"El Salvador es otro país después de las medidas de Bukele"

Centroamérica está viviendo una revolución en materia de seguridad. Las medidas aprobadas por el El Salvador de Nayib Bukele han servido de precedente, pero sobre todo de tentación, para varios gobiernos de la región, que se apresuran ahora a imitar su radical mano dura. Uno de estos sería República Dominicana, que además de la criminología común se enfrenta a la gran bomba que es su vecino Haití. Si bien República Dominicana es el país más seguro del Caribe, con más de 5.600 homicidios directamente relacionados con la violencia entre bandas en 2024 en la parte haitiana de la isla, el gobierno dominicano se lanzó a construir un muro fronterizo para "combatir las mafias" ante la "falta de control" de Haití.

Pero estas medidas siguen sin ser suficientes para el gobierno liderado por Luis Abinader, sostiene la ministra de Interior y Policía de la República Domincana, Faride Raful. Coincidiendo con su visita a Madrid, en la que se reunió con su homólogo español Fernando Grande-Marlaska —con la intención de avanzar en la firma de un acuerdo bilateral de colaboración en seguridad transnacional—, Raful recibe a El Confidencial en la embajada para hablar sobre el que es un gran reto en la región.

PREGUNTA. Todos tenemos claro el alcance de la violencia en Haití, y también el reto de las bandas y las maras en Centroamérica, o los cárteles de la droga en el continente. ¿A qué retos en materia de seguridad se enfrenta República Dominicana en los últimos años?

RESPUESTA. Enfrentamos varios desafíos, la mayoría de delincuencia común, que se manifiesta en robos y homicidios que, en la mayoría de los casos, no están vinculados al crimen organizado, sino que surgen del propio conflicto social. Pero estamos también trabajando en la tipificación y creación de nuevos tipos penales para grupos que representan una amenaza constante para la República Dominicana, como es el caso de las pandillas en Haití.

Aunque tenemos un control casi total del territorio nacional y hemos reforzado nuestra frontera debido a la crisis humanitaria, política y social en el país hermano de Haití, seguimos enfrentando la amenaza que representan estas pandillas, que violan los derechos de sus propios ciudadanos. Por razones de seguridad nacional, hemos fortalecido las medidas para evitar que estas bandas puedan cruzar a nuestro territorio, aunque reconocemos que aún estamos vulnerables a que esto ocurra.

El propósito de este proyecto [Faride se refiere a un proyecto de ley presentado el diciembre pasado por el gobierno para combatir la inseguridad], es precisamente establecer que, si alguna de estas bandas o sus miembros ingresan a nuestro país, tengamos la capacidad legal para tratarlos como terroristas, ya que representan una amenaza para la seguridad nacional. En ese sentido, apoyamos completamente el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo.

P. ¿Cómo han conseguido endurecer esa frontera con Haití?

R. Hemos desplegado más de 9.000 efectivos a lo largo de las fronteras. La Dirección General de Migración ha sido fortalecida con la formación de nuevos agentes. Además, se ha implementado un sistema biométrico para identificar a las personas que ingresan al territorio. También se están llevando a cabo procesos de repatriación y deportación, en coordinación con las autoridades haitianas que tienen representación en la República Dominicana, para garantizar el retorno de esos nacionales a su país. Mantenemos una vigilancia constante.

La Policía Nacional actúa como apoyo en las provincias fronterizas, que son las más afectadas por el flujo migratorio y la falta de control histórico para determinar quién puede cruzar y quién no, así como para verificar la documentación de las personas.

P: ¿Cómo se equilibra la necesidad de proteger esas fronteras con los principios humanitarios y de asilo?

R: Anteriormente, contábamos con una capacidad muy limitada de agentes migratorios. Eran el Ejército o la Policía Nacional quienes realizaban los controles, pero no estábamos preparados para ello. Ahora estamos duplicando el número de agentes migratorios y asignándolos a las zonas con mayor vulnerabilidad, con el objetivo de garantizar un abordaje adecuado desde el respeto a los derechos humanos.

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Tratamos cada caso de forma diferenciada, considerando que hay niños, mujeres, adolescentes y personas que han obtenido una regularización por parte del Estado Dominicano, la cual debe ser respetada. A quienes están en situación regular no se les aplica el mismo trato que a otros. Por ejemplo, los niños no pueden estar trabajando sin la supervisión de un tutor, ya que son menores de edad. Debemos proteger y garantizar los derechos de la niñez, así como de las mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz, siguiendo los protocolos establecidos por el Sistema Nacional de Salud en coordinación con Migración, para proteger a estas mujeres durante el periodo de riesgo posterior al parto y brindarles el apoyo necesario junto a las autoridades correspondientes.

Este esfuerzo es una iniciativa pionera que ya se está haciendo visible. De hecho, hoy mismo, mientras hablamos, se están formando 400 nuevos agentes migratorios a través del Instituto Nacional de Migración y la Dirección General de Migración, que dependen del Ministerio.

P: ¿Con qué países vecinos existe una cooperación para enfrentar redes criminales transnacionales que puedan operar en la zona del Caribe o incluso en Centroamérica?

R: En América Latina, formamos parte de Ameripol, el equivalente regional de Europol, y ya compartimos perfiles delictivos de personas que entran en conflicto con la ley y que buscan ocultarse dentro de nuestro territorio. Esto nos permite, incluso antes de que Interpol emita una alerta, identificar perfiles delictivos y evitar su ingreso al país, notificando a otras naciones.

Tenemos acuerdos con Colombia que vamos a fortalecer, y recientemente hemos tenido reuniones con El Salvador para abordar el tema de las pandillas. Algunos fugitivos que operan en El Salvador intentan ingresar a nuestro país, y estamos trabajando para impedirlo. También colaboramos con Brasil y continuamos ampliando nuestras capacidades para hacer de nuestros países espacios más seguros.

P: Quisiera preguntarle sobre su reciente visita a El Salvador: ¿hubo algún intercambio de experiencias o asesoramiento relacionado con el modelo de seguridad implementado por el presidente Nayib Bukele?

R: La realidad es que, como siempre digo, el territorio dominicano está bajo control de las autoridades. Nunca hemos permitido que grupos criminales tomen el control del territorio, algo que sí ocurrió en El Salvador durante muchos años. Por eso, durante nuestra visita a El Salvador, constatamos que el presidente Bukele tuvo que tomar medidas extremas ante situaciones extremas para proteger a sus ciudadanos de la violencia generada por bandas y grupos armados.

"Como país turístico, no podemos permitirnos perder la seguridad"

Es cierto que esas medidas pueden generar cierta inquietud, pero El Salvador es hoy un país muy diferente gracias a esas acciones. Creo que un aspecto clave que podemos aprender de El Salvador es la voluntad política y el compromiso para transformar la seguridad, un enfoque que comparte nuestro presidente Abinader, aunque con las particularidades propias de nuestra realidad. Como país turístico que recibe alrededor de 11 millones de visitantes al año, no podemos permitirnos perder la seguridad, ya que sin ella no habría turismo ni inversión extranjera que impulse nuestra economía. La República Dominicana es uno de los países con mayor estabilidad política y económica en la región, y debemos preservar eso.

En cuanto al sistema penitenciario, estamos implementando una reforma con el objetivo de evitar que la delincuencia se reproduzca dentro de las cárceles. En El Salvador, por ejemplo, bloquearon las señales telefónicas para impedir que los delincuentes controlen redes de cibercrimen desde prisión, algo que a veces se facilita por la complicidad de algunos agentes penitenciarios. Trabajaron con las compañías telefónicas para eliminar la señal en esas áreas, una estrategia interesante que estamos evaluando adaptar, incluso en versiones más económicas, para reducir la delincuencia desde los centros penitenciarios.

P: ¿Cómo evalúa el Gobierno dominicano el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) construido en la Administración de Bukele?

R: Considero que es un sistema interesante, uno que garantiza que esas personas, al menos en lo que pudimos observar durante nuestra visita, estén efectivamente confinadas como presos. Está claramente demostrado y se tiene identificada la pandilla a la que pertenecen. Se conoce cómo funciona la estructura: para llegar a ser homeboys deben haber cometido al menos diez asesinatos, lo que indica que son criminales de alta incidencia, en su mayoría jóvenes, atrapados en una dinámica que lamentablemente les hizo perder su juventud. Sin embargo, cuentan con acceso garantizado a servicios de salud.

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Durante nuestra visita pudimos ver que las audiencias se realizan en lugares que dificultan que estas personas establezcan redes de contacto con otros, evitando que continúen operando desde las cárceles, lo cual es uno de los grandes desafíos en América Latina. Se les brinda acceso a los derechos que corresponde a cualquier persona detenida, incluso aquellas condenadas a penas muy largas, como 400 o 600 años acumulados. Para lograr esto, El Salvador implementó una reforma legal que también busca evitar excarcelaciones prematuras, aunque siempre garantizando el respeto a los derechos humanos.

P: Quisiera saber, además, ¿cómo evalúa el gobierno dominicano la política migratoria de un vecino cercano, Estados Unidos, bajo la administración actual, especialmente en relación con el trato a los refugiados y la cancelación del Estatus de Protección Temporal a personas refugiadas como venezolanos o afganos?

R: La verdad es que, como país, respetamos plenamente la soberanía de cada Estado. Cada nación tiene el derecho absoluto de establecer, a través de sus políticas y conforme a su legislación, lo que considere pertinente. Nosotros no intervenimos ni hacemos políticas en ese ámbito. Sin embargo, mantenemos una excelente relación con Estados Unidos. Así como ellos envían personas de manera irregular a sus países, en la República Dominicana recibimos a nuestros nacionales con las puertas abiertas y hacemos un esfuerzo para garantizarles alternativas que eviten la migración, ayudándolos a encontrar nuevas oportunidades aquí. No somos un país que promueva la migración masiva de ningún sector.

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Además, tenemos una cooperación sólida con Estados Unidos en temas como el combate al crimen transnacional. La mayor comunidad dominicana en el exterior está precisamente en Estados Unidos, seguida por España. Nosotros seguimos enfocados en trabajar con nuestras políticas nacionales. En los últimos años, los últimos 12 titulares de Estados Unidos han visitado la República Dominicana y nos hemos reunido con ellos en el marco del respeto y las relaciones internacionales. Estamos listos para seguir colaborando siempre y cuando se respeten los estándares y soberanías de ambos países.

P: ¿Cree que estas decisiones pueden generar una mayor presión migratoria en los países caribeños, como es el caso de la República Dominicana?

R: Sí, probablemente sí, pero debemos estar preparados. Creo que los flujos migratorios irregulares tienen un impacto realmente negativo cuando no se puede determinar quiénes son las personas, cómo entraron, y qué se puede hacer al respecto, porque afecta también a la economía, así como a la parte cultural y social. Estados Unidos debe ser capaz de medir eso.

Sin embargo, Estados Unidos ha sido un país que ha brindado muchas oportunidades a los hispanos, muchos de los cuales han desarrollado sus vidas de manera íntegra y honesta, y seguirán haciéndolo. Este dinamismo representa una fuente de beneficio para nuestro propio país, pues a través de las remesas se sostiene a muchas familias dominicanas. Cuando se observa el flujo migratorio masivo de los años 60, muchas de esas personas ya se integraron como ciudadanos estadounidenses. Eso sí puede generar impacto, pero creo que debemos estar preparados como países para minimizar ese impacto en la mayor medida posible.

P: ¿Cree que América Latina y el Caribe deberían tener una postura conjunta o más fuerte en temas migratorios y de protección internacional como respuesta a ese tipo de amenazas actuales como pueden ser las pandillas y el crimen organizado?

R: Sí, tenemos que seguir reforzando la lucha contra el crimen organizado, la ciberdelincuencia y las pandillas. Aunque en República Dominicana no existen pandillas al estilo de las maras que hay en otros países de Latinoamérica, sí se está viendo una dinámica donde el microtráfico ha influido para que algunos jóvenes se agrupen y desarrollen un sentido de pertenencia que no es real, especialmente en ciertas ciudades con población juvenil muy joven. Estamos trabajando directamente en este tema y en colaboración para abordarlo.

La colaboración con Haití es un tema que impacta más en República Dominicana que en otros aspectos, pero es un problema que afecta a toda la región y debemos seguir trabajando en conjunto. Cuando se trata de microtráfico, crimen internacional, trata de personas o explotación sexual de menores, es fundamental continuar con la fiscalización rigurosa. Por eso, los acuerdos de cooperación y colaboración son tan importantes, para que cuando un país identifique a un pedófilo o a alguien involucrado en crimen organizado, se pueda actuar rápidamente.

Por ejemplo, si es alguien de República Dominicana, podemos reforzar la alerta conjunta; o si se trata de España, alertar a tiempo. Porque así como el crimen transnacional no tiene fronteras, la seguridad de cada país tampoco debería tenerlas.