Trump autoriza acciones encubiertas de la CIA en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha autorizado que la CIA realice acciones encubiertas en Venezuela, según adelantó este miércoles The New York Times, lo que permitiría a dicha agencia llevar a cabo operaciones letales en el propio país y en el Caribe. Esta decisión se trata de un paso más en la campaña de presión que la Administración estadounidense está llevando a cabo contra el país sudamericano y su presidente, Nicolás Maduro.

Al ser preguntado sobre este tipo de acciones, Trump ha respondido que las ha "autorizado" porque "miles" de personas —gran parte de ellos supuestos criminales— habrían entrado por la frontera, facilitando la entrada de "mucha droga desde Venezuela".

Esta autorización —al menos públicamente— se ha producido horas después de que dos bombarderos estadounidenses B-52 sobrevolaran el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, como parte de las operaciones "para combatir el narcotráfico", según informó este miércoles el Comando Sur de Estados Unidos a través de su canal oficial en la red social X.

Las aeronaves, conocidas por su alta capacidad ofensiva, participaron en ejercicios conjuntos con helicópteros AH-1Z Cobra y UH-1Y Venom, desplegados junto al Grupo Anfibio Listo USS Iwo Jima en apoyo a las misiones de interdicción del tráfico ilícito de drogas y de protección del territorio estadounidense.

Ayer mismo, martes, Trump confirmó un nuevo ataque a una narcolancha, en el que perdieron la vida cuatro personas, frente a la costa de Venezuela, bajo el marco de su plan contra el narcotráfico. En las últimas semanas, han sido varias las operaciones de este tipo notificadas por Washington, en las que murieron al menos una veintena de supuestos "narcoterroristas".

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Hasta el momento, las acciones estadounidenses se han limitado a la destrucción de barcos —que portaban presuntamente drogas— mediante bombardeos. No obstante, Trump ha llegado a sugerir que podría pronto trasladar sus operaciones contra el narcotráfico del mar a la tierra. La campaña ya incluye —además de las operaciones de la CIA anunciadas— el empleo de aviones F-35 y drones.

Según The Washington Examiner, la concentración de estos recursos militares en la zona ya "es suficiente para tomar y controlar instalaciones estratégicas clave, como puertos y aeródromos, en territorio venezolano".

Ya durante la primera semana de octubre, medios como la CNN, adelantaron que la Administración Trump elaboró una "opinión jurídica clasificada" que justificaría "ataques letales" contra una "lista secreta y extensa" de cárteles y presuntos narcotraficantes, según varias fuentes familiarizadas con el asunto.

El documento —elaborado por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia y hasta ahora no divulgado— sostiene que el presidente tiene autoridad para autorizar el uso de fuerza letal contra diversos cárteles que representan "una amenaza inminente para los ciudadanos estadounidenses". Según fuentes conocedoras del texto, citadas por el mismo medio, la lista de organizaciones incluidas supera a las que el Gobierno ha designado públicamente como grupos terroristas. La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, ha evitado confirmarlo durante su comparecencia en el Senado.

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En respuesta, el Gobierno de Nicolás Maduro, junto con el ministro del Interior, Diosdado Cabello, calificó los operativos estadounidenses como una "agresión armada" destinada a imponer un cambio de régimen y apoderarse de los recursos naturales de Venezuela. Cabello anunció la activación del plan de defensa "Independencia 200" en zonas costeras y fronterizas, que incluye el despliegue de tropas, milicias y reservistas, según informó el canal estatal Venezolana de Televisión.

"Las enmascaran detrás de supuestas operaciones de lucha contra el narcotráfico (…), si ellos quisieran atacar al narcotráfico, estarían desplegados en el Pacífico, atendiendo el enorme tráfico de drogas que circula por ahí, que casualmente lo dirigen sus socios en América", aseguró.

Portavoces del Gobierno venezolano y de países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) —entre ellos Cuba, Bolivia y Nicaragua— condenaron las operaciones de Estados Unidos, calificándolas de "incursiones ilegales" y denunciando supuestos intentos de desestabilización regional. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, también describió los ataques a embarcaciones como "ejecuciones extrajudiciales y sumarias".