El último tabú: el único país donde el divorcio sigue siendo ilegal (y España tiene parte de culpa)

A.J. Alfafara, de 46 años, lleva más de diez años separada de su marido, pero la ley la sigue considerando su esposa. Fundadora de la coalición Divorce Pilipinas y de confesión protestante, no ha visto a su hijo desde que él, con solo nueve años, decidió vivir con su padre, cuya familia tenía una posición económica mucho más favorable. El tiempo pasó, Alfafara reconstruyó su vida, encontró estabilidad laboral como asistente virtual y decidió comprar una vivienda. Entonces se encontró con un obstáculo inesperado: necesitaba la firma de su esposo, del que lleva más de una década sin noticias.

Filipinas es el único país del mundo, junto con el Vaticano, donde el divorcio sigue siendo ilegal, sin excepciones ni siquiera en casos de infidelidad o violencia de género. La única alternativa legal es la nulidad matrimonial, un proceso largo, costoso y burocrático que solo unos pocos pueden permitirse. Mientras tanto, miles de personas siguen atrapadas en un matrimonio extinguido de facto, con una legislación que ignora su derecho a empezar de nuevo su vida sin ataduras.

El divorcio en Filipinas tiene una historia única y compleja, marcada por los vaivenes políticos, culturales y religiosos que han definido al archipiélago a lo largo de los siglos. Desde la estricta prohibición durante la época colonial española hasta los breves periodos de flexibilidad bajo las ocupaciones estadounidense y japonesa, la legislación sobre el divorcio ha sido un reflejo de las tensiones entre tradición y modernidad. La única excepción a esta estricta legislación es en beneficio de la comunidad musulmana de Filipinas, que representa alrededor del 5% de la población.

En 1977, durante la dictadura de Ferdinand Marcos, se aprobó el Código de Leyes Musulmanas Personales, que permite el divorcio dentro de esta comunidad. Esta legislación reconoce las tradiciones y prácticas culturales y religiosas de los musulmanes filipinos, ofreciéndoles un sistema legal paralelo en materia de familia y matrimonio. Esta excepción ha sido un punto de controversia, ya que resalta la desigualdad en el tratamiento legal del divorcio entre diferentes grupos religiosos en Filipinas. Mientras que los musulmanes pueden divorciarse bajo ciertas condiciones, los católicos y otros grupos religiosos no tienen esa opción.

Matrimonio indisoluble

Durante más de tres siglos de dominio español (1565-1898), Filipinas adoptó las leyes y costumbres de la metrópoli, incluyendo la visión católica del matrimonio como un sacramento indisoluble. Bajo el Código Civil español, que fue también vigente en Filipinas, el divorcio estaba estrictamente prohibido. Sin embargo, se permitía la separación legal en casos muy limitados, como el adulterio o la bigamia, aunque esto no disolvía el vínculo matrimonial.

La Iglesia Católica, que ejercía un poder inmenso en la colonia, vigilaba celosamente el cumplimiento de estas normas, asegurando que el matrimonio fuera una institución permanente e inquebrantable. Esta mentalidad se arraigó profundamente en la sociedad filipina, donde la religión y la tradición se entrelazaron con la vida cotidiana. El legado español no solo trajo consigo una estructura legal, sino también una moralidad que persiste aún día, mucho después de que España perdiera el control de Filipinas.

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Con la llegada de los Estados Unidos a Filipinas tras la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 y la guerra Filipino-Estadounidense (1899-1902), el país experimentó cambios significativos en su sistema legal. En 1917, durante la ocupación estadounidense, se legalizó el divorcio, pero solo en casos específicos, como el adulterio y el concubinato. Esta medida reflejaba la influencia de las leyes estadounidenses, más progresistas en comparación con las españolas, pero aún conservadoras en términos de derechos familiares. Aunque este cambio representó un avance, el divorcio siguió siendo un tema controvertido y poco común. La sociedad filipina, profundamente católica, veía con recelo la disolución del matrimonio, y muchos consideraban que el divorcio era una amenaza para la estabilidad familiar y social.

Durante la Segunda Guerra Mundial, las Filipinas fueron ocupadas por el Imperio Japonés (1942-1945) e introdujo cambios en la legislación sobre el divorcio. Los japoneses, buscando armonizar las leyes locales con sus propias costumbres, ampliaron las causales para permitir el divorcio. Este periodo, aunque breve, representó un momento de mayor flexibilidad en la legislación filipina, permitiendo a las parejas separarse bajo una gama más amplia de circunstancias.

Sin embargo, esta apertura no duró mucho. Con el fin de la guerra y la retirada de Japón, Filipinas recuperó su independencia y comenzó a reconstruir su sistema legal. La influencia de la Iglesia Católica, que había resistido los cambios durante la ocupación japonesa, volvió a cobrar fuerza. En 1950, Filipinas promulgó su propio Código Civil, que restringió severamente el divorcio. Bajo esta nueva legislación, el divorcio volvió a ser prácticamente inexistente, permitiéndose solo la anulación del matrimonio en casos extremos, como la bigamia, la impotencia o el fraude. Esta decisión fue el resultado de las fuertes presiones de la Iglesia Católica, que seguía siendo una fuerza dominante en la política y la sociedad filipina.

Resistencia al cambio

La ausencia de una ley de divorcio en Filipinas es una de las huellas más persistentes del legado colonial español en el país. Mientras que en el resto del mundo —incluidos muchos países de tradición católica — el divorcio se ha normalizado como un derecho civil, las Filipinas sigue siendo el único estado, junto con el Vaticano, donde no está legalmente permitido. Esta resistencia al cambio no solo responde a la influencia de la Iglesia católica, sino también a un entramado político que ha convertido la cuestión en un tema tabú. Aunque en los últimos años ha habido intentos de legislar sobre el divorcio, las presiones religiosas y el conservadurismo político han frenado cualquier avance significativo, dejando a miles de filipinos atrapados en matrimonios irremediablemente rotos.

Para Florenda Corpus, directora de The Filipino-Japanese Journal, la influencia de España con el hecho que aún no exista el divorcio en Filipinas es más que evidente. “La colonización española influyó en el hecho de que Filipinas aún no tenga una ley de divorcio”, asegura a El Confidencial. “La Iglesia católica moldeó las leyes y normas sociales durante el dominio español, y su influencia sigue siendo muy importante en la política y la sociedad hoy en día”, afirma la periodista filipina. El director del Instituto Cervantes de Manila, Francisco Javier López Tapia, se muestra opuesto a este punto de vista y asegura a nuestro medio que “se trata de una cuestión de índole religiosa — y más concretamente, católica — que española”.

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El profesor titular y coordinador de la Sección de Español del Departamento de Lenguas Europeas de la Universidad de Filipinas Diliman y fundador y presidente de la Asociación Filipina de Profesores de ELE, Miguel Blázquez, opina que “la resistencia a legalizar el divorcio en Filipinas está estrechamente vinculada a la poderosa influencia del lobby católico, que sigue teniendo un peso considerable en la política y las decisiones legales del país”. No obstante, el académico evidencia que “esta presión no solo ha sido un obstáculo para su legalización, sino que también, afortunadamente, ha impedido la reinstauración de la pena de muerte”.

Las Siete Partidas

“Es relevante señalar que, aunque la Constitución establece la separación entre Iglesia y Estado, la Iglesia Católica sigue teniendo una fuerte presencia en la sociedad filipina”, afirma Blázquez. Un claro ejemplo de esto es la persistente ausencia de una ley de divorcio para la mayoría de la población “por eso, a pesar de que la minoría musulmana tiene derecho al divorcio bajo el Código Personal Musulmán, el resto de la población sigue estando sujeta a las restricciones impuestas por el catolicismo, una herencia directa de la dominación española”, asegura el profesor español.

En opinión de A.J. Alfafara, la colonización española influyó significativamente en la ausencia de una ley de divorcio en Filipinas para los no musulmanes y los no pertenecientes a pueblos indígenas, “principalmente en la introducción de creencias católicas y sistemas legales”. La activista explica que durante el periodo de colonización española se introdujo las Siete Partidas, que permitían la separación legal pero no el divorcio absoluto. “Esto significaba que las parejas podían separarse en términos de convivencia y bienes, pero no podían volver a casarse legalmente”, analiza la fundadora de la coalición Divorce Pilipinas.

“La Iglesia católica, con su firme postura en contra del divorcio, tuvo una gran influencia en esta política, ya que consideraba el matrimonio una ‘institución inquebrantable’. De hecho, el actual Código de Familia filipino está basado en el Derecho Canónico... Resulta bastante arcaico, ¿verdad?”, cuenta la activista. “Antes de la llegada de los españoles, en Filipinas existía el divorcio; tras la colonización española, el divorcio se permitió durante solo 32 años y sin embargo, los musulmanes nunca dejaron de tener esta opción y algunos pueblos indígenas aún lo practican”, se queja la activista de esta disparidad de criterios legales según las creencias de cada ciudadano.

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Alfafara puntualiza que el estado filipino “reconoce el divorcio en casos específicos, no sólo en el de los musulmanes y los pueblos indígenas, sino también aquel obtenido en el extranjero por un ciudadano extranjero contra un cónyuge filipino”. “La era colonial española estableció un marco legal y social que desalentó fuertemente el divorcio, influenciado principalmente por la doctrina católica”, opina la activista. “A pesar de la posterior influencia estadounidense y de movimientos internos a favor de leyes más liberales, el legado de la colonización española y la continua influencia de la Iglesia católica han contribuido a que Filipinas sea uno de los pocos países sin una ley de divorcio para una gran parte de su población”, concluye.

A.J. Alfafara y miles de personas en su misma situación siguen esperando una legislación que les permita cerrar legalmente un capítulo de sus vidas y empezar de nuevo sin trabas burocráticas ni imposiciones religiosas. Mientras el resto del mundo ha normalizado el divorcio como un derecho civil, Filipinas se mantiene anclada en un pasado impuesto por la colonización y perpetuado por el poder eclesiástico. Sin embargo, el creciente activismo y el debate público sobre la cuestión demuestran que el país no es inmune al cambio. La pregunta es cuánto tiempo más deberán esperar aquellos que, como Alfafara, solo desean recuperar su autonomía y su futuro.