40 años después, España pide el reembolso de su 'peaje gibraltareño' por entrar en la UE

Los que vivieron la negociación de adhesión de España a las Comunidades Europeas no recuerdan con especial cariño a los británicos. Londres sabía que su ‘sí’ era indispensable para que aquel país que había salido del franquismo y que había sufrido un fallido golpe de Estado solamente cuatro años antes ingresara en Europa. Apretó hasta el final y frustró un cambio de tendencia favorable al Gobierno español respecto a la situación del Peñón. Eso abrió la puerta a que Gibraltar se beneficiara durante las décadas posteriores de un estatus especial producto de aquellos acuerdos. Cuando los británicos votaron en junio de 2016 a favor de la salida de la Unión Europea, muchos diplomáticos españoles supieron que había llegado el momento de pedir el reembolso de aquel "peaje gibraltareño" que tuvo que pagar España treinta y un años antes.

El destino ha querido que el acuerdo político para el encaje de Gibraltar tras el Brexit llegue solamente unas horas antes de que se cumplieran 40 años desde la firma del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades, que se produjo el 12 de junio de 1985 en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid. Desde entonces, y aunque los Gobiernos británico y español han relanzado en varias ocasiones las iniciativas de "cosoberanía" sobre el Peñón, el Ejecutivo español ha considerado que las condiciones impuestas por Londres habían generado un desequilibrio entre España y la Roca, afectando negativamente al Campo de Gibraltar y provocando una desigualdad total entre la comarca y el territorio gibraltareño.

En el comunicado conjunto acordado este miércoles en Bruselas, los Gobiernos del Reino Unido y España, así como la Comisión Europea, se señala que los pactos "incluyen compromisos de igualdad de condiciones en materia de ayudas estatales, fiscalidad, trabajo, medio ambiente, comercio y desarrollo sostenible, lucha contra el blanqueo de capitales y transporte –incluyendo el aeropuerto–; los derechos de los trabajadores transfronterizos y la coordinación en materia de seguridad social". Para el lado español, más allá de eliminar los controles fronterizos entre Gibraltar y La Línea de la Concepción, esta es la cuestión central. Y el éxito o fracaso del acuerdo alcanzado este miércoles se medirá, a ojos de muchos, por hasta qué punto logra de verdad hacer que esos "compromisos" para recuperar una "igualdad de condiciones" se convierten en una realidad.

Breve historia de una cuenta pendiente

Los últimos años setenta y los primeros de los ochenta eran años difíciles para las relaciones hispano-británicas. Una España recién salida del franquismo aspiraba a ingresar en la OTAN y en las Comunidades Europeas. Eso daba al Reino Unido una palanca negociadora excepcional, pero a cambio privaba a Londres de una herramienta que había utilizado sistemáticamente para evitar discutir a fondo sobre la soberanía de Gibraltar: que España no era un régimen democrático, sino una dictadura dirigida por Francisco Franco. Muerto el dictador, esa excusa ya no estaba sobre la mesa. Sin embargo, el lado británico jugó bien sus cartas, ganó tiempo y logró consolidar y mejorar la situación de Gibraltar.

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En 1980 el Gobierno de Adolfo Suárez cerró con el Reino Unido el Acuerdo de Lisboa, con el que se comprometía a poner fin al cierre de la verja que se había mantenido durante el franquismo. Lo hacía porque desde el primer momento Londres había dejado claro que no era algo negociable. Había que permitir el cruce de la frontera si España quería aspirar a ingresar en "occidente". No se materializó parcialmente hasta 1982, cuando el recientemente elegido Gobierno socialista de Felipe González reabrió la frontera para los cruces a pie desde ambos lados, aunque no para el resto de tránsito. En 1983, Margaret Thatcher, entonces primera ministra británica, era clara: "España no podrá entrar en las Comunidades hasta que se levanten las restricciones en la frontera entre España y Gibraltar". El Gobierno no podía tener la esperanza de ingresar en las Comunidades, la actual Unión Europea, sin resolver completamente esta cuestión antes.

Las negociaciones sobre el Peñón y las de adhesión a las Comunidades estaban separadas, pero que una condicionaba a la otra lo sabían todos los socios. En noviembre de 1984, y tras meses de negociaciones muy discretas, se firmó la declaración de Bruselas entre el lado británico y el español, que lanzaba y aceleraba las conversaciones entre los dos países. En aquellos años las negociaciones estaban totalmente condicionadas por la desconfianza y por el marcaje al milímetro. El Ministerio español de Asuntos Exteriores y el Foreign Office británico buscaban cada palmo de terreno abierto a la interpretación para intentar mover el tablero a su favor.

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La declaración de Bruselas avanzaba en muchas de las reclamaciones británicas del Acuerdo de Lisboa de 1980, pero el jefe de la diplomacia española, Fernando Morán, forzó que quedara claro que "las cuestiones de soberanía" serían tratadas en la negociación bilateral que el Reino Unido y España mantenían. Se miraba con lupa cada palabra, cada coma, cada punto. Cuestiones, en plural, porque España consideraba que un asunto era la soberanía de la Roca en el marco de Naciones Unidas y el proceso de descolonización, y otro era el istmo y el aeropuerto construido sobre él, un territorio que el Gobierno español no considera que se cediera en el Tratado de Utrecht, que limita el territorio bajo control británico al interior de la fortificación de 1704.

Estos fueron años de intentos repetidos por avanzar, de enorme desconfianza y de relaciones y reuniones tensas. Londres sabía que Madrid no renunciaría a la soberanía, y Madrid sabía que Londres no le iba a dar lo que quería. En febrero de 1985, cuatro meses antes de la firma del Tratado de Adhesión, se completó la reapertura de la verja entre La Línea y el Peñón. Una vez España entró en las Comunidades y se levantaron las restricciones respecto a Gibraltar, la Roca no perdió algunos de los beneficios especiales que había obtenido por su situación particular previa a 1982, ya que había obtenido estos beneficios cuando había ingresado en las Comunidades en 1973.

Así, Gibraltar empezó a beneficiarse de la apertura de la frontera, y al mismo tiempo siguió contando con las compensaciones que había obtenido por tener la frontera cerrada cuando ingresó en el club. Lo hizo hasta ya entrado el siglo XXI, cuando la Comisión Europea decidió meter mano a esta cuestión, aunque el Peñón ha seguido contando con un régimen muy ventajoso. Desde el referéndum del Brexit, la negociación española se ha centrado más en cómo eliminar ese estatus especial del que se ha beneficiado Gibraltar durante décadas que en la cuestión de la soberanía, a la que el Gobierno, según el presidente Pedro Sánchez, no renuncia.

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El Gobierno de España siempre tuvo claro que quería volver a tener en sus manos la cuestión de Gibraltar. Sánchez bloqueó un Consejo Europeo en 2018 y llegó a amenazar con vetar el Brexit hasta que se incluyó una cláusula en el acuerdo global con el Reino Unido que dejaba claro que cualquier futuro acuerdo entre Londres y la UE respecto a Gibraltar debía pasar por las manos de España. Eso hizo que cuando la Comisión Europea asumió un rol protagonista en las negociaciones con las autoridades británicas, en febrero de 2024, con Maros Sefcovic jugando un rol de intermediario entre las partes, algunas voces críticas consideraran que España había perdido la ventaja competitiva que había obtenido en 2018, ya que el formato facilitaba que las autoridades comunitarias podían empujar a Madrid a aceptar un acuerdo que no resolviera del todo las reclamaciones españolas.

Ahora, tras el acuerdo político, los equipos técnicos deben trabajar en el texto final, que ayudará a ver hasta qué punto España ha conseguido reequilibrar la relación. Sefcovic y José Manuel Albares, ministro español de Asuntos Exteriores, han celebrado el acuerdo como un paso histórico, mientras que el PP considera no se ha aprovechado para impulsar la cuestión de la cosoberanía. "Después de tres siglos sin avances, la UE, Reino Unido y España cerramos un acuerdo global en beneficio de los ciudadanos y de nuestra relación bilateral con el Reino Unido", ha señalado Sánchez.