El presidente de Perú decreta el estado de emergencia en Lima para frenar la criminalidad

El presidente interino de Perú, José Jerí, anunció este martes la declaración de un estado de emergencia en la capital Lima y en la vecina provincia portuaria del Callao a partir de la medianoche de este miércoles (05.00 GMT), y por un plazo de 30 días, para luchar contra la delincuencia organizada. En un mensaje a la nación emitido a través de televisión y redes sociales, Jerí dijo que "la delincuencia ha crecido de manera desmesurada", causando un inmenso dolor a millas de familias y perjuicio a la economía nacional.

Sin embargo, el mandatario, que todavía no llega a las dos semanas en el poder tras haber sucedido a la destituida presidenta Dina Boluarte, agregó que "hoy empezamos a cambiar la historia" y que la lucha contra el crimen organizado permitirá a su país "recuperar la paz y la tranquilidad". "Las guerras se ganan con acciones y no con palabras", afirmó sin dar más detalles de las medidas que contiene el estado de emergencia declarado por el Gobierno.

Según el decreto publicado en el diario oficial El Peruano, durante la vigencia del estado de emergencia quedan restringidos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, en un contexto marcado por protestas contra el Gobierno y el Congreso, motivadas en parte por la inseguridad.

La medida contempla también que las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado, realizando patrullajes en puntos críticos como paradas de transporte, estaciones de metro, instituciones vinculadas y otros escenarios de violencia.

TE PUEDE INTERESAR

Cae la presidenta más impopular de toda Latinoamérica: el Congreso de Perú destituye a Boluarte

D. I. Agencias

Militares y policías custodiarán edificios públicos e instalarán bases temporales para las fuerzas conjuntas, en coordinación con los municipios más afectados, además de llevar a cabo operativos masivos y continuos para incautar armas, municiones, explosivos ilegales y material pirotécnico.

En paralelo, las visitas a los internos en los centros penitenciarios serán restringidas. El decreto también establece "apagones eléctricos en las celdas, permitiendo solo la iluminación", así como el "desmantelamiento y destrucción de antenas de telecomunicaciones ilegales, cuya supervisión recaerá en las Fuerzas Armadas".

TE PUEDE INTERESAR

Un muerto y 100 heridos durante la multitudinaria protesta en Perú contra el Gobierno

EFE

Durante la jornada del martes, el Consejo de Ministros se mantuvo reunido para definir el marco legal del estado de emergencia anunciado días atrás por el presidente, con el objetivo de hacer frente a la ola de criminalidad en Lima, donde reside aproximadamente un tercio de la población nacional.

En la misma línea, horas antes de su mensaje, Jerí publicó en su cuenta de X: "De la defensiva a la ofensiva contra la criminalidad".

Pese a que el mandatario no ofreció detalles adicionales sobre la implementación de la medida, el estado de emergencia ha sido utilizado por el Gobierno peruano en los últimos años en diversas regiones, especialmente en la costa norte para combatir la minería ilegal, y en algunos distritos de la capital para reforzar la seguridad ciudadana con apoyo militar.

Durante la aplicación de esta medida, se suspenden también otros derechos constitucionales como la libertad de tránsito y de reunión.

En las últimas semanas, se han registrado huelgas de transportistas y manifestaciones en protesta por el impacto del crimen organizado en Lima y otras ciudades, con decenas de víctimas mortales solo en el sector del transporte urbano. Esta situación fue uno de los factores que motivó la destitución de Dina Boluarte el pasado 9 de este mes en el Congreso.

Según datos del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), entre julio y septiembre se contabilizaron 575 homicidios en Perú, la cifra más elevada de 2025, tras el récord de 580 asesinatos en el último trimestre de 2024.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Sánchez versus la ley

Ignacio Varela

En el tercer trimestre de 2024, el país superó por primera vez los 500 homicidios trimestrales, una cifra que hasta 2017 era menos de la mitad.