Presos extranjeros como moneda de cambio: Maduro abraza la diplomacia de los rehenes

En la Venezuela de Nicolás Maduro, las cárceles ya no solo castigan la disidencia: también funcionan como instrumentos de política exterior. En los últimos años, el régimen ha abrazado una estrategia de presión diplomática basada en la detención arbitraria de ciudadanos extranjeros, a quienes utiliza como fichas de negociación frente a gobiernos adversarios. La práctica, conocida popularmente como "diplomacia de rehenes", ha cobrado impulso tras el endurecimiento de las sanciones internacionales y la creciente soledad diplomática del chavismo tras el amaño de las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Turistas, cooperantes, periodistas o simplemente ciudadanos de doble nacionalidad han sido arrestados sin pruebas bajo cargos genéricos como "terrorismo" o "saboteo electoral". Muchos de ellos han desaparecido en centros clandestinos o han sido retenidos durante meses sin acceso a defensa ni notificación consular. Una serie de acciones que se enmarcan en la llamada "operación tun tun", una campaña de represión "contra los violentos, los conspiradores y los fascistas", en palabras del propio Maduro. Hasta ahora, la mayoría de las víctimas eran venezolanos —activistas, periodistas, manifestantes—, pero cada vez más extranjeros han sido privados de libertad bajo acusaciones de ser "mercenarios".

El propio Maduro ha anunciado que unos 17 extranjeros, entre ellos un español, un argentino y un búlgaro, fueron detenidos recientemente por presuntos planes para "poner bombas o hacer ataques violentos". No son los únicos. Según el último informe del Instituto CASLA, existen al menos 72 presos políticos extranjeros en Venezuela, de los cuales 31 se encuentran en condición de desaparición forzada. Los gobiernos de España, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Italia e Israel han exigido la liberación de sus nacionales sin obtener, todavía, una respuesta.

"El gobierno chavista aplica lo que algunos denominan una diplomacia de rehenes mediante la cual busca beneficios políticos y económicos de parte de los países de los cuales son nacionales estas personas encarceladas arbitrariamente", explica Marino Alvarado, coordinador del Programa Jurídico de Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos). Según el experto, se tilda de "peligrosos mercenarios" a turistas o visitantes sin vínculo alguno con actividades políticas, como los bilbaínos José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, o el militar argentino Nahuel Gallo. La mayoría de los detenidos extranjeros son de nacionalidad colombiana.

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Varias fuentes legales y diplomáticas consultadas, que prefieren mantenerse en el anonimato por temor a represalias, sostienen que esta política responde a un entramado que busca negociar directamente con los gobiernos de origen de los detenidos. Un ejemplo reciente fue cuando el enviado especial de EEUU a Venezuela, Ric Grenell, anunció que se autorizó una extensión de las operaciones de la petrolera Chevron en Venezuela a cambio de la liberación de Joseph St. Clair, un veterano de guerra detenido desde noviembre de 2024 y el séptimo estadounidense en ser excarcelado tras un encuentro directo entre Grenell y autoridades chavistas.

Sin embargo, en un ejemplo de que dos pueden jugar sucio, el secretario de Estado Marco Rubio anunció poco después de la liberación de St. Clair que la licencia petrolera otorgada por la administración de Joe Biden a Chevron para operar en Venezuela expiraría este martes 27 de mayo y no sería renovada. Paralelamente, el Departamento de Estado emitió una alerta de viaje de nivel 4 —la más alta— en la que insta a no viajar bajo ningún motivo al país caribeño y recomienda a los ciudadanos estadounidenses abandonarlo de inmediato. El comunicado cita "graves riesgos, como detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, prácticas policiales arbitrarias, delitos violentos, disturbios civiles y deficiencias en la atención médica".

Campaña de terror

La represión, por supuesto, no se limita a ciudadanos extranjeros. Tras las elecciones regionales y legislativas convocadas el pasado domingo por el gobierno de Nicolás Maduro, varias familias venezolanas recorren estaciones policiales y cárceles preguntando por hermanos, hijos o tíos desaparecidos tras ser detenidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Se calcula que al menos 70 personas fueron arrestadas arbitrariamente durante la semana previa a los comicios.

La participación electoral fue baja. Según el CNE —ampliamente desacreditado por organismos nacionales e internacionales—, votaron 5.507.321 personas, apenas una cuarta parte del padrón de 21 millones. En redes sociales circularon fotos de centros vacíos y sin colas, tras el llamado al boicot lanzado por la líder opositora María Corina Machado. Entre los nuevos desaparecidos figura Juan Pablo Guanipa, uno de sus principales aliados. Su caso se suma a los más de 900 presos políticos contabilizados por la ONG Foro Penal, entre ellos periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y manifestantes.

Uno de los casos más recientes es el de Eduardo Torres, abogado y miembro de Provea. Estuvo ocho días desaparecido hasta que el SEBIN reconoció que se encontraba detenido. El Ministerio Público lo acusó de usar talleres de formación como "fachada" para fomentar la violencia y "mensajes de odio". "Se le está castigando por delito de opinión", denuncia Alvarado. Su expediente se basa en tres tuits previos a las elecciones del 28 de julio de 2024.

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Juan Fernández-Miranda

Las consecuencias de la represión han sido letales. Wilmer García, con autismo y enfermedad renal crónica, murió tras pasar meses en cautiverio sin recibir atención adecuada. Ariadna Pinto sufrió el mismo destino tras ser denunciada por una dirigente chavista y sufrir un grave deterioro de salud hasta su excarcelación. Lindomar Amaro se suicidó en la cárcel de Tocorón, en medio de una ola de suicidios provocados por las torturas físicas y psicológicas que ocurren en las cárceles. Todos apresados poco después de las elecciones en julio de 2024, todos muertos este mes de mayo.

Visto lo visto, sobran los motivos para que Francy Fernández se preocupe por su esposo, Carlos Julio Rojas, un periodista apresado desde el 15 de abril de 2024 y acusado de los presuntos delitos de asociación para delinquir, terrorismo, conspiración, instigación al odio y magnicidio en grado de tentativa. Se trata de su cuarta detención desde el 2015. "El gobierno sabe que es un preso de consciencia, como todos los periodistas y trabajadores de la prensa detenidos", reclama Hernández.

Según el Centro para la Apertura y el Desarrollo para América Latina, asociación argentina de defensa de los derechos humanos que premió a Rojas con el premio "Graciela Fernández Mejide", el comunicador está entre los 894 presos políticos en el país. El galardón llega en un momento delicado, según su esposa: "Julio Carlos está sufriendo ansiedad y tiene la tensión muy baja a causa de las condiciones de su encierro", lamenta.

Un nuevo ciclo de violencia política

Después de 111 días de silencio, Andreína Baduel logró ver a su hermano Josnars en la cárcel de El Rodeo I. Fue apenas una visita de 15 minutos, separados por un vidrio y comunicándose por teléfono. En ese breve tiempo, Josnars le relató las torturas, los aislamientos prolongados y las condiciones inhumanas que ha sufrido desde que fue condenado a 30 años de prisión por su presunta participación en la llamada "Operación Gedeón", un supuesto intento de golpe de Estado en 2020. "Fue un juicio amañado. No se presentó ni una sola prueba de culpabilidad, no se admitieron pruebas a su favor y no se respetó ni su integridad física ni la presunción de inocencia", denuncia su hermana.

Andreína asegura que solo gracias a la presión mediática y a las denuncias de organizaciones nacionales e internacionales pudo obtener esa prueba de vida. Antes de ser trasladado a El Rodeo, Josnars estuvo retenido en El Helicoide, una antigua estructura comercial convertida en uno de los centros de tortura más temidos de América Latina. Hoy está encerrado en una celda de dos metros por dos, sin luz, sin visitas, durmiendo sobre una cama de cemento junto a una letrina. Su única forma de comunicarse con el exterior: gritar.

Su caso refleja un patrón recurrente que se agrava en momentos de crisis política. "La persecución nunca ha cesado, pero tiene picos. A los presos políticos se les aísla, se les incomunica, se les castiga aún más durante esos periodos", explica Andreína. Para ella, estas acciones no responden a razones judiciales, sino a una lógica de castigo ejemplarizante. "Los usan como escarmiento, para meter miedo a la sociedad y mantenerla paralizada".

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El nuevo ciclo de represión se intensificó tras el escape en mayo de cinco opositores asilados en la embajada de Argentina en Caracas. Todos eran colaboradores cercanos de María Corina Machado y tenían órdenes de captura. Tras más de 400 días de encierro bajo condiciones extremas —cortes de electricidad, bloqueo de medicinas y agua potable, hostigamiento armado— lograron salir del país rumbo a Estados Unidos. Durante el asedio, los refugiados soportaron el corte deliberado de electricidad en la embajada, el hostigamiento constante de agentes armados y la negación de acceso a agua potable y medicamentos. Uno de ellos, el exministro Fernando Martínez Mottola, que se había entregado voluntariamente al Ministerio Público en diciembre de 2024, falleció dos meses después.

La única declaración por parte del oficialismo sobre estos hechos ha sido la de Diosdado Cabello, actual ministro de Interior, Justicia y Paz, que afirmó en dos ocasiones que la salida de Magalli Meda, Claudia Macero, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos de la sede diplomática fue fruto de una negociación. Poco después de la fuga, funcionarios de seguridad del Estado allanaron las viviendas de Meda y de García.

Según Marino Alvarado, la situación revela una contradicción que "tiene entrampado al gobierno" y lo obliga a intensificar la represión para disimular sus debilidades internas. Aunque no existen pruebas de que se haya procesado a los funcionarios encargados de custodiar a los refugiados, el jurista apunta a los rumores persistentes sobre la colaboración de militares chavistas en la fuga, un posible indicio de las fisuras que atraviesan al aparato represivo del régimen.