La justicia europea falla contra la Comisión por ocultar los mensajes con el CEO de Pfizer

Principio del fin del culebrón conocido como ‘Pfizergate’, el escándalo que siguió a la decisión de la Comisión Europea de no publicar los mensajes entre Ursula von der Leyen, presidenta del Ejecutivo comunitario, y Albert Bourla, presidente y CEO de Pfizer, entre enero de 2021 y mayo de 2022, una época en la que la institución negociaba la compra conjunta de vacunas contra el Covid-19 para todos los Estados miembros interesados.

El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha fallado que la institución erró al denegar el acceso a dichos documentos que solicitó una periodista del New York Times, que, en todo momento “aportaron elementos pertinentes y concordantes que describen la existencia de intercambios”. Sin embargo, la Comisión ha dado respuestas que “se basan o bien en suposiciones, o bien en informaciones cambiantes o imprecisas”.

La Comisión Europea puede ahora recurrir ante el más alto tribunal europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La institución admite que la resolución del Tribunal General muestra que “debería haber explicado más detalladamente su decisión al no disponer de los documentos del tipo solicitado”. “La Comisión estudiará ahora detenidamente la decisión del Tribunal General y decidirá los próximos pasos. A tal efecto, la Comisión adoptará una nueva decisión en la que dará una explicación más detallada”, añade el Ejecutivo comunitario en un comunicado, señalando que la intención de la institución no es publicar los documentos, sino emitir una nueva decisión denegando su publicación, pero mejor fundamentada.

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El tribunal, en todo caso, pone las cosas difíciles a la Comisión, porque en su decisión señala que tanto la periodista como los abogados de la cabecera estadounidense “han conseguido refutar la presunción de inexistencia y de no posesión de los documentos solicitados”. Para los críticos de Von der Leyen y sus formas al frente de la Comisión Europea, que dirige desde diciembre de 2019, la sentencia es por fin un momento de ajuste de cuentas con su gestión personalista y opaca. Esos críticos están también dentro de la institución, aunque especialmente fuera.

“La sentencia de hoy confirma nuestra posición de que la Comisión se equivocó al negar el acceso a estos mensajes de texto. Esta sentencia va más allá de la transparencia: se trata de restablecer la responsabilidad institucional de la que la Comisión Europea ha carecido lamentablemente. Debería servir de catalizador para que la Comisión cambie por fin su actitud restrictiva hacia la libertad de información”, ha explicado Shari Hinds, de Transparencia Internacional.

El TUE asegura en su decisión que “el Reglamento relativo al acceso a los documentos tiene por objeto conferir, de la manera más completa posible, el derecho de acceso del público a los documentos que obran en poder de las instituciones. De este modo, y por regla general, todos los documentos de las instituciones deben ser accesibles al público”. El tribunal señala que cuando “en respuesta a una solicitud de acceso, una institución afirma que un documento no existe, se presume la inexistencia de éste, en virtud de la presunción de veracidad de que goza esa declaración. A pesar de ello, esta presunción puede ser refutada sobre la base de elementos pertinentes y concordantes aportados por el solicitante”.