La cacareada 'predictibilidad' del pacto UE-EEUU estalla con un tuit de Trump

El acuerdo de Escocia, el pacto que cerraron Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, por el que la UE aceptaba aranceles generales del 15% para evitar una guerra comercial, un acuerdo que muchos tildaron de humillante, tenía una única cualidad indiscutida: daba predictibilidad. Se podría discutir si era preferible eso o la incertidumbre que habría generado que no hubiera acuerdo, pero nadie discutía que, al menos por el momento, los exportadores europeos recibían un horizonte más o menos claro de a qué atenerse.

Esa precaria predictibilidad era, además de raquítica, frágil. Y se ha demostrado en las últimas horas. Un solo mensaje en redes sociales por parte Trump ha sido suficiente para poner en duda ese elemento central del acuerdo de Escocia. El pasado lunes por la noche, el presidente de Estados Unidos amenazó con imponer aranceles a aquellos países o bloques, como es la Unión Europea, que tengan en marcha leyes, contenidos o mercados digitales, dos dardos dirigidos evidentemente al club comunitario, que hace poco ha comenzado a aplicar sus dos novedosas regulaciones en este ámbito. La Ley de Mercados Digitales (DMA), que sirve para regular la competencia en el ámbito de las grandes tecnológicas, y la Ley de Servicios Digitales (DSA), que hace a las plataformas más responsables respecto a los contenidos que diseminan cuando estos son ilegales.

Es una vieja obsesión de la administración estadounidense, que lo ha puesto sistemáticamente sobre la mesa. El equipo comandado por Howard Lutnick, secretario de Comercio, y Jamieson Greer, representante de Comercio estadounidense, ha insistido en numerosas ocasiones en ello. El lado europeo siempre ha subrayado que se trata de una línea roja, y que nunca van a aceptar que EEUU les imponga cómo aplicar la legislación acordada en Europa. Este martes, respondiendo al mensaje de Trump, Paula Pinho, portavoz del Ejecutivo comunitario, ha vuelto a insistir en lo mismo. "Es el derecho soberano de la Unión Europea y sus Estados miembros regular las actividades económicas", ha explicado la portuguesa.

En público, la Comisión evita cualquier comentario que pueda hacer ver que los mensajes de Trump desestabilizan la relación, preocupados de la respuesta que puede generar en los mercados y en las compañías la imagen de un nuevo choque. También reacciona con calma a la información, publicada por la agencia Reuters, de que la administración de EEUU podría imponer sanciones contra funcionarios y políticos europeos que estén involucrados en la aplicación de la DSA y la DMA.

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Pero en privado hay preocupación, tanto por las posibles consecuencias de las amenazas de Trump si se materializan, como por las derivadas políticas de la zozobra que genera en Bruselas un mensaje del presidente americano. Hasta ahora, se podía acusar políticamente a la Comisión de haber cerrado un acuerdo muy costoso sobre una base muy poco estable, pero en las últimas horas ha quedado demostrado.

También ante las cámaras, la Comisión Europea ha insistido en que el acuerdo de Escocia no cubría las cuestiones tecnológicas, que son dos cuestiones diferentes. Y es cierto que el pacto no abordaba la cuestión directamente. De hecho, el Ejecutivo comunitario siempre insistió que, en contra de lo que Washington aseguraba, la aplicación de la DSA y la DMA no formaban parte de la negociación. Las amenazas de Trump ahora vendrían a confirmar a ojos de los implicados por el lado europeo de la negociación de que la Comisión Europea decía la verdad entonces.

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Pero en privado la teoría es distinta. El acuerdo sí que cubría esta cuestión, aunque fuera políticamente. Se entendía que había una tregua más o menos amplia. De hecho, la propia Von der Leyen lo aseguraba en una tribuna publicada esta semana en varios medios europeos: "Nuestras normas se mantienen intactas. Somos nosotros quienes decidimos la mejor manera de salvaguardar la seguridad alimentaria, proteger a los ciudadanos europeos en línea y garantizar su salud y seguridad. Este acuerdo protege nuestros valores a la vez que promueve nuestros intereses".

¿Una nueva tanda de aranceles?

La demostración de la debilidad del acuerdo está en que ahora la Comisión Europea se encuentra en una tensa espera, observando qué ocurre a continuación. Si finalmente se tratan de sanciones contra funcionarios y políticos individuales, como ha señalado Reuters, lo que implicaría una congelación de visados, la situación sería más fácil de capear para Bruselas. Sí, sería una enorme afrenta, pero sería política. La Comisión podría salvar su honor con una declaración de palabras fuertes y esperar a que la cosa se olvide. Si, en cambio, Trump aplica aranceles como represalia, entonces las cosas se complicarán mucho más.

Eso pondría a la Comisión entre la espada y la pared. Técnicamente, siempre que hay aranceles injustificados hay una respuesta, una ‘contramedida’. El acuerdo de Escocia viene a desmontar esa teoría, aceptando un arancel general del 15% por el lado de EEUU no solamente sin represalias en forma de gravámenes comerciales por el lado europeo, sino con el compromiso de la Comisión de invertir en el país y de impulsar la adquisición de material militar estadounidense. Pero se basaba en la asunción de que no habría nuevos aranceles.

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Una nueva tanda de aranceles no solamente dejaría en evidencia el acuerdo de Escocia, pondría a Bruselas ante el dilema de responder con contramedidas, y por lo tanto asumir que ese pacto volará por los aires, o no hacer nada y seguir acumulando cesiones ante Washington. En el Ejecutivo comunitario saben que en el Consejo, donde están representados los Estados miembros, hay algunos países que tienen cuentas pendientes con su estrategia negociadora. Francia, por ejemplo, considera que la Comisión ha sido demasiado débil en su negociación con Trump, que había que demostrar fuerza en vez de hacer cesiones, y se sienten reivindicados por lo ocurrido en las últimas horas, que va a la línea de flotación de toda la hoja de ruta de Von der Leyen.