El exilio de 'Papá Pitufo': la historia del enemigo número 1 de Colombia, Portugal y España

"Claro que debía perseguirlo, es un gran criminal”, escribió Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la red social X, el 9 de junio, cuando un fallo del Tribunal Supremo de Justicia concedió la libertad a Diego Buitrago Marín, tras una solicitud de asilo en Portugal. Está acusado de liderar la mayor red de contrabando de Colombia, con la “introducción ilegal de cigarrillos, alcohol, textiles, cerámica y calzado provenientes de los puertos de Cartagena, Buenaventura, Bogotá DC y Cali” y de sobornar a funcionarios públicos — muchos de ellos, según consta en el proceso consultado por El Confidencial.

“Papá Pitufo” se convirtió en el enemigo nº 1 del presidente de Colombia, quien solicitó la intervención del primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, y del presidente de España, Pedro Sánchez, para la extradición del contrabandista desde la Península Ibérica a Colombia, según la tesis de defensa de Parente Ribeiro, su abogado en Portugal.

El nombre Buitrago resuena desde hace más de 40 años en el bajo-mundo latinoamericano. Originario de Caldas, región central de Colombia, empezó a trabajar en depósitos aduaneros a los 12 años, en 1975. Llegando a ser director de exportación de la firma “Aduana y Cia.”, dedicada al comercio de productos de Estados Unidos para Colombia, particularmente de electrodomésticos.

Las primeras sospechas surgieron en 1993. La Fiscalía General de la Nación de Colombia inició varios procesos penales contra Buitrago que fueron archivados. Fue investigado por lavado de dinero para los hermanos del cartel de Cali, Miguel y Gilberto Orejuela, rivales de Pablo Escobar, según la prensa colombiana. “El contrabando es la otra cara del narcotráfico.

"La forma en que la cocaína exportada se convierte en pesos colombianos es a través del contrabando”, escribió Gustavo Petro en X. El negocio siguió expandiéndose, entre 2008 y 2011 la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia le incautó mercancía valorada en más de 15 millones de dólares, según publicó el diario El Espectador.

“Soborna a varios funcionarios públicos”

En marzo de 2024 se lanzó una macro-operación policial en Colombia. Varios de sus cómplices fueron detenidos, entre ellos Juan Barrera, alias “Pacho o Millos”, que denunció a Buitrago tras un acuerdo con la Fiscalía, que lo consideró el líder de la mayor red de contrabando del país: “Soborna a varios funcionarios públicos para controlar la entrada ilegal de mercancías”, se lee en la información enviada a Portugal por las autoridades colombianas.

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Con ciudadanía española desde 2009, cuando la situación se complicó en América Latina, el “zar del contrabando” huyó a la Península Ibérica. Una orden de captura internacional llevó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a detenerlo en Valencia, en el sur de España, en abril de 2024, un mes después de la detención de los demás cabecillas de la red.

Gustavo Petro pidió a Pedro Sánchez ayuda para la captura y extradición del presunto contrabandista, pero los tribunales españoles le permitieron esperar en libertad el resultado del proceso de extradición. Se le obligó a presentarse cada 15 días en una comisaría y se le prohibió viajar al extranjero sin autorización.

Buitrago huyó de España a Portugal, cruzando la frontera terrestre en el norte del país. Solicitó Protección Internacional a la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo (AIMA), que fue considerada infundada tras dos semanas. “El desplazamiento a Portugal no es una fuga; se debió a amenazas telefónicas recibidas cuando se encontraba en territorio español”, alegó la defensa del supuesto contrabandista.

Captura y libertad en Portugal

Fue detenido por la Policía Judicial portuguesa en diciembre de 2024. El caso pasó al Tribunal de Apelación de Oporto. En enero de 2025, la República de Colombia solicitó al Estado portugués su extradición. Una orden de la ministra de Justicia consideró “admisible” la solicitud.

Según la legislación portuguesa, está acusado de contrabando, asociación criminal y corrupción activa. De acuerdo con la información enviada por la Fiscalía colombiana, la mercancía ilegal era “transportada y distribuida en Colombia, Venezuela y Ecuador”, lo que implicaba sobornos a altos mandos del Estado, funcionarios públicos, policías, generales e incluso la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. La red criminal operaba con nóminas, como una empresa, sostiene la acusación.

Los sobornos habrían engrasado las manos de mayores y coroneles de la Policía Nacional de Colombia, del secretario privado de la Dirección de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera, de agentes aduaneros y de oficiales activos y exmiembros de la Policía Nacional, según el proceso consultado por El Confidencial. Autos, teléfonos encriptados, alojamientos en hoteles eran algunos de los “beneficios injustificados dados a quienes ayudaban “a controlar y facilitar la entrada ilegal de mercancías” en Colombia.

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Sin ninguna condena previa, la acusación se centra únicamente en delitos cometidos entre 2023 y 2024: hay constancia de “entregas de dinero a funcionarios públicos de la Policía Nacional de Colombia que trabajaban como agentes infiltrados”. En los registros se incautaron “sumas en efectivo equivalentes a 93 millones de pesos colombianos”, unos 20.000 euros.

Persecución política

El Tribunal de Apelación de Oporto validó la detención y la extradición a la República de Colombia. El abogado Parente Ribeiro apeló la decisión mediante un habeas corpus ante el Tribunal Supremo de Justicia. Según el recurso consultado por El Confidencial, Buitrago se considera víctima de persecución política. “La intervención del presidente en la solicitud de extradición demuestra la falta de imparcialidad en el proceso”, alega Parente Ribeiro.

“El Estado colombiano pone en riesgo la vida, la seguridad y la integridad de Buitrago; incluso ofrece una recompensa por su cabeza” y “Papá Pitufo”, apodo del presunto contrabandista, “no duda de que será ejecutado si es extraditado”, señala la defensa. El colombiano asegura ser perseguido por negarse a participar en negocios turbios con las autoridades del país.

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La defensa destaca que Buitrago “ha venido denunciando la corrupción existente en Colombia, siendo persona non grata, perseguido por el propio presidente, que asume la detención como un asunto personal”.

El Tribunal Supremo de Justicia (STJ) concedió en junio de este año el habeas corpus y ordenó su liberación inmediata, considerando que la detención se había vuelto ilegal debido a la existencia de una solicitud de asilo aún pendiente de decisión definitiva por los tribunales.

Aunque la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo (AIMA) consideró “infundada” la solicitud de asilo, el colombiano recurrió judicialmente y la decisión final aún no ha sido emitida. Ante esta indefinición, el Supremo entendió que “no se puede mantener, sin fundamento legal, indefinidamente, la detención”.

La relación entre Petro y Buitrago

Las relaciones entre Gustavo Petro y Buitrago tienen aspectos poco claros:el cerco de las autoridades al presunto contrabandista solo comenzó tras conocerse que “Papa Smurf” intentó donar 120.000 euros a la campaña de Petro, en 2022. Según el presidente de Colombia, el dinero fue recibido, pero devuelto cuando surgieron dudas sobre su procedencia — y la devolución fue grabada.

El caso tuvo repercusión mediática. Gustavo Petro aseguró que nunca hubo encuentros directos con Marín Buitrago y que la devolución del dinero fue inmediata para preservar la legalidad y transparencia de la campaña. Sin embargo, una noticia publicada por el diario El Tiempo, muestra que las relaciones entre Buitrago y Petro son más antiguas.

A principios de 2022, el presunto contrabandista asistió a una conferencia que el entonces candidato dio en el auditorio de un sindicato en Madrid. Petro respondió en X que se trató de un acto público con cientos de colombianos y que, en realidad, conoció a Marín poco después. Este se presentó como empresario de San Andresito, una zona comercial en el centro de Bogotá. El Gobierno de Colombia sigue exigiendo la extradición del contrabandista, que sigue en libertad en territorio portugués.