesidades de los Estados miembros sometidos a presión migratoria", explicando que, en todo caso, "esta propuesta no es pública".

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"Ahora corresponde al Consejo adoptar la propuesta de la Comisión y acordar el tamaño del fondo de solidaridad y la contribución de cada Estado miembro en función de su parte proporcional. Una vez que el Consejo adopte la decisión sobre el fondo de solidaridad, las contribuciones solidarias de los Estados miembros serán públicas y jurídicamente vinculantes", señala la Comisión Europea en un comunicado.

Preguntado por las afirmaciones de Donald Tusk, primer ministro de Polonia, que ha asegurado que no va a participar del sistema de solidaridad, Brunner ha señalado que "Polonia puede pedir una total o parcial exención del sistema de solidaridad, y el Consejo decidirá".

La crisis migratoria de 2015 y 2016, la decisión de la canciller alemana Angela Merkel de abrir las fronteras del país, y su intento posterior de establecer cuotas de reparto de los millones de refugiados que entraron en Alemania, provocó una profunda fractura en Europa que todavía se nota hoy. Para los países del este del club cualquier mecanismo que establezca algún tipo de solidaridad con los Estados miembros de primera línea es excesivo.

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Aunque la propuesta de solidaridad que la Comisión ha remitido al Consejo no es pública, el reglamento del Pacto Migratorio sí establece unos umbrales mínimos: deben producirse al menos 30.000 reubicaciones y debe haber contribuciones financieras por valor de unos 600 millones de euros. Existe un ratio entre reubicaciones y aportaciones financieras, que se acerca a una reubicación por cada 20.000 euros de contribuciones. Dentro del reglamento los cuatro países que están sometidos a la presión migratoria están exentos de aportar contribuciones a este mecanismo de solidaridad, y hay un grupo no pequeño de Estados miembros que también pueden solicitar al Consejo librarse de aportar si pueden demostrar que están en un riesgo migratorio significativo.

El asunto es tremendamente sensible y explosivo, como se ha comprobado ya en las reuniones de los ministros de Interior en los que se ha abordado esta propuesta, que debía haberse presentado hace un año. En una reunión en Luxemburgo a mediados de octubre, los ministros de varios países del norte dejaron claro que no pretendían reubicar a solicitantes de asilo, apuntando a uno de los problemas que habrá sobre la mesa: hay Estados miembros, como Polonia o Hungría, que directamente no pretenden participar en el mecanismo, o bien capitales que solamente quieren contribuir financieramente, y no con las reubicaciones.

La discusión es muy delicada, con acusaciones cruzadas, porque mientras que los países del sur piden a los del norte que sean más solidarios y también un reconocimiento mutuo de las órdenes de expulsión, los Estados miembros que no están en primera línea consideran que los países del sur deben evitar los movimientos secundarios.

La situación de España

La Comisión Europea determina que España e Italia se encuentran en esta situación "como consecuencia de los desembarcos recurrentes tras operaciones de búsqueda y salvamento (SAR), que son de tal magnitud que crean obligaciones desproporcionadas en relación con la situación general de la Unión, incluso con un sistema de asilo, acogida y migración bien preparado en el Estado miembro afectado". El 40% de las personas que entran en la UE por un desembarco lo hacen por España, siendo el otro 40% en Italia. En todo caso, a nivel global, los desembarcos han caído un 36% respecto al periodo anterior.

Los datos que maneja la Comisión Europea apuntan a una caída del casi el 25% en las llegadas por la ruta de Canarias, pero un incremento del 6% por la ruta del Mediterráneo Occidental, mientras que las llegadas a Italia y Malta, la llamada ruta del Mediterráneo Central, han caído un 40%. En todo caso, las salidas a España desde Marruecos han "disminuido significativamente como resultado del fortalecimiento de la cooperación bilateral y la mejora de la vigilancia fronteriza".

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España es, además, el país que más visados humanitarios ha expedido durante el año pasado, "principalmente a venezolanos y colombianos". "Los venezolanos que viajan sin visado a la Unión presentaron un número récord de solicitudes de protección internacional, principalmente en España", señala el Ejecutivo comunitario en su informe respecto a la situación migratoria en la Unión Europea.

Además, España es, junto con Francia y Alemania, el Estado miembro que más órdenes de expulsión ha ejecutado en el tiempo analizado. En concreto, la Comisión señala que la mayoría de órdenes emitidas por las autoridades españolas afectan a nacionales de Malí, Senegal y Argelia.