¿Utilizar los hoteles para solicitantes de asilo? En UK han iniciado una batalla legal para evitarlo

Los 138 inmigrantes varones residentes en el Hotel Bell deberán abandonar sus habitaciones antes de las 16:00 horas del 12 de septiembre. El hotel está situado en Epping Forest, una pequeña ciudad al norte de Londres. Como muchas otras, se había convertido en emplazamiento para ubicar a solicitantes de asilo por orden del gobierno. Sin embargo, el ayuntamiento de este enclave de apenas 12.000 habitantes ha ganado una batalla legal con importante efecto dominó.

Un fallo histórico del Tribunal Superior ha tirado la primera pieza y ahora todo puede desmoronarse, dejando en la calle a más de 30.000 personas llegadas de manera ilegal al país, lo que crea un verdadero problema para el Ejecutivo del laborista Keir Starmer, cuya obligación legal es darles cobijo mientras se examinan sus casos.

Miles de personas llevaban semanas manifestándose en las inmediaciones del hotel —con muchas de las protestas organizadas por grupos de extrema derecha— después de que uno de los inmigrantes fuera acusado de agredir sexualmente a una niña de 14 años en la localidad.

El ayuntamiento acudió a los tribunales. Y aunque el juez desestimó su argumento de que alojar a solicitantes de asilo "representa un claro riesgo de agravar aún más las tensiones comunitarias", sí dio la razón al municipio cuando alegó una infracción de la ley de planificación urbanística al cambiarse el uso del terreno. Este aspecto más técnico es el resquicio que podría crear ahora un dilema a Downing Street con la política migratoria, una de las principales preocupaciones para el electorado.

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Docenas de ayuntamientos de toda Inglaterra están preparando recursos legales para seguir los mismos pasos, por lo que los abogados del gobierno ya han advertido que la capacidad para alojar a solicitantes de asilo puede verse "sustancialmente afectada".

Fue el anterior gobierno conservador —que en 2024 puso fin a catorce años de poder— el que inició esta opción de alojamiento debido a la acumulación de solicitudes de asilo, la escasez de viviendas y el aumento de los precios de los alquileres. Desde el inicio supuso un conflicto habitual en las calles. Pero ahora todo ha explotado con grandes manifestaciones que durante los últimos días se repiten en varios puntos del país.

El alcalde conservador Chris Whitbread ha calificado el uso del hotel para solicitantes de asilo de "totalmente inadecuado"

El gobierno de Starmer ha prometido eliminar el uso de hoteles para alojar a los solicitantes de asilo para 2029, comprometiéndose a reducir la llegada de pateras y construyendo nuevos alojamientos públicos. Pero Enver Solomon, director ejecutivo del Consejo para los Refugiados, considera que la situación "es ya completamente insostenible" y no se puede esperar más tiempo.

El Hotel Bell de Epping se convirtió el pasado mes de abril en residencia de inmigrantes por encargo del ministerio del Interior. El ayuntamiento, controlado por el Partido Conservador, sostenía que ello constituyó un "cambio sustancial de uso" y que el propietario del hotel debería solicitar permiso de obras para convertirlo en albergue. Los propietarios, siguiendo el consejo del gobierno, discrepaban. Dado que la línea entre un hotel y un albergue es muy fina, corresponde a un tribunal decidir, en términos legales, la "ponderación de conveniencia".

Y el pasado 19 de agosto, un juez del Tribunal Superior, falló a favor del consistorio otorgando una orden judicial provisional, que el gobierno quiere apelar. Estará vigente hasta que se dicte sentencia definitiva en otoño, cuando se analizará el fondo del caso con mayor detenimiento. En cualquier caso, los inmigrantes deben abandonar sus habitaciones en septiembre.

Desalojo obligatorio

Según los expertos, el juez citó varios factores que son "fácilmente trasladables a otras situaciones". En primer lugar, que el ayuntamiento advirtió a los propietarios en 2020 de que alojar a solicitantes de asilo constituía, en su opinión, un cambio de uso. En segundo lugar, el juez afirmó que la decisión del propietario de no solicitar el permiso de obra "evitó el escrutinio público y las explicaciones que de otro modo se habrían llevado a cabo". Finalmente, el juez consideró que los fundamentos del caso eran sólidos.

Antes de que se dictara el fallo, el juez denegó una solicitud de última hora de la ministra del Interior para intervenir. El abogado de la ministra argumentó que un fallo a favor del ayuntamiento tendría un impacto sustancial en su obligación legal de alojar a los solicitantes de asilo mientras se examinan sus casos, entre otras preocupaciones. Sin embargo, el juez declaró que la intervención era innecesaria y que solo consumiría tiempo judicial.

El hotel podría solicitar ahora el permiso de obras, pero la postura del ayuntamiento es clarísima: el alcalde conservador Chris Whitbread ha calificado el uso del hotel para solicitantes de asilo de "totalmente inadecuado".

Esto se debe, en parte, a que el 8 de julio un etíope de 41 años, residente del hotel, fue arrestado tras intentar besar presuntamente a una niña de 14 años en la calle principal, cargos que él niega. Por otra parte, un segundo hombre de nacionalidad siria, ha sido acusado por separado de siete delitos, mientras que varios hombres han sido acusados por presuntos desórdenes públicos.

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Manifestantes, algunos de ellos violentos, se congregaron frente al hotel durante varias semanas. Y en este sentido, la orden cautelar del juez Eyre admite que "las manifestaciones legales" han provocado "un importante grado de disrupción en las vidas de los vecinos de la zona".

El caso ha dado munición a Nigel Farage, líder de la formación de derecha radical Reform UK, a quien las encuestas le dan más popularidad que al premier Keir Starmer. El populista ha adelantado que los municipios de su formación —quien se convirtió en gran protagonista en las últimas locales— harán todo lo posible para cerrar los hoteles con inmigrantes. La gran mayoría de los ayuntamientos que estudian ahora acciones legales son de la oposición, aunque también hay laboristas. Sin embargo, no todos son responsables de los permisos de obra, lo que podría limitar su capacidad.

Chris Philp, portavoz de Interior en la oposición conservadora, ha dicho que acogería con agrado que otros ayuntamientos hicieran lo mismo que Epping. Sin embargo, la última encuesta de YouGov revela que la mayoría de los británicos culpan a la anterior administración tory, en lugar del actual ejecutivo laborista, de la actual situación.

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Pese a que el mayor lema del Brexit fue el de "recuperar el control de las fronteras", la inmigración no solo ha disminuido, sino que ha aumentado. Los migrantes en pateras, la fuente más visible de nuevos solicitantes de asilo, se ha incrementado un 50% durante el último año, hasta alcanzar los 45.000, y es probable que pronto alcancen un máximo anual histórico.

El número de solicitantes de asilo alojados en hoteles ha aumentado un 8%, hasta alcanzar los 32.059, en el último año, con un coste de 2.100 millones de libras. Aunque el actual gobierno laborista está tramitando las solicitudes con mayor rapidez que la anterior administración conservadora, con 71.000 casos pendientes de aprobación, correspondientes a 91.000 personas, en comparación con los 134.000 de hace dos años.Las últimas cifras oficiales, publicadas el pasado jueves como parte de las estadísticas trimestrales habituales sobre inmigración, abarcan el primer año de mandato del Partido Laborista.

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Por primera vez en cuatro años, el número de solicitudes de asilo pendientes ha descendido por debajo de las 100.000 personas. Actualmente, la cifra supera los 70.000 casos, que afectan a casi 91.000 personas, lo que supone una reducción del 18 % con respecto al año anterior y su nivel más bajo desde septiembre de 2021.

En los últimos doce meses, se han expulsado a 9.100 personas, un 25 % más que el año anterior. Más de la mitad eran extranjeros que habían cometido delitos y que estaban siendo deportados al cumplir condena.