Objetivo Akhannouch: cómo los jóvenes marroquíes quieren forzar la dimisión del primer ministro

Objetivo Aziz Akhannouch, 64 años, jefe del Gobierno de Marruecos y segunda fortuna del país, evaluada por Forbes en unos 1.400 millones de euros, lejos detrás de la del rey Mohamed VI. El colectivo juvenil GenZ212, que desde el 27 de septiembre protagoniza las protestas, quiere echar al primer ministro y de todo su Ejecutivo.

"Declaramos nuestra total pérdida de confianza en el Gobierno actual, que no ha cumplido con sus compromisos y ha traicionado la esperanza de la juventud marroquí", reza el último de sus comunicados. "Pedimos la dimisión del Gobierno actual, que ha perdido toda su legitimidad", añade el texto.

Los jóvenes recibieron el miércoles el espaldarazo de cerca de un centenar de profesores, artistas, columnistas, etcétera, que hicieron pública una carta colectiva enviada el rey Mohamed VI. "La situación es grave y es nuestro deber hablarle, Majestad, antes de que una espiral fatal, Dios no lo quiera, lleve a nuestro país hacia lo desconocido", afirman de entrada. "Solo podemos apoyar [a GenZ212] en su reivindicación" con relación al Gobierno.

Desde el martes por la noche han empezado además a circular por las redes sociales llamamientos a boicotear algunas de las empresas del primer ministro. Junto a la foto de Akhannouch aparecen los nombres de 12 de sus empresas y un texto que insta a los consumidores a darles la espalda: "Boicot económico por la justicia".

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Akhannouch ya padeció, en la primavera de 2018, una campaña en redes para que los automovilistas no repostasen en Afriquia, su red de más de 500 gasolineras, que tuvo seguimiento y le causó gran perjuicio. La diferencia es que la campaña que se acaba de poner en marcha afecta a todas sus empresas, desde las del sector turístico hasta los medios de comunicación, pasando por las energéticas.

A estas críticas al primer ministro se añaden las de la prensa afín a algunos sectores del poder. "Aziz Akhannouch desprecia las instituciones, abandona sus funciones, aviva la ira popular y su silencio acentúa el malestar general", tituló en portada Barlamane, el portavoz oficioso del aparato de seguridad. Queda así claro que, mientras no se pronuncie el palacio real, las demás autoridades están divididas sobre cómo reaccionar ante las protestas.

Es verdad que, desde que estalló la crisis, Akhannouch no ha tomado la palabra. Solo publicó al quinto día un comunicado en el que afirmó estar "a la escucha" de la juventud, pero sin anunciar medida alguna. Lamentó los daños materiales causados por los manifestantes, pero apenas deploró que tres de ellos murieran a causa de los disparos de la Gendarmería.

Akhannouch impulsó su fortuna, heredada de su padre, al amparo del palacio real a partir de los años noventa. Su vocación política es tardía. Arranca hace algo más de 20 años y se desarrolla en el Reagrupamiento Nacional de los Independientes, uno de esos partidos algo artificiales porque fueron inspirados por el Ministerio del Interior. Él fue ministro de Agricultura (2007-2021) y, desde hace cuatro años, está al frente del Gobierno.

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Elegir a un multimillonario para ser el primer ministro de un país con tantas desigualdades no pareció una idea acertada de palacio. Quizás se explique por su cercanía con el monarca, al que, por ejemplo, recibió en su casa hace años para compartir un iftar, la cena con la que se rompe el ayuno durante el Ramadán. Es un privilegio consentido a muy pocos.

Akhannouch es además alcalde de Agadir, la gran ciudad del sur del país en cuyo hospital público murieron en septiembre ocho mujeres parturientas —el miércoles falleció una novena embarazada— a causa, probablemente, de una negligencia médica. Ese es el epicentro de la oleada de protestas que recorre Marruecos para exigir mejoras en la sanidad y educación públicas.

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Para mitigar la ira juvenil, a Akhannouch le queda aún un cartucho antes de ofrecer su cabeza: deshacerse de dos hombres de su máxima confianza, el ministro de Educación, Mohamed Saad Berrada, y el de Sanidad, Amine Tehraoui. Este acaba de dar además en el Parlamento unas explicaciones confusas sobre su gestión en la que anunció el cese de unas subvenciones públicas a la sanidad privada que no existían.

La Constitución marroquí no permite, en todo caso, al monarca despedir al Gobierno, pero la casa real concentra en la práctica tanto poder que bastaría con una indicación para que Akhannouch dimitiera. Mohamed VI pronunciará el viernes un discurso con motivo de la reapertura del Parlamento tras las vacaciones estivales. Está por ver si dará alguna indicación sobre sus intenciones, si hará un gesto hacia esa Generación Z marroquí.

El colectivo juvenil suspendió las manifestaciones el martes y miércoles, para tomar aliento —la participación había disminuido a principios de semana— y volver a la carga con más fuerza el jueves 9, víspera del discurso real tan esperado. Ese viernes, sin embargo, tampoco volverá a formular en la calle sus reivindicaciones "por respeto a Su Majestad" al que no quiere restar protagonismo, según anunció en otro comunicado.

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A diferencia de lo que sucedió en 2011, durante la llamada "primavera árabe", los convocantes de las manifestantes no arremeten contra el entorno del rey. Podían, por ejemplo, haber recordado el peso del holding, Siger, en la economía marroquí, muy superior a de las empresas de Akhannouch, pero han rehusado hacerlo.

Algunos intelectuales se negaron a firmar la carta colectiva enviada al soberano alauí porque exime a la institución real de cualquier responsabilidad política en la actual crisis, según uno de los que rechazó rubricarla. El Gobierno, cuya renuncia se exige a gritos en las calles, no es más que una correa de transmisión de lo que se decide en palacio. "Ahora es más bien una bola de boxeo que recibe los golpes que no se merece", ironiza un exdiputado marroquí. Por ahora dan la impresión de soñar despiertos.

Exonerar al jefe del Estado de cualquier culpa no significa que no se le formulen reivindicaciones. En la misiva que le remitieron, los intelectuales le instan a "poner en marcha un proceso constitucional que consagre, esta vez sí, la soberanía democrática del pueblo, las libertades fundamentales y la separación de poder".