Bruselas flexibiliza los criterios para deportar a solicitantes de asilo a un país fuera de la UE

La Comisión Europea ha hecho este martes una propuesta para flexibilizar las opciones que tienen los Estados miembros de la UE de deportar a los solicitantes de asilo a un país tercero considerado como seguro, con el requisito de que en dicho territorio se respeten los derechos humanos, "también en la práctica", ha explicado una fuente comunitaria. Desde el Ejecutivo comunitario rechazan que se esté adoptando un "modelo Ruanda", en referencia al mecanismo que trató de establecer el anterior Gobierno conservador del Reino Unido para enviar solicitantes de asilo al país africano para procesar allí sus peticiones y que fue finalmente tumbado por los tribunales.

Se trata de una propuesta que ahora debe ser negociada y aprobada por los colegisladores, es decir, el Parlamento Europeo y el Consejo, que representa a los Estados miembros. El Ejecutivo comunitario no establece una lista de países que puedan considerarse seguros, sino que marca unos estándares mínimos que fuentes internas califican de "muy altos". Con la modificación presentada por la Comisión Europea un Estado miembro podrá enviar a un solicitante de asilo a un país tercero que pueda ser considerado seguro sin necesidad de que sea obligatoria una conexión entre el solicitante y dicho país, y que el simple hecho de haber transitado por su territorio en la ruta hacia la Unión Europea pueda "considerarse ahora un vínculo suficiente".

Pero incluso si el solicitante de asilo no ha transitado por dicho país ni tiene ningún vínculo previo, se permitirá la deportación "si existe un acuerdo o convenio" con ese Estado tercero, según explica el Ejecutivo comunitario, siempre que dicho acuerdo garantice "que haya un examen de la solicitud de protección efectiva" en dicho país. Además, para dar más facilidades a las autoridades nacionales de la UE, Bruselas propone que los recursos que puedan presentar los solicitantes de asilo en caso de inadmisibilidad no tengan un efecto suspensivo automático para "reducir los retrasos procesales".

La Comisión, presidida por la alemana Ursula von der Leyen, cumple así con una de las reclamaciones del Partido Popular Europeo (PPE) y de algunos Gobiernos, como el ultraconservador italiano liderado por Giorgia Meloni, que cuenta ya con un esquema para deportar inmigrantes a una base en Albania donde se procesan sus solicitudes, y que ya se ha encontrado con numerosos reveses judiciales. Fuentes comunitarias defienden que "lo único que ha cambiado (respecto a la legislación vigente) es que la conexión no será más una condición", recordando que "tampoco lo es bajo el derecho internacional".

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Los acuerdos como el albanés que tiene Roma "no son con un país aleatorio en África, sino con un país tercero, seguro que cumpla con los criterios", han defendido las fuentes. "No vale con que un país tenga legislación para proteger los derechos humanos, sino que en la práctica los respete", añaden. Con la propuesta, Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea a cargo de Seguridad, ha explicado que Bruselas capacita "a los Estados miembros para gestionar las solicitudes de asilo de forma más eficaz, basándonos en el pleno respeto de los derechos fundamentales y en una cooperación más estrecha con nuestros socios internacionales de confianza".

Lena Düpont, eurodiputada alemana de la CDU y portavoz de Interior del Partido Popular Europeo en la Eurocámara, ha asegurado que la propuesta presentada por la Comisión "envía el mensaje correcto". "Definir terceros países seguros es clave para crear asociaciones fiables con los países de origen y tránsito. Quienes están comprometidos con el retorno y la protección necesitan normas claras, procedimientos justos y criterios sólidos", ha asegurado la alemana. Silvia Carta, de la Plataforma de Cooperación Internacional sobre Inmigrantes Indocumentados (PICUM), ha lamentado que la propuesta es "un golpe contra las personas que buscan protección y subsistencia en Europa".

"Podemos esperar que se separen familias y se deporte a personas sin el debido control judicial a lugares que ni siquiera conocen. Esta no es forma de estar a la altura de los valores europeos de dignidad humana y derechos humanos", ha añadido Carta.