Un escándalo de espionaje chino consigue meterse hasta la cocina (económica) de Downing Street

Durante más de dos años, Westminster vivió pendiente de un secreto que se susurraba en pasillos y pubs: dos jóvenes británicos, vinculados a círculos parlamentarios conservadores, estaban siendo investigados por supuestamente espiar para China. El caso debía culminar con un juicio histórico por violar la Official Secrets Act. Sin embargo, en un giro inesperado, la Fiscalía de la Corona (CPS) ha retirado los cargos culpando (entre líneas) al Gobierno por su polémica decisión.

El escándalo ha puesto contra las cuerdas al premier Keir Starmer, quien, pese a su mayoría absoluta, vive en constante crisis. El equilibrio entre la defensa de la seguridad nacional y la necesidad de reactivar la economía se ha convertido en una ecuación cada vez más difícil de resolver. Y esto no es algo que afecte sólo a Reino Unido

Xi Jinping, presidente de la República Popular China, habla abiertamente de crear un "nuevo orden global" que refleje "las realidades de la nueva era", un código en el que Occidente ya no dicta las reglas. A través de la Iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda, la Organización de Cooperación de Shanghái y el bloque ampliado de los BRICS, Pekín está construyendo un mundo alternativo de finanzas, normas y diplomacia, en el que la ley cede ante la jerarquía y los mercados ante la política.

Las exportaciones británicas a la República Popular representan solo entre el 3% y el 4% del total, menos de lo que se vende a Irlanda o Países Bajos. Con todo, Reino Unido no puede actualmente rearmarse ni descarbonizarse sin el consentimiento de Pekín. Todas las armas avanzadas, desde misiles hasta radares y aviones de combate, dependen de elementos químicos y materiales especiales, producidos mayoritariamente en el régimen de Jinping. Más del 80% de la capacidad mundial de procesamiento de las denominadas 'tierras raras' está bajo el control de Pekín. Lo mismo ocurre con las energías renovables: China domina el 70% del refinado de litio a nivel mundial y más del 80% de la fabricación de energía solar. Pese a las presiones de Washington, el gigante asiático es un agente en el tablero político imposible de obviar.

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En Downing Street resumen actualmente su política ante Pekín con el mantra de: "desafiar, competir y cooperar". En teoría, se pretende proyectar firmeza y pragmatismo. En la práctica, sin embargo, las cosas funcionan de otra manera. Así lo revela el escándalo de los supuestos espías.

La historia, con tintes de thriller político, arranca en marzo de 2023, cuando la policía antiterrorista detuvo a Christopher Cash, entonces un prometedor investigador parlamentario, y a Christopher Berry, un analista académico especializado en China. Ambos fueron arrestados bajo sospecha de pasar información sensible a Pekín entre diciembre de 2021 y febrero de 2023, cargos de los que se declaran inocentes. Cash, de unos 30 años, había trabajado con diputados conservadores críticos con el régimen de Xi Jinping. Berry, de unos 33, colaboraba con un think tank centrado en Asia.

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Las detenciones coincidieron con un momento de máxima tensión entre el anterior ejecutivo conservador y Pekín. La entonces ministra del Interior, la 'tory' Suella Braverman, calificaba a China de "amenaza existencial", mientras el entonces primer ministro Rishi Sunak intentaba sin éxito mantener una línea más pragmática.

En abril de 2024, la Fiscalía de la Corona (CPS) presentó formalmente cargos contra ambos por violar la Official Secrets Act. Los dos se declararon no culpables, y el juicio se fijó para octubre de 2025.

Sin embargo, el pasado 15 de septiembre —coincidiendo prácticamente con el primer año del nuevo Gobierno laborista de Keir Starmer— el fiscal en la corte del Old Bailey anunció que se retiraban los cargos. "No hay evidencia disponible para proseguir", declaró, dejando perpleja a la opinión pública. Detrás de esa frase técnica se escondía un choque institucional sin precedentes entre la Fiscalía y el Gobierno.

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El responsable de fiscalía, Stephen Parkinson, envió una carta a los comités parlamentarios explicando que el Gobierno no había proporcionado la prueba clave necesaria para sostener la acusación: una declaración formal que acreditara que China representaba una "amenaza a la seguridad nacional" en el periodo en que supuestamente se cometieron los delitos.

La Official Secrets Act, una ley de 1911 reformada durante la Guerra Fría, exige que se demuestre legalmente que el país para el que se transmitió la información era un enemigo o amenaza en ese momento. Sin esa definición jurídica, la causa se desmoronaba, por muy fundadas que fueran las sospechas de espionaje.

El documento del fiscal, descrito por la prensa como "explosivo", insinuaba que el Ejecutivo había demorado o limitado la entrega de la evidencia necesaria. De inmediato, los conservadores acusaron a Downing Street de haber "interferido" en el proceso por motivos diplomáticos. La oposición conservadora sostiene que el Gobierno laborista quiso rebajar el tono contra China justo cuando Keir Starmer busca recomponer los lazos económicos con Pekín tras el Brexit y la guerra comercial global arancelaria impuesta por la Casa Blanca.

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Para contener el escándalo, el Ejecutivo publicó los tres "witness statements" elaborados por Matthew Collins, segundo asesor de Seguridad Nacional, que actuó como testigo de la Fiscalía. Los documentos ofrecen un retrato de cómo evolucionó la posición británica frente a China.

La primera declaración, fechada el 22 de diciembre de 2023, durante el mandato conservador, calificaba la actividad china de "campaña de espionaje e injerencia sostenida". La segunda, redactada en febrero de 2025, ya con Starmer en Downing Street, suavizaba el lenguaje e introducía la idea de que, pese a las tensiones, "Reino Unido seguía comprometido con mantener canales económicos y diplomáticos abiertos con China".

La tercera, firmada el 4 de agosto de 2025, mantenía esa ambigüedad: reconocía el riesgo de espionaje, pero insistía en "la importancia de la cooperación comercial". La publicación de estas versiones, con diferencias notables de tono y fechas, ha alimentado, por tanto, las sospechas de que la línea política de Downing Street había contaminado un caso judicial.

El nombre que más se repite en Westminster desde entonces es el de Jonathan Powell, actual consejero de seguridad nacional de Starmer y antiguo jefe de gabinete de Tony Blair. Powell, que ha trabajado en procesos de paz tan complejos como Irlanda del Norte o más recientemente Gaza, es una figura clave en el círculo de confianza del primer ministro. Downing Street niega que haya estado involucrado. Aun así, varios comités parlamentarios —incluido el de Inteligencia y Seguridad— estudian ahora citarlo para que explique qué tipo de asesoramiento ofreció al líder laborista.

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En una carta pública, Starmer ha subrayado que "la acusación se basaba en la política exterior del anterior Gobierno, que nunca definió oficialmente a China como enemigo de Reino Unido". Una frase con un claro subtexto: fueron los tories quienes no establecieron las bases legales necesarias para sostener el caso.

Pero, más allá del rifirrafe partidista, la controversia deja al descubierto la falta de una estrategia coherente hacia China que ha marcado la política británica durante más de una década. Desde los días en que David Cameron llevó a Xi Jinping a tomar una pinta en un pub de Chequers hasta el veto de Huawei bajo el mandato de Boris Johnson, el péndulo ha oscilado entre la apertura económica y la desconfianza geoestratégica.

El actual inquilino del Número 10, pragmático y consciente de las limitaciones de Reino Unido pos-Brexit, parece decidido a buscar una relación más "constructiva" con Pekín, aunque ello le exponga a críticas internas.

El Gobierno laborista sabe que su prioridad es el crecimiento, y que ese objetivo pasa necesariamente por reconstruir los lazos comerciales con el cuarto socio económico de Reino Unido.

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El director general del MI5, Ken McCallum, se ha mostrado "frustrado" por el fracaso del caso de espionaje. Por una parte, afirma que China representa una amenaza constante para la seguridad nacional de Reino Unido. Pero al mismo tiempo advierte a Londres para que "no debilite las relaciones bilaterales". Es el dilema que Downing Street intenta implantar como doctrina de Estado hasta publicar en 2026 la "auditoría estratégica" que definirá su política ante el gigante asiático.

La principal arma de China es la económica. Según Sam Olsen, analista jefe de Sibylline, una empresa de consultoría, durante dos décadas "Pekín ha practicado lo que podría llamarse innovación mercantilista: la fusión deliberada de espionaje industrial, subsidios estatales y dumping global". "La fórmula es simple: adquirir (a veces, pero no siempre, mediante el robo) tecnología occidental, impulsarla con subsidios masivos y crédito barato, e inundar el mundo con exportaciones que socavan y, finalmente, destruyen a la oposición", escribía en The Spectator.

Justo en este clima de sospechas y tensiones, el Ejecutivo ha decidido retrasar, por segunda vez, la decisión sobre el nuevo proyecto de embajada china en Londres.
El complejo, que se levantaría en Royal Mint Court, a escasos metros de la Torre de Londres y de las fibras ópticas que comunican el corazón financiero de la City, sería el mayor recinto diplomático chino en Europa. Comprado por 255 millones de libras en 2018, incluiría oficinas, túneles subterráneos, viviendas para 200 empleados y un enorme sótano. Los servicios de inteligencia han advertido en varias ocasiones del riesgo de espionaje que supondría el proyecto.

Opinión

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Christopher Berry, uno de los supuestos espías del gran escándalo que alimenta diariamente los titulares, defiende que no acepta haber "proporcionado información a los servicios de inteligencia chinos" ni que era "sostenible" que el "material pudiera, en ningún sentido, considerarse con un propósito perjudicial para la seguridad o los intereses del Estado".

Según The Times, con la llamada táctica de "encubrimiento de consultoría", los espías pueden aparentar estar realizando algún tipo de proyecto de consultoría cuando en realidad están descubriendo secretos de Estado. En este sentido, el rotativo apunta que China también contrata cada vez más a europeos blancos en lugar de solo a personas de etnia china en Occidente. Se estima que se ha contactado a unos 20.000 funcionarios británicos en sitios como LinkedIn en los últimos años.

La embajada china en Londres, sin embargo, recalca que las acusaciones de espionaje son "pura invención y calumnia maliciosa" y exige al gobierno que "deje de socavar" las relaciones bilaterales.