Este país está a punto de mandar a sus presos a cárceles extranjeras. ¿EEUU? No, Suecia

El auge del crimen organizado y el endurecimiento de la ley para luchar contra las pandillas han llevado a Suecia a tener su sistema penitenciario al límite. En el año 2023, los tribunales suecos dictaron condenas de prisión por un valor que equivale a los 200.000 meses, casi un 25% más que en el año anterior, y el doble que hace 10 años. La situación aún es más grave en este año, en que la tasa media de ocupación en los 46 centros penitenciarios del país nórdico es del 141%, lo que ha provocado mucha tensión en algunos centros.

Frente a este panorama, la solución que ha encontrado Suecia es alquilar una prisión en Tartu (Estonia), enviando a sus reclusos a cumplir la condena en el extranjero. El ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, anunció el acuerdo que se ha calificado como "histórico" desde el gobierno de Estocolmo. Si bien el país nórdico tiene actualmente un plan para aumentar la capacidad de sus centros penitenciarios con 18.000 plazas extras para el año 2033, ni con esta reforma habría suficiente espacio en las cárceles suecas, ya que, según las predicciones del Servicio de Prisiones, en 10 años la población de reclusos será de 35.000 personas, en comparación con los 6.000 presos actuales.

Con el acuerdo alcanzado entre Estocolmo y Tallin, esto implica que Suecia alquilará hasta 600 plazas en una prisión en el este del país báltico. Los prisioneros trasladados serán hombres mayores de 18 años, con nacionalidad sueca o extranjera, y que hayan sido condenados por delitos que no impliquen un riesgo para la seguridad nacional, como el terrorismo. Sin embargo, sí que se trasladaran a los presos condenados por delitos de violación o asesinato. Según el ministro Strömmer, el coste de este traslado no significará un problema para las arcas públicas, al contrario, ya que Suecia pagará unos 8.500 euros al mes por cada recluso, mientras que ahora el coste medio de un preso en el país nórdico es de 11.500 euros al mes.

Según el gobierno, este acuerdo es posible gracias a que la legislación penitenciaria entre los dos países que forman parte de la Unión Europea es similar, por lo que las celdas y las condiciones de los reclusos serán equivalentes. El personal que gestionará el centro de Tartu será estoniano, pero se ha especificado que podrá hablar inglés, aunque los reclusos también dispondrán de traductores e intérpretes. Las familias de los presos tendrán que pagar el viaje a Estonia por su cuenta cuando quieran hacer las visitas. Por el momento, el acuerdo está previsto que tenga vigencia durante 5 años y los primeros presos podrán ser trasladados a partir de la primavera del 2026.

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Desde la parte estoniana, la ministra de justicia y asuntos digitales, Liisa-ly Pakosta, ha celebrado el acuerdo porque, según ella, representa la creación de 400 puestos de trabajo en Tartu, y da uso a un centro penitenciario que actualmente está medio vacío. Sin embargo, también se han levantado algunas voces críticas en el país Báltico, que temen que Tartu se convierta en un "Guantánamo" para extranjeros.

Falta la votación en el parlamento

Con el acuerdo firmado entre los dos países, solamente queda que la medida sea aprobada por el parlamento de Suecia. La decisión requiere de una mayoría de tres cuartas partes para que pueda salir adelante, ya que la propuesta implica que Suecia traslade parcialmente el ejercicio de su autoridad en otro país.

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En la votación, la coalición del gobierno liberal-conservador, que se sostiene con los apoyos del partido de ultraderecha, Demócratas de Suecia, necesitará convencer al partido socialdemócrata, que tiene el grupo parlamentario con más diputados en el Riksdag.

Por el momento, la postura del Partido Socialdemócrata es "fundamentalmente escéptica a la externalización de empleos y al ejercicio de la autoridad fuera de Suecia", según dijo la portavoz del grupo, Teresa Carvalho. La diputada socialdemócrata, si bien de entrada no vetó el plan, expresó que "existen muchas preguntas en torno a la legislación y preocupaciones sobre este acuerdo" que deben resolverse antes de que su partido pueda tomar una decisión."Hay riesgo de que los presos se maten entre ellos".

Quien sí que se ha manifestado completamente en contra son los sindicatos de los trabajadores penitenciarios, que también están cansados de alertar sobre el empeoramiento de las condiciones laborales y el aumento del riesgo de sufrir violencia a causa de la masificación de los centros. Los sindicatos temen por la seguridad jurídica de la medida y por el riesgo de que los presos no se puedan reintroducir en la sociedad si se trasladan a otro país durante la condena. Joachim Danielsson, presidente del sindicato ST, defendía que "se tendrían que valorar otras soluciones antes que trasladar a los presos fuera del país".

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Según explicaba Kenneth Holm, jefe del Servicio Penitenciario, para la televisión pública SVT, "en los últimos años se han implementado unas sentencias más duras, a la vez que la violencia de las bandas se ha vuelto más brutal, esto provoca que la situación sea muy tensa" decía. Desde el servicio penitenciario, se ha intentado hacer frente a las carencias de espacio con presos compartiendo celdas pensadas para una persona, o reconvirtiendo las salas de visitas en camas de prisión. Sin embargo, "el aumento de presos en una misma zona hace más probable que se produzcan incidentes graves que pueden terminar en situaciones fatales" decía Holm.

Una tendencia en los países nórdicos

Aunque el plan de Suecia para trasladar a los presos en el extranjero parezca novedoso, no es el primer país nórdico que ya ha intentado un enfoque similar. Desde el año 2015, varios presos condenados en Noruega cumplen sentencia en los Países Bajos, lo que ha ayudado a reducir la masificación de sus centros penitenciarios y ha dado uso a unas instalaciones holandesas que se habían quedado vacías.

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Pero sin duda, el país que ha dado un paso más lejos es Dinamarca, cuando en el año 2021 firmó un acuerdo con Kosovo para albergar hasta 300 presos que, según su sentencia, tienen que ser deportados tras cumplir la condena. Este acuerdo ha generado un nivel aún más elevado de críticas contra el gobierno danés, ya que Kosovo no es un país con un sistema penitenciario dentro de los estándares de la UE, por lo que hay serias dudas éticas debido a las diferencias legales entre los dos países. Varias instituciones internacionales, como la Organización Mundial Contra la Tortura, han denunciado que el plan es discriminatorio, ya que externaliza las obligaciones de Dinamarca en materia de derechos humanos.

Pero a pesar de las críticas, Kosovo ha firmado el acuerdo y se prevé que los primeros presos lleguen al país balcánico a mediados del 2026, cuando está previsto que terminen las obras de reforma de la prisión que ha alquilado Dinamarca.