Cómo una aerolínea prácticamente acabada nada ahora en oro gracias a Trump

Trump anuncia a bombo y platillo sus decisiones de poner en la frontera a decenas de miles de inmigrantes ilegales, pero eso, además de un impacto social y electoral, tiene detrás un alto coste financiero. "Me encanta el olor de las deportaciones en la mañana", publicaba recientemente el mandatario en sus redes sociales replicando el póster y la famosa frase de la película Apocalypse Now del coronel Bill Kilgore. En el film los helicópteros sobrevolaban Vietnam, ahora la Casa Blanca pretende que sobrevuelen Chicago.

La decisión de Trump de limpiar el país de inmigrantes ilegales, votada y apoyada ampliamente por el votante estadounidense, necesita inversiones, y algunas empresas relacionadas con las deportaciones acceden a jugosos contratos con el Gobierno que no siempre son fáciles de rastrear.

Especialmente beneficiada en este sentido es la compañía aérea de Alburqueque, CSI Aviation. Una empresa de vuelos chárter clave en la complicada maquinaria que supone expulsar a un inmigrante. El Financial Times, recientemente, ha publicado un extenso reportaje, titulado "El auge del negocio de los vuelos de deportación de Trump". El texto ejemplifica cómo una joven ecuatoriana de 24 años detenida en Nueva Jersey necesitó tomar seis vuelos internos por EEUU, entre los diversos centros de detención en los que era asignada, antes de tomar un último vuelo de regreso a su patria. Ese ejemplo sucede con decenas de miles de detenidos.

CSI Aviation es la encargada de ordenar esos vuelos. La sociedad tiene diversos contratos firmados con el Gobierno para recolocar a los reclusos. En muchos casos trabajan con subcontratas. "Los vuelos de deportación, y la controversia que generan, no son nada nuevo. En la actualidad, la agencia tiene un contrato con un intermediario, CSI Aviation, que a su vez contrata a varias aerolíneas chárter para realizar los vuelos. Aproximadamente 12 aviones están estacionados en todo el país para que el ICE los utilice a diario, y realizan entre 60 y 70 misiones a nivel mundial cada semana", publicaba el Wall Street Journal el pasado abril.

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Una de las subcontratas de CSI es una pequeña compañía de vuelos charter, Avelo. La empresa está reenfocando el negocio que tenía de llevar a profesionales o jubilados millonarios de la Costa Este y Oeste a jugar al golf en Florida, a dedicarse al lucrativo negocio de las deportaciones. "La mayor parte del tiempo, la aerolínea emergente Avelo ofrece servicios de bajo coste desde lugares como Connecticut, California y Florida. A partir del mes que viene, tres aviones de Avelo comenzarán a volar desde Mesa, Arizona. Pintados completamente de blanco y sin logotipos, los aviones están destinados a transportar a migrantes a centros de detención dentro de los Estados Unidos y en vuelos que los deportan fuera del país", explica el WSJ.

El problema es que muchos de los mejores clientes de esta compañía son personas liberales, contrarias a esta política migratoria, y la empresa está enfrentando críticas e incluso campañas de boicot para que se cancelen algunas ayudas que reciben en estados gobernados por los demócratas. "Somos conscientes de que se trata de un tema delicado y complicado. Tras deliberar detenidamente, hemos llegado a la conclusión de que estos vuelos chárter nos proporcionarán la estabilidad necesaria para seguir ampliando nuestro servicio regular de pasajeros y mantener el empleo de nuestros más de 1100 tripulantes durante los próximos años. También realizamos estos vuelos chárter bajo la administración Biden. Independientemente de la administración o la afiliación política, como aerolínea de bandera de los Estados Unidos, cuando nuestro país nos llama y solicita ayuda, nuestra práctica es decir sí", ha manifestado en un comunicado Andrew Levy, director de la compañía.

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Y ahora llama más que nunca. Las deportaciones "made in Trump" siguen creciendo, pero la información de cómo se producen, y bajo qué licencias y contratos, no están en ocasiones claras. Se trata de contratos y subcontratos donde lo único corroborable es que los aviones despegan de Estados Unidos para acabar en Honduras, Perú o India. Hay cuentas en X como la recientemente creada ICE Flight Monitor que se dedican a rastrear algunos de estos vuelos que hacen escalas en diversos países.

Todo eso supone un enorme esfuerzo económico. El coste de deportar inmigrantes es complicado de calcular, pero la CBS hizo una estimación entre 2021 y 2023 y estimó en 20.000 dólares el gasto por cada persona expulsada. La ONG American Immigration Council señalaba en 2024 que una deportación masiva de los estimados 11 millones de personas que viven en Estados Unidos costaría unos 315.000 millones de dólares. El informe señalaba también que muchos de esos deportados son dueños de casas y están integrados perfectamente en el mercado laboral, por lo que su expulsión supondría también la pérdida de "entre un 4,2 y un 6,8 % del PIB del país".

Esas cifras explican el anuncio que el pasado mes de mayo hizo la Casa Blanca de pagar 1.000 dólares más el vuelo a las inmigrantes sin papeles que se autodeportaran. "La autodeportación es la mejor manera, la más segura y la más rentable de salir de Estados Unidos para evitar el arresto", dijo entonces la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

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Por ahora, bajo la actual Administración se ha expulsado de EEUU hasta agosto de 2025 a alrededor de 350.000 personas. En todo 2024, el ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, expulsó a 271.000 personas. La Casa Blanca quiere alcanzar el objetivo de 3000 deportaciones diarias, una cifra que requiere una capacidad aérea de transporte y de hospedaje de inmigrantes que hoy no existe. Entre 2025 y 2029, el ICE contará con un presupuesto de 75.000 millones de dólares (45.000 para detenciones y 30.000 para la logística de las expulsiones). En 2024, esa misma partida contaba con un presupuesto anual de 9000 millones. En 2021, fue de 7.900.

Centros de detención

El proceso de deportar a una persona es largo. Hay un procedimiento legal, que no siempre se practica, para garantizar que el inmigrante indocumentado salga bajo debido proceso. Eso supone semanas o meses en los que los detenidos deben permanecer en centros de reclusión.

Trump, al que le gusta publicitar sus decisiones, ha decidido ampliar o crear nuevos centros de detención. El más famoso fue el bautizado como Aligator Alcatraz, en Florida, con capacidad para 2000 personas y ampliable a 5000. El centro, del que Trump bromeaba que nadie saldría o sería devorado por los reptiles, acaba de recibir una orden de cierre casi total de sus instalaciones por parte de un juez. A la Casa Blanca le pareció fantástico encerrar inmigrantes rodeados de aligátores, pero a un magistrado le ha parecido que poner una prisión en una zona Patrimonio Natural de la Humanidad no es la mejor idea para conservar a los reptiles.

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Hay en todo caso en Louisiana, Nebraska, Texas…planes de apertura de nuevos recintos o ampliaciones de algunos ya existentes. De todos ellos, llama la atención uno. La Casa Blanca adjudicó un contrato de 1.260 millones de dólares para un nuevo centro en Texas a una pequeña y desconocida empresa sin ninguna experiencia previa en la gestión de prisiones. "Entregó el proyecto en una base militar a Acquisition Logistics LLC, una pequeña empresa que no tiene experiencia demostrada en la gestión de centros penitenciarios y que nunca había ganado un contrato federal por valor de más de 16 millones de dólares. La empresa tampoco tiene una página web operativa y figura como domicilio una modesta vivienda en las afueras de Virginia, propiedad de un oficial de vuelo retirado de la Marina de 77 años", publica AP.

El proyecto, un enorme campamento con capacidad para 5000 personas recluidas en tiendas de campaña que se levantará dentro de la base militar de Fort Bliss, debería entrar en funcionamiento en 2027. Llama la atención que la empresa que ha recibido semejante encargo cuenta en la actualidad con solo 39 trabajadores, según consta en Zoominfo.

En el contrato federal, además, figura una cláusula que impide a Acquisition Logistics LLC responder a cualquier llamada de miembros del Congreso o medios de comunicación sin la aprobación previa del ICE sobre lo que ocurra en el nuevo campamento y en su gestión.

Opinión

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El ejemplo de Fort Bliss parece que puede replicarse. Las políticas de deportación masivas de Trump necesitan de una infraestructura que en muchas ocasiones se adapta o improvisa. Muchas cárceles de condado están siendo ahora "arrendadas" para albergar a muchos de los detenidos del ICE. "Con un número récord de detenciones, las cárceles han demostrado ser una forma rápida y conveniente para que el ICE amplíe su capacidad de detención más allá de las instalaciones federales y privadas existentes. Muchos sheriffs están deseosos de colaborar con los planes de deportación masiva de Trump —y de reforzar sus presupuestos— ofreciendo sus camas", señala el New York Times.

En realidad, esta es una práctica que ya usaban anteriores administraciones, pero que en el actual panorama se está multiplicando y no siempre es rentable. Hay sheriffs como Joe Kennedy, del condado de Dubuque, en Iowa, que ha decidido que no le renta más cooperar con el ICE y prestar sus prisiones para recluir extranjeros indocumentados por el millón anual de dólares que tenía en el contrato. Sus agentes ocupaban parte de su jornada en trasladar inmigrantes, llevarlos a las audiencias judiciales, aeropuertos, y además los detenidos ocupaban las celdas de las prisiones: "No tiene sentido que aceptemos reclusos de otras agencias y luego enviemos a los nuestros fuera por falta de espacio", ha dicho Kennedy en un comunicado.

El cóctel para poder gestionar los millones de deportaciones que se pretenden realizar necesita por tanto de recursos públicos y privados. Las empresas de gestión de cárceles privadas, como GEO Group y CoreCivic, también se han visto beneficiadas por las nuevas políticas migratorias. En el segundo trimestre de 2025, respecto a 2024, la primera aumentó sus ingresos por encima del 5% y la segunda un 9,8%.

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Las previsiones son que todas estas empresas relacionadas con las deportaciones van a aumentar mucho su facturación en los próximos años bajo la Administración Trump y su enorme aumento de partidas en este campo. Subirán mucho las camas destinadas a detenidos y las plazas en vuelos adaptados a las expulsiones. La deportación es un gigantesco y rentable negocio por explotar.