"Dios me pide estar del lado de Israel": las procelosas aguas de la lucha judicial para frenar a Netanyahu

La imagen de Julia Sebutinde, togada y solemne en el estrado de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), contrasta con las palabras que pronunció este verano en una iglesia evangélica de Kampala: "El Señor cuenta conmigo para estar del lado de Israel. Todo el mundo estaba en contra de Israel, incluido mi país".

La frase, que desató una tormenta política y jurídica, no la pronunció una fiel más, sino la vicepresidenta del máximo tribunal de la ONU, encargado de velar por el respeto al derecho internacional. A sus votos disidentes en los casos sobre Gaza se suman acusaciones de plagio y el distanciamiento de su propio país, en un cóctel que ha llevado a cuestionar su imparcialidad dentro de la Corte.

Desde enero de 2024, cuando la CIJ dictó medidas cautelares contra Israel por considerar "plausible" que pudiera estar cometiendo un genocidio en Gaza, Sebutinde ha votado siempre en contra de decisiones que podían poner bajo presión a Benjamín Netanyahu.

Lo hizo en ese fallo inicial que exigía "pasos inmediatos y efectivos" para evitar una limpieza étnica de los palestinos; en la orden de suspender la ofensiva sobre Rafah en mayo; así como en la opinión consultiva de julio del año pasado que declaró ilegal la ocupación israelí de los territorios palestinos. En todas ellas se quedó sola, a contracorriente de la mayoría. La magistrada ugandesa fue incluso más radical que el propio juez israelí, Aharon Barak, que al menos apoyó la orden de entrada de ayuda humanitaria a Gaza.

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Muchos vieron esos votos en contra en el contexto del derecho de un magistrado a estar en desacuerdo con argumentos legales. Pero todo empezó a sonar extraño cuando Sebutinde, en un acto religioso en Kampala este mes, afirmó que "el Señor cuenta conmigo para estar del lado de Israel" y que la guerra en Gaza era, en su "firme convicción", una señal de los "Tiempos del Fin" anunciados en la Biblia. Sus palabras, pronunciadas desde el púlpito de la iglesia Watoto, van mucho más allá de una simple convicción personal: sitúan a la vicepresidenta de la CIJ en el terreno de la profecía religiosa, en un momento en el que el tribunal examina si Israel está cometiendo genocidio en Palestina.

La prensa ugandesa se ha hecho eco de estas polémicas declaraciones, asegurando que son reales y causando una tormenta en La Haya, sede del tribunal. Sebutinde habló en estos términos durante la presentación de un nuevo ministerio para mayores de 55 años, llamado Golden Legacy, del que forma parte. "Quiero estar en el lado correcto de la historia. Estoy convencida de que el tiempo se acaba. Les animaría a seguir lo que ocurre en Israel. Me siento honrada de que Dios me haya permitido ser parte de los últimos días", le dijo a su público, comparando la situación con los acontecimientos previos al retorno físico de Jesucristo, según lo profetizado en la Biblia.

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¿Misión divina o derecho internacional?

Sebutinde, que también ejerció como presidenta interina del tribunal, no es una figura menor: ha presidido audiencias, coordinado trabajos entre magistrados y, en caso de empate, su voto podía ser decisivo. De ahí que expertos en derecho internacional alerten de que hablar de "misión divina" o de "estar del lado de Israel" mina la imparcialidad de la Corte y alimenta a quienes la acusan de politización.

Desde Ginebra, la Comisión Internacional de Juristas envió una comunicación formal al presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa, instándole a investigar las declaraciones de Sebutinde y, en lo posible, apartarla de las audiencias del caso Sudáfrica contra Israel. La misiva argumenta que sus comentarios constituyen "una apariencia de parcialidad" incompatible con los principios de independencia judicial de la ONU. No era la primera vez que Sebutinde expresaba esa visión: en su voto disidente de enero de 2024 ya había sostenido que "la disputa entre Israel y el pueblo de Palestina es esencial e históricamente política, no es una disputa jurídica susceptible de resolución judicial por la Corte".

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Nacida en Entebbe en 1954, formada en Makerere (Kampala) y en la Universidad de Edimburgo, Sebutinde fue la primera mujer africana en entrar en la CIJ en 2012. Revalidó mandato en 2021 y en febrero de 2024 fue elegida vicepresidenta del tribunal. En Uganda se la considera un símbolo de emancipación femenina, pero también una figura abrasiva, con fama de dura y polémica desde que presidió comisiones de investigación contra la policía y el ejército en los años noventa.

Su trayectoria internacional arrancó en el Tribunal Especial para Sierra Leona, donde juzgó al expresidente liberiano Charles Taylor. Desde entonces, su estilo frontal le ha valido tantos apoyos como detractores.

Lo que más críticas está recibiendo es la mezcla de convicciones religiosas con su papel judicial: el sentido de moralidad o justicia de un juez podría estar impulsado por su religión, pero las decisiones judiciales deben estar justificadas dentro de los límites de la ley, que es reconocida y pública, subrayó a MEE Mike Becker, profesor en el Trinity College de Dublín y exfuncionario del tribunal. El artículo 38 del Estatuto del tribunal enumera las fuentes del derecho internacional: tratados, costumbre, principios generales, jurisprudencia… "desde luego no la palabra de Dios", asevera.

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El Gobierno de Uganda también se ha apresurado a marcar distancias ya desde el año pasado: "El fallo de la jueza Sebutinde no representa la posición de Uganda sobre Palestina", escribió su embajador ante la ONU, Adonia Ayebare. Kampala, de hecho, se colocó en la cumbre del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) con los Estados que pedían un alto el fuego y ayuda humanitaria urgente en Gaza.

El escándalo del plagio

Pero estas declaraciones religiosas terminan de erosionar el prestigio de Sebutinde, que ya había visto dañada su imagen por un escándalo de plagio. Varios investigadores detectaron que al menos un 30% de su voto disidente del 19 de julio de 2024 reproducía párrafos de fuentes proisraelíes, artículos de opinión en prensa estadounidense y británica, la Jewish Virtual Library e incluso entradas de Wikipedia. El problema no es solo la falta de referencias, sino también la fiabilidad de las fuentes: una opinión judicial no puede basarse en materiales que no forman parte del expediente, porque priva a las partes de la posibilidad de refutarlos.

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¿Corre riesgo de ser apartada de los casos sobre Israel? En teoría sí, en la práctica no. Formalmente, los jueces de la CIJ sólo pueden ser destituidos por unanimidad de sus colegas, algo que nunca ha ocurrido. El presidente del tribunal podría invitarla a recusarse en casos relativos a Israel, pero tampoco hay precedentes. Y no está claro que la Corte quiera abrir una caja de Pandora que causará que después se cuestione a otros magistrados.

Y con esta sucesión de escándalos, Sebutinde ha logrado lo que pocos jueces de una Corte tan solemne consiguen: situar a la CIJ bajo un foco incómodo, cuando más falta hacía proyectar autoridad e imparcialidad en el tribunal que decide sobre el derecho y la paz en tiempos de guerra. A sus 71 años, y en su segundo y último mandato de nueve años en La Haya, hoy su nombre aparece asociado a votos solitarios, declaraciones religiosas, plagio y polémicas. Para unos, encarna la independencia radical frente al consenso. Para otros, representa la confusión entre fe personal y derecho internacional.

Estados Unidos e Israel hacen sangrar a La Haya

En la misma ciudad donde se sienta la CIJ, también la Corte Penal Internacional (CPI) libra su propia batalla. Este tribunal independiente, con 125 Estados parte, fue el primero en atreverse a dictar órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro Yoav Gallant. Pero lo que parecía un hito histórico se convirtió pronto en un frente de batalla lleno de obstáculos.

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Los Estados Unidos de Donald Trump respondió con sanciones que paralizaron de facto parte del funcionamiento de la CPI: congelación de activos y cuentas bancarias, prohibición de viajes y restricciones financieras que afectaron incluso a operaciones básicas, como pagar nóminas o hipotecas. Muchos bancos europeos se negaron a operar por miedo a violar sanciones secundarias. Washington alegó que la Corte había "sobrepasado sus competencias" y tomado decisiones que afectan directamente a sus aliados.

A esa presión se sumaron amenazas más inquietantes. Según varias revelaciones, incluso de abogados que decidieron dejar la Corte por no soportar la presión, el Mossad habría advertido al fiscal de la CPI, Karim Khan, de que debía abandonar el caso "o sería destruido". En La Haya, funcionarios del tribunal aseguran que se sienten vigilados y que los servicios de inteligencia israelíes operan abiertamente en la ciudad. Un clima de intimidación que recuerda a la Guerra Fría, pero que ahora se dirige contra jueces y fiscales de un tribunal internacional independiente.

Khan, sin embargo, hizo caso omiso a esas amenazas y a los augurios de consecuencias graves, y solicitó esas órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant. Desde entonces, le persiguen escándalos nada fáciles de confirmar o refutar, y él se ha visto obligado a apartarse de sus funciones tras varias acusaciones de acoso sexual. Una empleada del tribunal lo acusó de tocamientos y proposiciones no deseadas, y días después salió a la luz un segundo testimonio que apuntaba a incidentes similares ocurridos hace más de una década. Khan lo ha negado todo, pero su credibilidad está en entredicho y el vacío de poder en la Fiscalía añade más incertidumbre a un proceso ya de por sí frágil.

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Entre sanciones, amenazas y escándalos internos, el caso contra Netanyahu se libra en condiciones extremas. Para muchos, se trata de una "tormenta perfecta" que no solo complica el trabajo de los jueces y fiscales, sino que erosiona la confianza internacional en la justicia. Grandes potencias que respaldaron al tribunal en casos como el de Rusia, como hizo Estados Unidos, actúan contra él, mientras Israel califica las órdenes de arresto de "antisemitas" y "nulas de derecho".

El resultado es un escenario de amenaza vital a la CPI: nunca la justicia internacional había estado tan en el centro del debate público, y nunca había parecido tan vulnerable. Lo que ocurra con Netanyahu marcará un precedente: si un primer ministro en ejercicio logra esquivar la acción de un tribunal global gracias a sanciones, presiones y maniobras políticas, será difícil convencer al mundo de que La Haya sigue siendo un espacio donde la ley está por encima del poder.