Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció por sorpresa que él y su homólogo ruso, Vladímir Putin, habían acordado un nuevo encuentro para negociar una solución a la guerra en Ucrania. Si ya su primer encuentro en Alaska trajo mucha polémica, en esta ocasión las dudas son incluso mayores: el encuentro, del que todavía no hay fecha, deberá tener lugar en Budapest, Hungría. No solo se trata de un país de la Unión Europea, que mantiene sanciones contra el líder ruso desde la invasión rusa de Ucrania, sino que además implicaría el viaje fuera de las fronteras rusas del propio Putin, sobre el que pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de guerra relacionados con la deportación ilegal de niños ucranianos.
Mientras se deciden los detalles del encuentro, surgen varias preguntas. La primera de ellas y más clave es: ¿se podría detener a Putin cuando pise suelo europeo? Repasamos la cuestión.
La elección de Hungría como lugar de encuentro no es casual. A pesar de ser un Estado miembro de la Unión Europea, el Gobierno de Viktor Orbán ha marcado distancias con las obligaciones derivadas del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, y que, técnicamente, instaría a los estados a ejecutar una orden de arresto. Pero, desde hace meses, ya no sería el caso de Hungría. Budapest, que fue uno de los primeros firmantes del Estatuto, notificó formalmente su retirada del mismo el pasado 2 de junio de 2025, en aquel momento, para evitar tener que detener al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre quien también pesa una orden de arresto por presuntos crímenes de guerra en Gaza.
Esto significa que el gobierno húngaro no se considera legalmente obligado a ejecutar la orden de arresto de la CPI. Por tanto, si Putin aterriza en Budapest, estará en un territorio seguro a efectos legales internacionales.
Aparte de que el derecho internacional consuetudinario tradicionalmente otorga inmunidad a los jefes de Estado en funciones frente a la jurisdicción de otros países. En cualquier caso, esta posible protección no le pareció suficiente a Putin para otros viajes. En agosto de 2023, fue una de las ausencias más sonadas de la cumbre de los BRICS en Sudáfrica, por miedo a que Pretoria, que sí es firmante del Estatuto de Roma (y, además, el promotor de la otra denuncia ante la Corte, contra Netanyahu), sí que ejecutara el arresto. Así que la salida húngara da mejor colchón legal.
¿Y qué pasa con el viaje en avión?
El escenario se complica si se contempla el viaje aéreo. ¿Qué ocurriría si el avión presidencial ruso sobrevolara el espacio aéreo de otros países europeos que sí son firmantes del Estatuto de Roma, como Polonia, Bulgaria o Rumanía? En teoría,cualquier Estado Parte del Estatuto de Roma tiene la obligación de cooperar con la Corte, lo que incluye la detención de personas buscadas. Aunque en la práctica, muchas veces los países miembros del CPI, eligen o no si deciden ejecutar las órdenes de detención en su propio territorio. Polonia, por ejemplo, aseguró que no detendría a Netanyahu.
Pero, precisamente Netanyahu protagonizó una curiosa ruta, excesivamente larga y tortuosa, en su ruta aérea hacia Washington para reunirse con Donald Trump. Cruzando el Mediterráneo, esquivó específicamente el espacio aéreo sobre la Península Ibérica, y muchos lo leyeron como una manera de curarse en salud ante la posibilidad de que algún estado parte de la CPI lo forzara a aterrizar.
En realidad, en la práctica internacional hacer aterrizar un avión en vuelo es una línea roja que las naciones democráticas no han estado dispuestas a cruzar, al menos hasta ahora. Obligar a un avión civil, y más aún, a uno presidencial, a desviarse y aterrizar por la fuerza se considera una violación flagrante de las normas de la aviación civil internacional y un acto de consecuencias diplomáticas impredecibles.
Hay, por supuesto, excepciones. El precedente más claro lo protagonizó Bielorrusia en mayo de 2021, cuandoel gobierno de Alexander Lukashenko forzó a aterrizar un vuelo de Ryanair que viajaba de Atenas a Vilna sobrevolando el espacio aéreo bielorruso con la excusa de una falsa amenaza de bomba. El objetivo real era arrestar al periodista y activista opositor Román Protasevich, que se encontraba a bordo. El acto fue calificado internacionalmente como una "piratería aérea" y un "terrorismo de Estado", provocando una oleada de sanciones y la condena unánime de Occidente.
Otra cosa diferente sería directamente negarle el acceso al espacio aéreo de los países europeos. En junio de 2022, Bulgaria, Macedonia del Norte y Montenegro cerraron su espacio aéreo al avión del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, impidiendo de facto su visita a Serbia. Fue una decisión coordinada que demostró cómo el control del cielo puede usarse como un arma diplomática. Hace aún menos, los Estados bálticos negaron el paso al primer ministro eslovacopara ir a Moscú al desfile de la victoria rusa.
En este caso, sin embargo, el escenario político es muy distinto: de hacer algo así, los países europeos se enfrentarían a la ira de Donald Trump, además de a sus acusaciones de que sería Europa la que no quiere acabar la guerra en Ucrania.
En cualquier caso, el Kremlin podría intentar trazar una ruta segura hasta Budapest, esquivando el espacio aéreo de la UE y sus aliados. Habría que evitar la ruta más directa, sobrevolando Polonia o los países bálticos, y dirigirse hacia el sur. El avión presidencial ruso podría volar sobre el Mar Negro, o probablemente el Cáucaso, para evitar Ucrania, para adentrarse en el espacio aéreo de Turquía, país que no ha ratificado el Estatuto de Roma y que, en cualquier caso, siempre se ha ofrecido como mediador, y, desde allí, buscar un corredor a través de los Balcanes, a través de Serbia, que aunque ha firmado del Estatuto de Roma, mantiene su espacio aéreo abierto a vuelos rusos.
Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció por sorpresa que él y su homólogo ruso, Vladímir Putin, habían acordado un nuevo encuentro para negociar una solución a la guerra en Ucrania. Si ya su primer encuentro en Alaska trajo mucha polémica, en esta ocasión las dudas son incluso mayores: el encuentro, del que todavía no hay fecha, deberá tener lugar en Budapest, Hungría. No solo se trata de un país de la Unión Europea, que mantiene sanciones contra el líder ruso desde la invasión rusa de Ucrania, sino que además implicaría el viaje fuera de las fronteras rusas del propio Putin, sobre el que pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de guerra relacionados con la deportación ilegal de niños ucranianos.