EEUU destruye otro barco "narcoterrorista": ¿es legal usar la fuerza militar?

Las tensiones en el Caribe continúan subiendo, difuminando todavía más la línea que separa las operaciones contra el tráfico de drogas de la posible invasión militar de Venezuela. El presidente Donald Trump notificó al Congreso que EEUU libra un "conflicto armado" con los cárteles de la droga y baraja emprender acciones "en tierra". Y fuentes consultadas por la prensa nacional describen el interés de una facción del Gobierno americano en derrocar al líder de Venezuela, Nicolás Maduro.

Según The Washington Examiner, la concentración de recursos militares en la zona, que incluye al menos siete barcos de guerra, cazas F-35, drones y un submarino, es superior a la que necesita EEUU para la lucha antidroga. El diario interpreta que las "fuerzas reunidas son suficientes para tomar y controlar instalaciones estratégicas clave, como puertos y aeródromos, en territorio venezolano".

Las acciones estadounidenses, de momento, se han limitado a la destrucción de cuatro barcos acusados de transportar drogas y "narcoterroristas". Los bombardeos, que habrían dejado en total 21 muertos, están en una zona legal gris y han provocado un debate entre los expertos en seguridad internacional.

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"No creo que la Administración haya proporcionado suficientes pruebas para concluir, definitivamente, que los ataques acatan las leyes nacionales e internacionales, pero eso no significa que esas pruebas no existan", dijo por correo electrónico el teniente general retirado Charles J. Dunlop Jr., profesor y director ejecutivo del Center on Law, Ethics and National Security, en Duke University. Su comentario se refiere exclusivamente a los ataques a los tres barcos.

La Casa Blanca justificó sus acciones con este informe enviado al Congreso a principios de septiembre; sin embargo, no avisó a los parlamentarios de estos bombardeos aéreos, ni tampoco les transmitió, después, los detalles. The Wall Street Journal dice que una banda criminal venezolana que la Administración Trump ha designado como terrorista.

El modo rutinario de tratar a los barcos que llevan sustancias ilícitas a Estados Unidos sería mandando la Guardia Costera, que puede abordar estas embarcaciones y detener a sus tripulantes en aguas internacionales. Algunos expertos, sin embargo, ven utilidad en recurrir directamente a la fuerza militar.

El profesor James Kraska, presidente del Stockton Center for International Law del US Naval War College, dice que, si bien estos ataques militares son nuevos, la justificación no lo es. "Tren de Aragua está designado como organización terrorista, según varias leyes y órdenes ejecutivas", dice por teléfono, en referencia a la banda criminal venezolana que la Administración Trump ha designado como terrorista.

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"Si lo consideramos como un ataque contra terroristas, eso es algo que EEUU, la OTAN y los países de la Unión Europea han estado haciendo desde los atentados del 11 de septiembre de 2001", continúa Kraska. "Se considera aceptable que los grupos armados puedan representar una amenaza para los Estados y que estos puedan usar la fuerza en defensa propia. De esta manera, se está transformando la amenaza narcoterrorista para el hemisferio occidental en una amenaza terrorista. En mi opinión, se les reconoce por lo que son".

Kraska añade que Tren de Aragua "colabora con los cárteles de México y Colombia, y, por supuesto, está involucrado en asesinatos, torturas, extorsiones y asesinatos de civiles, jueces y policías". Resalta, también, el hecho de que elementos de cárteles de la droga latinoamericanos se han infiltrado en la Legión Extranjera que combate en Ucrania para aprender a manejar drones, tal y como certifica la investigación conjunta lanzada por los servicios de seguridad de Ucrania y México.

"Por lo tanto", dice Kraska, "estos grupos representan una amenaza creciente en el hemisferio occidental. La idea es que, en lugar de limitarnos a mantener una estructura militar en la región, pero con las manos atadas, se utilicen las Fuerzas Armadas para proteger a los ciudadanos y a la economía de esta amenaza".

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En el lado opuesto del espectro de opinión está Tom Nichols, que ha sido profesor de seguridad internacional en la misma universidad, US Naval War College, y ahora trabaja en The Atlantic. Nichols piensa que la manera de proceder de la Administración debilita la rendición de cuentas y puede tener serias ramificaciones.

"La ley estadounidense no permite al presidente designar a personas como terroristas y luego abrir la veda, desafiando los acuerdos internacionales y sin la intervención del Congreso", escribe Nichols. "El derecho internacional permite la intercepción de contrabando (drogas, armas, personas capturadas) en numerosas circunstancias, y los países ejecutan estas misiones legalmente a diario. Estas actividades requieren un gran cuidado para limitar el peligro para las Fuerzas Armadas y la pérdida de vidas civiles, lo que incluye identificar diligentemente las embarcaciones sospechosas, advertirles que se detengan y, en ocasiones, abordarlas para identificar y confiscar su carga".

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Nichols añade que, pocos días después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, la Casa Blanca designó a Antifa, un grupo nebuloso de extrema izquierda que no tiene una estructura clara, como organización terrorista. "Dado que ‘antifa’ no es un solo grupo con un cuartel general o líderes identificables", dice Nichols, "Trump podría intentar aplicarle la etiqueta a cualquiera que él crea que se le opone. El presidente ha declarado que puede matar a terroristas a voluntad y ha designado a muchos de sus oponentes americanos como terroristas".

Los comentarios recabados para este artículo datan de antes de que el presidente Donald Trump conminara a los altos mandos de las Fuerzas Armadas de EEUU a combatir al "enemigo interno" y a utilizar las ciudades americanas como "campo de entrenamiento de los militares". Antes de Trump, habló el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que les invitó a que se olvidaran de las reglas del combate "absurdas" y políticamente correctas".