Prenden fuego a la casa de una jueza de Carolina del Sur (y no es el único caso de amenazas a jueces en EEUU)

La casa de Diane Goodstein, jueza del distrito de Carolina del Sur, fue incendiada el sábado por la mañana, después de que la magistrada recibiera varias amenazas de muerte por presuntamente oponerse a una decisión de Donald Trump. La jueza no se encontraba en ese momento en la residencia, pero su hijo y marido han resultado gravemente heridos.

La Policía del estado está investigando el incendio, que comenzó alrededor de las 11:30 de la mañana tras una explosión. Una de las víctimas, el marido de Goodstein, es el exsenador demócrata Arnold Goodstein, que se habría roto las piernas al saltar del edificio, localizado en Edisto Beach, en el estado de Carolina del Sur.

“En este momento, no sabemos si el incendio fue accidental o intencionado”, aseguró el jefe de la policía estatal, Mark Keel. “Ya he alertado a las fuerzas del orden locales para que aumenten las patrullas y la seguridad”, anunció. El presidente del Tribunal Supremo de Carolina del Sur, John Kittredge, apuntó que el incendio aparentemente fue causado por una “explosión”. Aunque las autoridades todavía no hayan decidido si hubo 'juego sucio' en el incendio, el actual clima de tensión que vive Estados Unidos ha hecho saltar las alarmas.

La jueza, de 69 años, ha asegurado a los medios que llevaba semanas recibiendo amenazas previas al incendio que ha destruido su casa. El mes pasado, Goodstein bloqueó temporalmente la entrega de unos archivos con la información de los votantes del estado a la comisión electoral del Departamento de Justicia. La decisión fue abiertamente criticada por la fiscal general adjunta para los Derechos Civiles nombrada por Donald Trump, Harmeet Dhillon, y posteriormente revocada por el Tribunal Supremo del estado.

El Departamento de Justicia de EEUU había solicitado la información que incluía los nombres, direcciones, números del permiso de conducir y números de la seguridad social de más de tres millones de votantes registrados en Carolina del Sur. Esta entrega de documentos formaba parte de una orden ejecutiva del presidente Trump, que tiene como objetivo restringir el derecho a voto de los "no ciudadanos".

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La Administración Trump lleva meses tratando de reformar drásticamente el sistema electoral en nombre de la “integridad electoral”, solicitando y, en algunos casos, demandando a los estados para obtener datos del registro de votantes con el fin de compilar una base de datos centralizada. Los críticos han argumentado que los esfuerzos de la Administración son un intento de privar del derecho al voto a los votantes de las comunidades marginales y de sobrepasar la autoridad constitucional de los estados para controlar los procedimientos electorales.

Si el incendio en la casa de la jueza resulta ser intencionado, se trataría solo del último incidente de la alarmante escalada de la violencia política en Estados Unidos, de la que Trump siempre ha culpado a los demócratas. Sin embargo, este presunto atentado contra la jueza ocurre justo en el momento en el que la Casa Blanca se encuentra en mayor tensión con los jueces a los que Trump acusa en las redes de “odiar a Estados Unidos” por paralizar sus políticas.

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No es la única jueza amenazada

Además del asesinato de Charlie Kirk el mes pasado, el asesinato de la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, y su marido en junio, y el incendio provocado en la residencia del gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, en abril, varios jueces que han fallado en contra de las políticas de Trump también han recibido ataques y amenazas.

El juez del distrito de Rhode Island, Jack McConnell, declaró en agosto que su tribunal había recibido más de 400 mensajes de voz amenazantes, incluidas varias amenazas de muerte. McConnell había bloqueado con una sentencia la congelación de ayudas federales por parte de Trump a principios de este año. Los jueces declararon también que habían recibido entregas anónimas de pizza no solicitadas, una táctica conocida como “pizza doxxing” que tiene como objetivo intimidar a los jueces haciéndoles saber que conocen la dirección donde viven.

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“Lo escucho en todas partes, los jueces están preocupados por su propia seguridad. Hay personas que se sienten incitadas por los comentarios incendiarios de nuestro presidente y de los miembros del Congreso sobre los jueces. Los funcionarios públicos han legitimado los ataques a los jueces con los que no están de acuerdo”, dijo Nancy Gertner, exjueza y actual profesora de práctica en Harvard, al diario The Guardian en mayo.

Ese mismo mes, Richard Durbin, líder demócrata en el Comité Judicial del Senado, escribió una carta a Pam Bondi, la Fiscal del Estado, y al director del FBI, Kash Patel, solicitando una investigación sobre los incidentes de "pizza doxxing" contra al menos una docena de jueces.

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La administración Trump en pie de guerra con los tribunales

En apenas diez meses de su segundo mandato, el presidente Trump ha ampliado sus poderes ejecutivos emitiendo más de 300 órdenes ejecutivas (similares al decreto ley en España), proclamaciones y memorandos, muchos de los cuales han desencadenado complejas disputas legales.

Entre mayo y junio, los jueces federales y estatales frenaron casi todas las decisiones del Gobierno de Donald Trump —en torno al 94% de las veces— al considerar que podían ser ilegales o necesitaban revisiones. Sin embargo, el Tribunal Supremo, que tiene la última palabra, terminó anulando la inmensa mayoría de esas suspensiones, según datos analizados por el profesor de ciencias políticas de la Universidad de Stanford, Adam Bonica. En otras palabras: los tribunales inferiores bloquearon casi todas las medidas del Ejecutivo, pero el Supremo le está dando casi siempre la razón a Trump. Seis de los nueve jueces son republicanos, y tres de ellos fueron nombrados directamente por Trump.

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"Lo que ha hecho el presidente Trump, quizás más que cualquier otro presidente, ha sido no solo presentar casos solamente de prueba y obligar a los tribunales a tratar estas cuestiones, sino hacerlo con una estrategia de 'conmoción y pavor' (shock and awe), lo que supone una presión adicional para los tribunales", afirmó Steven Richman, presidente de la Comisión de Asuntos del Colegio de Abogados de la IBA, en el pódcast Global Insight.

No es el primero en apuntar que Trump está intentando “estresar a los jueces” y en señalar que la auténtica amenaza proviene de los funcionarios de la administración que atacan a los jueces que fallan en contra de sus políticas, presentandolo como politizado y extralimitado en sus funciones.

Horas antes del incendio en la casa de la jueza Goodstein, el subjefe de gabinete de Trump, Stephen Miller, acusaba a otra jueza federal, Karin Immergut, de “insurrección legal” por dar una orden de restricción que bloquea el despliegue de Trump de la Guardia Nacional de Oregón en Portland. El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, dijo en una publicación que la acusación de Miller contra un juez federal “por fallar en un caso no es solo imprudente. Es simple y llanamente propaganda autoritaria”.

El propio Trump ha señalado en múltiples ocasiones a los jueces que se han opuesto a sus órdenes ejecutivas acusandolos de ser “lunáticos radicales de izquierda” y “alborotadores y agitadores”. En mayo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó al panel del juez que falló en contra del programa arancelario de Trump de “activista”. En una publicación de twitter ese mes, Miller afirmó que: “Vivimos bajo una tiranía judicial”.

Y es que Miller lleva desde el inicio de la administracion señalando al poder judicial, en marzo ya amenazaba a los jueces que se fuera a oponer a la administración en su cuenta de Twitter: "Los precedentes que están estableciendo ahora los jueces radicales sin escrúpulos, un tribunal de distrito de Hawái podría prohibir los movimientos de tropas en Irak. Los jueces no tienen autoridad para administrar el poder ejecutivo. Ni para anular los resultados de unas elecciones nacionales”.

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“Otro día, otro juez decide unilateralmente la política de todo el país. Esta vez, en beneficio de los miembros de bandas criminales extranjeras”, publicaba en marzo el senador republicano Chuck Grassley, presidente del Comité Judicial del Senado, después de que un juez de Washington prohibiera temporalmente a Trump poner en marcha su plan de deportaciones masivas. “Si el Tribunal Supremo o el Congreso no lo solucionan, nos encaminamos hacia una crisis constitucional”. También la fiscal general y responsable del Departamento de Justicia, Pam Bondi, calificaba la avalancha de demandas presentadas contra las políticas de Trump de “crisis constitucional”.

El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, reivindicaba ya en marzo la autoridad del Congreso sobre los tribunales estadounidenses y pareció amenazar al poder judicial. “Tenemos autoridad sobre los tribunales federales. Podemos eliminar todo un tribunal de distrito”, afirmó Johnson. “Tenemos poder de financiación sobre los tribunales. Y los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, y el Congreso va a actuar”.

En abril, Hannah Dugan, una jueza de Wisconsin, fue detenida por presuntamente por ayudar a un inmigrante indocumentado a salir de un juzgado. En julio, el Departamento de Justicia presentó una moción de censura por conducta indebida contra James Boasberg, juez presidente del Tribunal de Distrito en Washington DC, por unos comentarios que supuestamente hizo Boasberg en una reunión de jueces en marzo. Desde su propia red social, Trump pidió que se destituyera a Boasberg, sin nombrarlo: "¡Este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, debería ser DESTITUIDO!".

La Casa Blanca se salta la ley

La Administración ha ignorado las órdenes judiciales, incluyendo la deportación de 238 venezolanos a una prisión en El Salvador en marzo, después de que el juez Boasberg bloqueara las deportaciones. Un análisis del Washington Post de 165 demandas en las que los jueces fallaron en contra de la Administración Trump reveló un “incumplimiento generalizado del sistema legal estadounidense” por parte de la Administración. La Casa Blanca está acusada de “desafiar o frustrar la supervisión judicial” en casi el 35 % de los casos estudiados.

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Más de 150 exjueces federales y estatales firmaron en mayo una carta dirigida a Pam Bondi y Kash Patel en la que reprendían los ataques de la Administración Trump al poder judicial, en donde criticaban la reotrica de Trump y su govierno por alimentar las amenazas contra los jueces.

“Lo que necesitamos es que nuestros líderes políticos, desde los más altos hasta los más bajos, dejen de avivar estas llamas, dejen de utilizar una retórica irresponsable, dejen de referirse a los jueces como corruptos, parciales y monstruos que odian a Estados Unidos, declaró Esther Salas, una jueza federal de Nueva Jersey cuyo hijo fue asesinado en 2020 por un abogado que fingía entregar una pizza.