El bloqueo de los aranceles es la gota que colma el vaso de Trump: "Es una dictadura judicial"

"Vivimos bajo una tiranía judicial", tuiteó Stephen Miller, director de políticas públicas de la Administración Trump y vicejefe de gabinete, junto a los nombres y los retratos de los tres jueces que ordenaron suspender la mayor parte de los aranceles decretados por Donald Trump. Miller reforzaba la idea de que los jueces, habitualmente descritos por cargos de la Administración como "lunáticos izquierdistas", están dando un "golpe de Estado", al bloquear las medidas ejecutivas. Apenas unas horas después de sus declaraciones, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal ha determinado que los aranceles seguirán en vigor mientras examina el caso y da margen al recurso presentado por la Administración Trump.

A pesar de esta pausa temporal, la batalla por la legitimidad de los aranceles ha evidenciado la confrontación entre el poder ejecutivo y judicial que lleva fraguándose desde hace meses. La decisión de los tres magistrados que forman el panel del Tribunal de Comercio Internacional, dos de ellos nombrados por presidentes conservadores (Ronald Reagan y el propio Donald Trump), tiene importancia por dos motivos. El primero, porque los aranceles son la herramienta favorita de Trump para extraer concesiones, tanto comerciales como de otro tipo, de los aliados y de los adversarios de EEUU.

Los magistrados dictaminaron que, al tratarse de medidas fiscales de gran calado, estas solo pueden ser aprobadas por el Congreso. Y que la invocación de la Ley de Emergencia Económica de 1977 no está justificada, ya que tener déficit comercial no es necesariamente una amenaza para la seguridad nacional de EEUU. Así que la orden judicial, en principio, puede estrechar mucho el margen de maniobra del Gobierno.

El segundo motivo por el que la orden es importante es que esta segunda Administración Trump está en una aparente ruta de colisión cada vez más clara con los jueces. En sus primeros 100 días de presidencia, Trump aprobó 142 órdenes ejecutivas: un récord histórico. Y varias de estas órdenes, como prueban los 17 bloqueos judiciales a nivel nacional ordenados hasta el 15 de mayo, quebrantan de alguna manera la Constitución o la división de poderes, a juicio de los tribunales.

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Aquí se origina la narrativa de la "dictadura judicial" que enarbolan los miembros de la Administración Trump, que se acogen a la llamada "teoría ejecutiva unitaria": dado que Trump fue elegido por el pueblo estadounidense, puede hacer casi de todo. Incluido arrogarse las potestades otorgadas por la Constitución al Congreso de EEUU.

Por eso Miller, siguiendo la tradición de Elon Musk, acompañó su mensaje acusatorio con los nombres, las biografías y los retratos de los jueces que ordenaron suspender la mayoría de los aranceles. Porque, más allá de los dictámenes y de las apelaciones y de las interpretaciones legales, esta batalla judicial tiene una dimensión soterrada.

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Según el servicio de los U.S. Marshals, encargado de proteger a los jueces y de hacer cumplir sus decisiones, entre el 1 de marzo y el 14 de abril se registraron amenazas personales con 162 jueces estadounidenses. El doble que las registradas en los seis meses anteriores.

Este ambiente opresivo, que han denunciado varios magistrados, ha hecho que una cincuentena de jueces se reunieran para valorar la posibilidad de crear un dispositivo más de seguridad. Los U.S. Marshals, sobre el papel, los protegen. Pero los U.S. Marshals están a las órdenes del Departamento de Justicia. Y el Departamento de Justicia está a las órdenes del mismo gobierno que difama a diario a los jueces, estimulando este tipo de amenazas. El propio jefe del Tribunal Supremo, John Roberts, ha reconocido que la seguridad actual del cuerpo de justicia es insuficiente.

Este es el contexto en el que suenan continuamente las palabras "crisis constitucional", en referencia al momento en el que la Administración Trump declare que ya no acatará las decisiones judiciales. Sin embargo, es posible que este momento, la proverbial "línea roja", se haya producido hace ya tiempo.

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Algunos juristas argumentan que Estados Unidos entró en una crisis constitucional hace semanas. "La Administración ya está ignorando órdenes judiciales", escriben en The Atlantic Leah Litman y Daniel Deacon, profesores de derecho en la Universidad de Michigan. "Solo que, en lugar de admitirlo, los cargos de la rama ejecutiva están diciendo una cosa, pero haciendo otra".

Litman y Deacon han seguido caso por caso la manera en que la segunda Administración Trump ha respetado, o no, las decisiones de los tribunales. En varias ocasiones las han ignorado, como cuando un juez de Washington DC ordenó al Gobierno que devolviera a territorio estadounidense a las personas detenidas y enviadas, saltándose los procesos legales, a un gulag salvadoreño. Uno de los aviones partió, ignorando la orden, y el que ya estaba en el aire, no dio la vuelta, pese a las instrucciones del magistrado. Pero el gobierno no lo admitió, sino que camufló su acto de tecnicismos, incurriendo, según Litman y Deacon, en "incumplimiento legalístico".

La situación de Kilmar Abrego García, el habitante de Maryland que había entrado ilegalmente en EEUU en 2011, pero al que un juez había protegido después contra la deportación, es otro ejemplo famoso. El Tribunal Supremo ordenó por unanimidad que el Gobierno "facilitase" su retorno, pero el Gobierno se ha lavado las manos. A pesar de haber admitido que Abrego García fue deportado (o desaparecido, ya que de la prisión CECOT, donde se violan los derechos humanos, no sale nadie) por error.

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Hay otras instancias menos conocidas, como cuando un juez bloqueó la congelación de las actividades de la agencia de ayuda al desarrollo, USAID, decretada por Trump (porque solo el Congreso tiene potestad para crear o disolver agencias federales). La Casa Blanca siguió desmantelando la institución, suspendiendo casi todos los contratos de USAID, envolviendo su desobediencia de jerga legalística.

Todo depende de cómo evolucionen estas tensiones. El antiguo jefe de campaña y asesor de Donald Trump, Steve Bannon, presentador del popular pódcast War Room y considerado ventrílocuo de las políticas del Gobierno, ha dicho que la guerra entre el poder ejecutivo y el poder judicial es inevitable. Según Bannon, el choque se dará a raíz de la intención del Gobierno de suspender el derecho del habeas corpus de los inmigrantes sin papeles, algo barajado abiertamente por Stephen Miller.

"Si no eres un ciudadano americano y estás aquí ilegalmente, no hay garantías legales", dijo Bannon durante una entrevista con Financial Times, contradiciendo la Constitución. "Vamos a suspender el derecho del habeas corpus (…). Va a haber una crisis constitucional antes de que se vaya [de vacaciones] el tribunal [Supremo]".