UK despenaliza el aborto, liberalizando la ley de 1861… mejor que no se entere Trump

Los parlamentarios de Westminster han hecho historia al despenalizar el aborto en Inglaterra y Gales, liberalizando así la normativa de 1861 que, pese a todo, sigue vigente. A través de una reforma trascendental se eliminan las sanciones penales para las mujeres que finalizan solas su embarazo (recurriendo mayoritariamente a píldoras que les llegan a casa por correo). Es un gran cambio que, sin embargo, se ha realizado con absoluta discreción.

El volumen de la controversia y las portadas no ha alcanzado el nivel de otro tema polémico, el de la muerte asistida. Con todo, existe una preocupación de que los activistas a favor del derecho al aborto se hayan metido "un gol en propia meta" —como señalan algunos diputados— al reabrir el debate en un momento particularmente delicado. La reacción de Donald Trump genera cierto desasosiego en Reino Unido, donde el populista Nigel Farage, líder de la derecha radical Reform e íntimo del inquilino de la Casa Blanca, encabeza las encuestas.

El pasado mes de febrero, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, el vicepresidente J.D. Vance acusó a los políticos británicos de un "retroceso en el derecho a la conciencia" después de que Adam Smith-Connor —un veterano del ejército de 51 años— fuera procesado por rezar en las llamadas 'zonas de contención'. Estas impiden que cualquier persona haga algo que influya intencional o imprudentemente en la decisión de alguien de utilizar servicios de aborto en un radio de 150 metros de las clínicas abortivas.

Pero la preocupación británica no es un hecho aislado. Con la actual guerra de la administración estadounidense contra el derecho al aborto y el ascenso de gobiernos de extrema derecha en Europa, las clínicas abortivas se están viendo cada vez más amenazadas. La mayoría de los países europeos permiten a las mujeres interrumpir sus embarazos bajo ciertas condiciones. Pero el Viejo Continente no es tan liberal como aparenta en esta cuestión. Y Reino Unido ha dado prueba de ello.

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La ley de 1861 tipifica como delito en Inglaterra y Gales —donde el Gobierno central tiene competencias en la materia— que una mujer se provoque un aborto espontáneo. El parlamento aprobó una ley de 1967 que permite el aborto hasta las 24 semanas de embarazo (mucho más tarde de lo permitido en la mayoría de los países occidentales), siempre que se cumplan una serie de condiciones, como si existe riesgo para la salud física o mental de la mujer. Y siempre que dos médicos lo autoricen.

Pero cambios recientes han permitido acceder a pastillas abortivas que interrumpen embarazos de menos de 10 semanas. Y esto ha incrementado preocupantemente el número de mujeres investigadas, arrestadas o procesadas.

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El martes por la noche, tras un acalorado debate, la Cámara de los Comunes —donde se permitió libertad de conciencia a los diputados— aprobó por una inmensa mayoría (379 frente a 137) la enmienda presentada por la laborista Tonia Antoniazzi al Proyecto de Ley de Delincuencia y Policía. Una medida gubernamental más centrada en otorgar a la policía más poder para abordar el comportamiento antisocial, pero que, sin embargo, está impulsando los casos legales a los que se enfrentan aquellas que quieren finalizar su gestación. En los últimos cinco años, se han registrado alrededor de un centenar.

El más reciente es el de Nicola Packer, de 45 años, absuelta el mes pasado de un aborto ilegal tras tomar pastillas abortivas durante el confinamiento de 2020, sin saber que ya tenía 26 semanas de embarazo. Han pasado casi cinco años, antes de ser finalmente declarada inocente por el tribunal. "No se lo deseo a nadie. Han sido los peores cuatro años y medio de mi vida", señaló.

Tras la aprobación de la enmienda en los Comunes —que debe ser debatida ahora en los Lores, pero se da por hecho que saldrá adelante— se impedirá que las mujeres sean procesadas. Sin embargo, el aborto sigue considerándose un delito penal según la Ley de Delitos contra la Persona de 1861 y la Ley de Preservación de la Vida Infantil de 1929, por lo que se mantienen las sanciones para los profesionales médicos y las parejas violentas que interrumpan un embarazo fuera de la legislación vigente.

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Louise McCudden, directora de asuntos externos de MSI Reproductive Choices en Reino Unido (clínicas abortivas) matizó que "en un momento en que presenciamos retrocesos en los derechos reproductivos, sobre todo en Estados Unidos, este hito crucial en la lucha por los derechos reproductivos transmite un mensaje contundente: nuestros legisladores están defendiendo a las mujeres".

Sin embargo, una carta de más de 1.000 profesionales médicos, organizada por el grupo antiaborto Derecho a la Vida, argumenta que la reforma permitiría abortos tardíos peligrosos "hasta el nacimiento por cualquier motivo", incluyendo la elección del sexo del bebé.

Durante el debate en Westminster, la diputada conservadora Caroline Johnson propuso otra enmienda —que fracasó por 379 votos contra 117— para exigir citas presenciales antes de que una mujer pudiera obtener píldoras abortivas.

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Por su parte, la enmienda de la laborista Stella Creasy, que también quería despenalizar el aborto, no se sometió finalmente a votación por razones de procedimiento. Su enfoque era de mayor alcance para derogar por completo la ley de 1861 y establecer un nuevo marco en su lugar, que incluyera la consagración del acceso al aborto como un derecho humano.

Lo que Creasy quería imponer era un "bloqueo" a los ministros, reduciendo el acceso a los servicios de aborto en el futuro, quizá con la mente puesta en los sondeos que aúpan ahora al populista Farage. En este sentido, señaló a los activistas estadounidenses que "lamentan profundamente no haber actuado bajo el mandato de Joe Biden y Barack Obama". "Quienes se conforman con que el aborto sea un asunto resuelto y no pueda ser utilizado como arma en nuestra política, deben escuchar la voz de alarma que ya resuena con fuerza en este país", matizó.

En 2024, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide incluir el derecho al aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, pero esta resolución es no vinculante y no modifica la legislación actual. Para ello se requeriría el acuerdo de los 27 países miembros del bloque, incluidos aquellos con normas estrictas sobre el aborto, lo que, de momento, lo hace poco probable.

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El retorno de Trump a la presidencia de los Estados Unidos —donde estados individuales arbitran el derecho al aborto desde que el Tribunal Supremo anuló el caso Roe contra Wade hace tres años— ha reabierto el debate público sobre un asunto controvertido. Y ha suscitado temores de que una derecha envalentonada esté socavando de forma similar los derechos en Europa.

Las cifras del "turismo del aborto" muestran que las opciones para las mujeres en el Viejo Continente ya son limitadas. En 2022, al menos 4.500 mujeres europeas que decidieron interrumpir un embarazo tuvieron que viajar a los Países Bajos, España o Reino Unido para hacerlo, según cifras oficiales.

Los Países Bajos, que sigue siendo el destino preferido hasta la fecha, registraron a 2762 mujeres de Alemania, Polonia, Bélgica y Francia, así como a unas pocas de Irlanda y a otras 500 de otros países no especificados. España registró a unas 1.500 mujeres que habían viajado desde otros países europeos. Y cientos viajaron a Reino Unido, según las estadísticas gubernamentales más recientes.

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El número de países de la UE que restringen severamente el acceso al aborto es limitado. Malta solo lo permite cuando la vida de la embarazada corre peligro, Polonia solo lo permite en casos de violación o incesto, o si la salud de la madre está en peligro, y en Hungría, la ley exige que las mujeres escuchen los latidos del corazón del feto.

Sin embargo, los problemas relacionados con el aborto no se limitan a estos países, sino que también afectan a otros tradicionalmente considerados mucho más liberales. El mayor grupo de mujeres que viajó a los Países Bajos no provenía de ninguno de estos países, sino de Alemania. Más de un tercio de las mujeres que viajaron a España procedían de Portugal, y la gran mayoría de las mujeres extranjeras que viajaron a Reino Unido para abortar lo hicieron desde Irlanda.

En Italia y Croacia, las tasas de objetores de conciencia (médicos que se niegan a realizar abortos) son tan altas que las mujeres tienen dificultades para encontrar profesionales médicos que les brinden atención. En algunas regiones italianas, hasta el 90% de los médicos pueden negarse a realizar un aborto. Incluso Francia, que consagró el derecho al aborto en su constitución el año pasado, aún tiene un acceso limitado a la atención médica en ciertas regiones.