Colombia ante el juicio del siglo: la justicia declara culpable al expresidente Álvaro Uribe por soborno a testigos

Más de 10 horas para condenar a un expresidente. El que se ha convertido en el juicio del siglo para Colombia ha llegado a su punto culmen. Este lunes 28 de julio, la jueza Sandra Heredia falló que el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el juicio penal en su contra, convirtiéndolo en el primer jefe de Estado colombiano en ser condenado por la justicia. El caso, sin embargo, parece casi menor: de todas las denuncias que afectan al expresidente conservador (del 2002 a 2010), que van desde sus presuntos lazos con grupos paramilitares a su posible responsabilidad o inacción en masacres organizadas por estos grupos, la que lo ha terminado sentando en el banquillo es una suerte de laberinto judicial con más de 90 testigos para dilucidar si es culpable o inocente de los delitos de soborno de testigos y fraude judicial.

Tras un proceso larguísimo y en una lectura de sentencia justificativa que se extendió el lunes más de diez horas, la jueza de Bogotá falló que el expresidente Uribe es penalmente responsable del delito de manipulación de testigos y fraude procesal a través de su antiguo abogado, Diego Cadena, quien según ha considerado probado la jueza manipuló a exparamilitares presos, ofreciéndoles beneficios, para que testificaran en línea con sus intereses. "Álvaro Uribe Vélez sabía de lo ilícito de su actuar", ha considerado la jueza. El veredicto es en primera instancia y la defensa ya ha confirmado que recurrirá. El viernes se conocerá exactamente en cuántos años de cárcel se traducirá el fallo, aunque se abre la posibilidad de una condena domiciliaria.

No es fácil condenar a un expresidente, y la jueza aprovechó su exposición del fallo para incidir en la independencia judicial del proceso frente a las acusaciones de la defensa, que ha mantenido que se trataba de un juicio político. La justicia colombiana "no se arrodilla ante el poder" y "no ve nombres, ni cargos, ni estaturas", defendió la jueza. En esa línea, reiteró que este "no es un juicio contra la historia política de Colombia, no es una revancha, no es una conspiración, no es un acto de oposición ni de política, es un acto de justicia y solo de justicia".

Una apreciación, la de "no es un juicio contra la historia política de Colombia", difícil de hacer comprender a un país que así se lo ha tomado.

El histórico caso se remonta a 2012, cuando el ya expresidente Uribe demandó al senador izquierdista Iván Cepeda ante la corte suprema colombiana por un presunto complot contra él sustentado en testimonios falsos recabados por Cepeda, con la intención de vincularlo con los paramilitares. Pero en 2018, en un sorprendente bumerán judicial, Uribe se convirtió en el investigado, por presuntamente haber forzado (mediante amenazas o promesas de favores judiciales) a paramilitares encarcelados para testificar a su favor y desmarcarlo de la organización.

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En Colombia, el proceso ha trascendido lo meramente penal y se ha convertido en un juicio público, ciudadano, sobre la propia figura y responsabilidad histórica de Uribe. Las declaraciones de testigos y las deposiciones de la defensa han sido puestas a disposición de la ciudadanía colombiana, que ha seguido un laberíntico proceso que pone en cuestión al político más controvertido, admirado, amado u odiado de los últimos 25 años en Colombia. Nadie como él consiguió mayorías absolutas. Nadie como él ha sido denostado por la responsabilidad que inevitablemente le toca en una de las épocas más oscuras de la mano dura en lucha contra el terrorismo en Colombia.

"Lo juzgan por ser quien es: se le persigue por ser Álvaro Uribe Vélez" asegura Jaime Granados, abogado defensor del expresidente, en entrevista con El Confidencial. El exmandatario defiende su inocencia y asegura que es víctima de una "venganza" de la izquierda, de la extinta guerrilla FARC y el expresidente Juan Manuel Santos, su antiguo aliado convertido en enemigo. Para Granados, los "enemigos políticos" de Uribe "han instrumentalizado la justicia para sus propósitos", en una "trampa" para "manchar su legado".

Fraude procesal

Según sostiene la defensa, el proceso ha estado repleto de inconsistencias y "pruebas manipuladas, grabaciones editadas y suposiciones políticas". Entre otros, denuncian que una serie de grabaciones de las llamadas de Uribe se obtuvieron sin orden judicial, o que una de las grabaciones presentadas por la fiscalía (en la que Diego Cadena, el exabogado de Uribe y en el centro de la polémica, se entrevistaba con el paramilitar Juan Guillermo Monsalve) habría sido recortada y editada para hacer parecer más culpables las ofertas de Cadena. La jueza ha admitido como válidas ambas pruebas.

La presunta negociación para que Juan Guillermo Monsalve, paramilitar encarcelado que acusaba a Uribe de participar en la formación del Bloque Metro de las AUC (frente paramilitar de ultraderecha colombiano), se retractara de su testimonio ha sido la estrella del proceso judicial contra Uribe. El entorno del expresidente acusó primero a Monsalve de falsear la presunta participación de Uribe en la creación del Bloque Metro a instancias de Iván Cepeda, y la acusación se vuelve ahora en contra de Uribe por una carta que el abogado Diego Cadena redactó él mismo en la que Monsalve se retracta. La defensa no niega que la carta exista, pero sí que se sobornara de ninguna manera a Monsalve o que Uribe tuviera mano directa en cualquier encuentro de Cadena con Monsalve, que enmarcan en "encuentros propios de una investigación judicial". Para la jueza, no hay dudas de que existía un plan sostenido de manipulación de testigos y sobornos y que venía desde el mismo Uribe.

... y el juicio público

La publicidad del proceso, que el público colombiano ha seguido como una complicada telenovela, para la defensa es algo positivo. "Es el juicio del siglo, probablemente el más importante de nuestra historia republicana. 40 millones lo han visto y se han podido formar una opinión. Si finalmente lo que resulte del juicio es contrario a lo que la gente vio... puede generar una controversia", aseveró el abogado pocas horas antes de conocerse el fallo. En las declaraciones de Granados se puede cristalizar la olla a presión que se ha acelerado estos meses, con numerosas acusaciones de persecución política y presión al estamento judicial.

El entorno de Uribe ha movilizado toda una campaña internacional, recabando apoyos al expresidente de congresistas estadounidenses o incluso una visita de la política española Macarena Olona, al tiempo que acusan al actual presidente colombiano, Gustavo Petro, de interferencia, o de utilizar a la justicia como un brazo más de su poder político y persecución contra su predecesor derechista. "[La declaración de culpabilidad] es un pésimo precedente para la democracia en Colombia (...) porque se permite que alguien sea encontrado culpable por algo que no hizo y utilizando pruebas ilegales", sostiene Granados.

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La condena contra Uribe, que en cualquier caso será recurrida a instancias superiores, es un evento histórico en una Colombia fuertemente polarizada. El exmandatario tiene abiertos 28 procesos en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y más de 180 denuncias abiertas en la Comisión de Acusaciones por casos que van desde participar en la formación de grupos paramilitares, responsabilidad o conocimiento de homicidios y masacres, injerencia de hackers en campañas electorales y manipulación de testigos desde la década de los ochenta.

Eso no ha impedido que Uribe siga siendo tremendamente popular en el espectro de derecha del país. Hoy día, Uribe es jefe del Centro Democrático, principal partido opositor al izquierdista Gustavo Petro, aunque no puede volver a presentarse por limitaciones constitucionales.