La venganza se sirve en los tribunales: Trump está consumando su 'vendetta' contra sus enemigos pasados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está consumando la venganza que tantas veces prometió durante su campaña de 2024. El exdirector del FBI, James Comey, objeto de los ataques de Trump desde la investigación de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, y desde que le negó su lealtad personal en 2017, ha sido imputado por el Departamento de Justicia. Comey está acusado de dos supuestos delitos: falso testimonio y obstrucción a la justicia.

Para comprender la naturaleza de esta imputación por un jurado federal, hay que destacar el proceso por el que se ha llevado a cabo. El fiscal que investigó a Comey durante dos meses, Eric Siebert, del Distrito Este de Virginia, no encontró nada sustancial ni contra Comey ni contra otra adversaria del presidente, la fiscal Letitia James. Trump, que había colocado a Siebert en el puesto, lo vituperó públicamente. Y Siebert dimitió el viernes 19 de septiembre.

"¿¿¿Qué pasa con Comey, Adam ‘Shifty’ [esquivo] Schiff, Letitia???", se quejaba Donald Trump en una misiva dirigida a la fiscal general, Pam Bondi, en Truth Social, al día siguiente de la dimisión de Siebert. "No podemos retrasarlo más, esto está matando nuestra reputación y credibilidad. Me hicieron dos impeachments y me imputaron (¡cinco veces!), POR NADA. SE DEBE HACER JUSTICIA, ¡¡¡AHORA!!! ".

El lunes, Trump nombró a una antigua abogada suya, Lindsey Halligan, de 36 años, especializada en seguros y sin experiencia en acusaciones, para reemplazar a Siebert. Halligan ha tardado tres días en imputar a Comey.

TE PUEDE INTERESAR

Un juzgado de EEUU imputa al exdirector del FBI tras las presiones de Trump

EFE

El exdirector del FBI publicó un breve vídeo para expresar su confianza en que el proceso demostrará su inocencia. "No viviremos de rodillas y usted tampoco debería hacerlo", declaró Comey. "Alguien a quien quiero mucho dijo hace poco que el miedo es la herramienta de un tirano, y tiene razón, pero no tengo miedo, y espero que usted tampoco", añadió en referencia a su hija, la fiscal Maureen Comey, que el pasado julio fue despedida del Departamento de Justicia sin ninguna explicación.

El yerno de Comey, Troy Edwards, fiscal de seguridad nacional del Departamento de Justicia, dimitió este viernes. La razón aportada consta de una línea: "Para mantener mi juramento a la Constitución y al país".

TE PUEDE INTERESAR

El día después del asesinato de Kirk: la Casa Blanca dice que "desmantelará" las organizaciones de izquierda

Argemino Barro. Nueva York

La acusación formal contra Comey llega tras varios meses de amenazas a una larga lista de demócratas, entre ellos los expresidentes Joe Biden y Barack Obama, y otros adversarios de Trump, como el exconsejero de Seguridad Nacional, John Bolton. Su casa fue objeto de una redada por parte del FBI.

Casi al mismo tiempo que se anunciaba la imputación, Trump ordenaba una investigación contra las organizaciones que, según sus palabras y sin haber aportado pruebas, financian el "terrorismo de izquierdas". Adelantó dos nombres: George Soros, el magnate de 95 años cuya fundación, Open Society, es una de las principales donantes del Partido Demócrata, y Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn y, también, uno de los mecenas demócratas de bolsillos más hondos.

Trump ha mandado al FBI que dirija estas investigaciones, que contarán con el apoyo de una serie de agencias del Gobierno, incluido el Departamento del Tesoro. La semana pasada, Trump designó a "Antifa" como organización terrorista. El hecho de que este grupo es una entidad sin estructura clara, ni líderes, ni un cuartel general, ha puesto nerviosa a la izquierda. Si nadie es Antifa, ¿todos pueden serlo?

TE PUEDE INTERESAR

Errores, recortes y venganzas: Tulsi Gabbard orquesta el autosabotaje de los servicios de inteligencia de EEUU

Daniel Iriarte

El vicejefe de gabinete de Trump y su mano derecha en inmigración, Stephen Miller, dijo este mes que el Partido Demócrata es una "organización extremista doméstica". Un mensaje que ha redoblado tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. "Con Dios como testigo, utilizaremos todos los recursos a nuestra disposición (...) en este Gobierno para identificar, desmantelar y destruir estas redes y hacer que Estados Unidos vuelva a ser un lugar seguro para el pueblo estadounidense. Lo haremos, y lo haremos en nombre de Charlie".

Todas estas investigaciones estaban prácticamente aseguradas, por dos motivos. El primero, que Trump nos lo ha dicho y repetido desde que abandonó el poder, a regañadientes, en 2021. El segundo, porque Trump ha transformado el Departamento de Justicia en una especie de bufete particular. Pista: las personas que lo dirigen han sido, primero, abogados personales del presidente.

En mayo de 2024, seis meses antes de las elecciones presidenciales, la organización sin ánimo de lucro Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) publicaba las conclusiones de un análisis de los cerca de 13.000 mensajes publicados en la cuenta de Truth Social de Donald Trump entre el 1 de enero de 2023 y el 1 de abril de 2024. En este año largo, Trump había amenazado con procesar y "meter en la cárcel" a toda una retahíla de adversarios, empezando por el presidente Joe Biden, amenazado explícitamente en 25 ocasiones.

TE PUEDE INTERESAR

Más allá del caso Kirk: la normalización de la violencia política en cifras

León Vázquez Gráficos: Marta Ley

"En concreto, Trump lo ha amenazado [a Biden] con redadas del FBI, investigaciones, acusaciones e incluso penas de cárcel", dice el artículo de CREW. "Las publicaciones de Trump no deben tomarse como amenazas vacías, sino más bien como un llamado a la acción para que el Congreso establezca medidas de protección significativas contra el uso de las Fuerzas Armadas y las agencias policiales del gobierno federal como armas, antes de que sea demasiado tarde".

El Departamento de Justicia, que siempre ha operado en esa zona gris que media entre el hecho de que es un ministerio, y el hecho de que, en teoría, es una agencia independiente, ha sido cribado y dominado por la gente de Trump desde el pasado enero. Poco después de que indultara a los más de 1.500 convictos implicados en el asalto al Capitolio de 2021, comenzaron los despidos de los cientos de abogados, fiscales y especialistas que habían participado en la investigación de este incidente: la operación policial y judicial más amplia de la historia de Estados Unidos.

Al frente del departamento, Trump colocó a Pam Bondi, fiscal de Florida que, como el resto de ministros, pasó la prueba del algodón: decir que Trump ganó las elecciones de 2020. Inmediatamente por debajo de Bondi, Trump ha puesto a sus abogados personales. El número dos de Bondi es Todd Blanche, que llevó la defensa de Trump en el único proceso judicial contra Trump que llegó a fruición, en Nueva York; el fiscal adjunto es Emil Bove, que trabajó con Blanche defendiendo a Trump; Alina Habba, John Sauer y, ahora, Lindsey Halligan, también han pasado directamente de estar en nómina de Trump a estar en nómina del Gobierno,