Trump echa más gasolina a las protestas de Los Ángeles: manda 700 marines

Los Estados Unidos presentes en la imaginación del trumpismo se han materializado en algunos puntos de Los Ángeles, donde la policía federal militarizada lanza, desde el viernes, granadas aturdidoras, balas de goma y nubes de gas lacrimógeno a manifestantes de piel oscura que flamean banderas mexicanas sobre coches calcinados. La "insurrección", la "ocupación", la "invasión migrante", por emplear las palabras del Gobierno de Trump, habría forzado a Washington a librar una "lucha para salvar a la civilización", por seguir usando la terminología del gabinete.

Por orden del presidente, 700 marines tenían previsto llegar a Los Ángeles tras una noche en la que la policía dispersó con dureza las protestas contra las redadas migratorias y el despliegue de fuerzas militares en la ciudad. Según informó el Mando Norte de Estados Unidos, los efectivos, procedentes de la base de Twentynine Palms, a unos 240 kilómetros del centro de Los Ángeles, fueron enviados para proteger a los agentes federales y edificios gubernamentales. A este contingente se sumó también un refuerzo de la Guardia Nacional, que duplicó su presencia en la urbne hasta alcanzar los 4.000 efectivos.

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha acusado al Gobierno federal de provocar esta crisis para presentarse luego como la solución. El demócrata asegura que lo que en principio fueron unas protestas localizadas en sitios concretos de Los Ángeles desembocaron, a base de estridencia y represión, en una batalla campal superior a las capacidades de la policía angelina.

Las redadas de la policía migratoria, ICE, se produjeron a lo largo de la última semana en lugares de trabajo de la ciudad, con agentes enmascarados, armados y con atuendo militar entrando en los negocios a plena luz del día para llevarse a personas a las bravas en barrios donde el 80% de los residentes son latinos. Algunos centenares de vecinos protestaron el viernes junto a un centro de detención, donde no se permitía el acceso a abogados. La policía local tardó 38 minutos en presentarse, alegando problemas de tráfico y, al final, las condiciones adversas causadas por los disturbios. En ese breve entretanto, actuaron los agentes federales y comenzó la escalada.

Más allá de los detalles de la espiral de violencia, donde ambas partes se acusan mutuamente de avivar las llamas, la crisis de Los Ángeles siempre ha estado contenida en las tripas, en las esencias, de la Administración Trump. Toda la filosofía política del trumpismo se puede resumir en las palabras y en las acciones del fin de semana, que se sucedieron como si el Gobierno hubiera estado esperando este momento.

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El sábado fue la primera vez desde hacía 60 años que un presidente de EEUU "federalizaba" la Guardia Nacional para intervenir en un Estado sin permiso del mismo, una maniobra sensible en un país tan celoso de su descentralización. El último en cruzar esta línea fue Lyndon Johnson en 1965. Si no lo hubiera hecho, cabe la posibilidad de que la marcha de Selma, en Alabama, hubiera acabado en un baño de sangre.

La situación del sábado en Los Ángeles era sustancialmente distinta. Aun así, Donald Trump ordenó, acogiéndose al Título 10, la movilización de la Guardia Nacional sin permiso del gobernador Newsom, que exigió a Trump que diera marcha atrás y retó al zar fronterizo de la Administración, Tom Homan, a que lo detuviese: "Ven a por mí, arréstame. Acabemos con esto, tipo duro. Me importa un carajo".

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Hay una carta que Trump aún no ha usado, pero que ha puesto sobre la mesa: la aplicación de la Ley de Insurrección, de 1807, que le permitiría desplegar a las Fuerzas Armadas en suelo americano. "¡Traed a las tropas!", escribió, en mayúsculas, el domingo. Ante los medios no descartó invocar esta ley. La invocación de la Ley de Insurrección es una de las predicciones más seguras que se pueden hacer sobre el Gobierno de Donald Trump. Es una bala colocada en el tambor de la pistola federal y hace tiempo que Trump tiene el dedo en el gatillo.

Durante las fuertes protestas y disturbios que siguieron al asesinato de George Floyd en la primavera de 2020, Donald Trump quiso desplegar a las Fuerzas Armadas en las calles. Más concretamente, planteó la posibilidad de disparar en las rodillas a los manifestantes que ocupaban las calles de Washington, cerca de la Casa Blanca.

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"El presidente estaba encolerizado", recordaba el que fue secretario de Defensa, Mark Esper. "Pensó que las protestas hacían que el país pareciera débil, que nos hacían parecer débiles a nosotros, y ‘nosotros’ significaba ‘él’ (…). Llegó un punto en la conversación en la que miró con franqueza al [jefe del Estado Mayor de la Defensa] general [Mark] Milley y dijo, ¿’No puedes simplemente dispararles? ¿Dispararles en las rodillas o algo? (…) Era una sugerencia y una pregunta formal. Y a todos nos dejó atónitos en ese momento, mientras la cuestión flotaba, pesada, en el aire".

Desde entonces, Trump se ha referido en ocasiones a la Ley de Insurrección como algo a lo que recurriría en su segundo mandato. "La próxima vez no voy a esperar", dijo durante un mitin en Iowa, en 2023, en referencia a dicha ley. "Una de las cosas que hice fue dejar que ellos se encargaran [de las tareas antidisturbios] y mostrar qué mal se les da (…). Bueno, eso hicimos. Ya no tenemos que esperar más".

Según The Washington Post, uno de los abogados de Trump, Jeffrey Clark, estaba al cargo de planificar el decreto y la justificación de la Ley de Insurrección en una segunda Administración Trump, dentro del marco del Proyecto 2025: la agenda ultraconservadora preparada por The Heritage Foundation que Trump está implementando con fidelidad. Heritage negó las preparaciones de esta ley.

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Las tensiones en Los Ángeles en torno a las redadas migratorias tienen su contexto. El profesor de derecho de la Universidad de Chicago Aziz Huq explicó, referenciando el trabajo del abogado judío alemán Ernst Fraenkel, que en EEUU está surgiendo un "Estado dual". Es decir, un país con dos sistemas legales paralelos. Uno donde todo funciona con normalidad para la mayoría de los ciudadanos y otro donde una clase concreta de persona se ve abocada a un vacío legal, a merced del abuso del poder.

En el Tercer Reich, quienes estaban abocados al vacío legal eran los judíos, los gitanos y diversas minorías políticas, para quienes el imperio de la ley no aplicaba. En la América de Trump quienes estarían viéndose arrastrados a un espacio donde no rigen las leyes son los inmigrantes, particularmente los inmigrantes indocumentados.

En estos cuatro meses de Administración —por mentar el caso más draconiano— más de 250 personas fueron detenidas sin ningún proceso legal y enviadas, desobedeciendo la orden de un juez, a una prisión de El Salvador, donde, entre otras cosas, los reos no pueden hablar con un abogado, ni recibir visitas, ni tienen derecho alguno. En las prisiones salvadoreñas se han documentado más de 300 muertes en apenas dos años.

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El director de políticas públicas y vicejefe de gabinete de Donald Trump, Stephen Miller, ha dicho que la Administración está mirando formas para suspender el habeas corpus de los inmigrantes indocumentados. Es decir, el derecho a no ser detenido sin seguir los procedimientos legales y sin poder disputar el caso ante un juez.

Estos últimos días, en California, donde las leyes estatales impiden a la policía local asistir a las fuerzas federales en las redadas migratorias, ICE ha detenido a más de un centenar de personas, incluidos varios niños, uno de ellos de tres años de edad. Según testigos y abogados migratorios citados por la prensa local, los agentes enmascarados detienen al azar en lugares públicos, basándose, visiblemente, en el aspecto étnico de los peatones. Quienes no puedan probar su ciudadanía, aunque resulten tenerla, son trasladados a centros de detención de otros Estados.