Vecinos contra bandas en el Ecuador más violento: "El miedo nos está ganando"

Solanda es una de las barriadas más populares del sur de Quito. La calle José María Alemán, bautizada como "la J", es una célebre avenida comercial, conocida por todo habitante de la capital. Decenas de establecimientos se abren al público en los soportales de los típicos edificios de dos o tres plantas. La actividad, habitualmente, no cesa hasta bien entrada la madrugada.

Ese Solanda podría estar a punto de desaparecer. El repunte de violencia que vive Ecuador se ha sentido especialmente en esa comunidad, dejando un reguero de asesinatos, un estallido de extorsiones y un aumento vertiginoso de robos que está generando terror entre los vecinos y provoca el cierre de comercios. "El miedo nos está ganando", lamenta Rosario López, vecina de Solanda y líder de un comité de mejoras barriales.

Los vecinos están haciendo lo que pueden para organizarse, a pesar del temor, mientras intentan mantener un bajo perfil. "Antes nos uníamos, salíamos a protestar a las calles, pero antes no venían con una pistola en mano. Ahora es con un arma".

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Al menos nueve personas han sido asesinadas en lo que va de año en las calles del barrio. Isabel lamenta que la dotación de seis agentes de policía por turno no es suficiente para una zona donde viven 140.000 habitantes.

Una de las víctimas mortales fue acribillada en la misma esquina de la comisaría local. "A tres pasos de la policía, hay muertes violentas, entonces nos tenemos que preguntar si ellos están trabajando o tienen el mismo miedo que nosotros", explica Isabel Vargas, también líder vecinal, mientras camina por las calles del barrio, repleto de locales comerciales.

La mayoría de los habitantes de Solanda han cambiado sus hábitos debido a ese estallido violento. "Los negocios están cerrando más temprano y en algunos casos han cerrado porque también estamos expuestos a las extorsiones, que son prácticamente a diario", comenta Isabel.

Solanda es un barrio que se prende tarde, pero un recorrido a mediodía deja una imagen de actividad a medio gas, con persianas bajadas. Algunas de ellas no se levantarán en todo el día debido a la situación que vive el barrio.

"El Gobierno nos subió el IVA del 12 al 15% y esos tres puntos que se incrementó supuestamente era para combatir la delincuencia, pero no hay incremento de policías, ni de los insumos y herramientas necesarias que ellos deberían tener para combatir este tipo de delitos", expone Isabel, señalando al Ejecutivo del recién reelecto Daniel Noboa.

No es una crítica impulsada por la polarización que vive Ecuador. La vecina, como otros muchos, no confía en ningún político. Tampoco votó a la candidata correísta, Luisa González, en las elecciones de abril, porque no cree que pudiese cambiar la situación. Su voto fue nulo.

La crisis en Solanda es la réplica de la grave situación que vive el país. Ecuador sufrió un brutal estallido violento en 2023, debido a las acciones de las bandas de narcotraficantes adscritas a los carteles internacionales de la droga, cuando el país se confirmó como punto principal de la salida hacia EEUU de los narcóticos llegados de los vecinos Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del planeta.

Ese año, Ecuador registró una tasa 45.72 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Desde entonces el país andino es el más violento de toda América Latina. Noboa declaró, en 2024, la existencia de un conflicto armado interno y sacó a los militares a la calle tras establecer un estado de excepción y designar a las bandas como organizaciones terroristas. Funcionó durante los primeros meses y las cifras de homicidios cayeron un 15% en 2024.

Era un espejismo. La violencia ha repuntado fuertemente. Entre enero y febrero se han registrado 1.529 asesinatos en todo el país, un 40% más que en esos mismos meses del año 2023. Si la tendencia continúa, se podrían superar, tristemente, todas las cifras antes registradas.

El epicentro de la violencia es el área metropolitana de Guayaquil, en la costa occidental, por donde salen en barco los narcóticos, pero la proliferación de las bandas ya se está notando con fuerza en la capital, Quito, que desde el pasado octubre entra en las sucesivas declaraciones temporales de estado de excepción.

Ese contexto deja un cuadro de autoridades superadas y por eso los vecinos de las zonas más afectadas intentando defenderse por ellos mismos.

"La ciudadanía nos estamos organizando nosotros. Ponemos puertas en los callejones, ponemos nuestras alarmas, porque la participación de la Policía Nacional no se hace evidente", dice Isabel en las calles de Solanda. En las calles del barrio son patentes esas nuevas medidas de seguridad erigidas de forma privada por los vecinos.

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Muchos negocios tienen sus propios sistemas de seguridad, pero aun así los habitantes de Solanda también se han visto obligados a cambiar sus rutinas con tácticas que se difunden y se consolidan a través del boca a boca. "Hemos mudado nuestros hábitos. Ya no caminamos siempre de vuelta a casa por el mismo lugar. Toca además llegar temprano a la casa, y llamar a algún taxi que sea seguro para poder salir. Además, nos cuidamos entre los propios vecinos", expone Vargas.

Pero ni por esas es posible, en muchas ocasiones, escapar de la violencia. A Rosario le pusieron una pistola en la espalda en la puerta de su casa después de haber seguido todas las medidas de seguridad de las que había estado hablando con sus vecinos. Eran las dos de la tarde. Sucedió mientras abría la cancela. Los vecinos intentaron ayudarla, pero los cacos dispararon al aire y los dispersaron. Se llevaron hasta las bolsas de la compra.

"Nosotros como ciudadanos lo único que estamos haciendo es tratar de tener reuniones, de exigir al ministerio del Interior que se incremente el número no solo de policías uniformados, sino también de Inteligencia", reclama la líder barrial.

"Lamentablemente, la corrupción es el pan de todos los días. Existen narcogenerales que no han sido juzgados y hay impunidad. Inclusive dentro de la función judicial de la Fiscalía existen elementos que trabajan conjuntamente con estas mafias. Esa es una debilidad y por eso los ciudadanos estamos tratando de defendermos por nosotros mismos con las alarmas, puertas y ese tipo de seguridad", destaca Rosario.

Gerardo Bonilla es un veterano comerciante local que intenta coordinar acciones con la policía estacionada en Solanda. Denuncia las extorsiones a las que es sometido el sector por las bandas. "Nos obligan a pagar unas cuotas. Lo aplican hasta a comerciantes que viven con el trabajo del día. Algunos tienen que darles a ellos diez dólares diarios, cuando el vendedor gana unos 15. Yo tengo acceso y converso con los jefes distritales de aquí de la policía sobre esa problemática", asegura el hombre, que está tratando de mejorar la disposición de las fuerzas del orden en la zona.

A unos kilómetros al norte, en el barrio San Juan, situado en las laderas que dominan el centro de la capital, los vecinos se han organizado para establecer un moderno sistema de aviso y seguridad conocido como las alarmas comunitarias.

Si algún comercio o viandante registra un intento de robo, un simple clic en una aplicación de teléfono móvil provoca que se active el ruido atronador de decenas de alarmas colocadas estratégicamente por todo el escarpado barrio.

Decenas de personas, dueños de los negocios de la zona, comerciantes, chefs, peluqueros, o transportistas salen entonces armados con palos a la búsqueda de los cacos o los extorsionadores.

No es un sistema secreto. Todo lo contrario. Quieren que se sepa que están coordinados. "Ladrón cogido, ladrón quemado", amenazan numerosos carteles a lo largo de la barriada. "En defensa de nuestro esfuerzo, barrio organizado, barrio seguro", rezan. "Queremos demostrarle a la gente que somos un barrio preparado", sostiene el dueño de un restaurante mientras sostiene la barra de hierro que blande cuando estallan las alarmas.

Los comerciantes de la zona aseguran que el sistema, establecido con ayuda pública, ha contribuido a establecer una mayor calma en San Juan, después de que en 2022 y 2023 muchos locales cerraran por miedo.

"En la práctica se ha delegado el cuidado del barrio a la propia comunidad", destaca Manuel Moya, líder de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador (CUBE) que reclama un incremento de la dotación policial en unos vecindarios de Quito atónitos ante el aumento de la violencia.

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Nadie quiere que la situación se descontrole tanto como en la costa Pacífico del país, donde se han dado casos recientemente que han estremecido a Ecuador, como el asesinato en Guayaquil de cuatro menores de edad afroecuatorianos que aparecieron muertos a finales de 2024 después de haber sido retenidos por un grupo de militares.

En abril el país se conmocionó por una brutal masacre en Socio Vivienda, una de las zonas más conflictivas del país, donde las autoridades hacen constantes redadas, pero el crimen vuelve nada más dejar la zona policías y militares. Al menos 22 personas fueron ejecutadas por una de las ramas de la banda que controla la zona. Los pandilleros fueron casa por casa asesinando a sus víctimas.

La pasada semana se dio otra masacre que generó zozobra en el país. Un grupo de hombres armados irrumpió en una gallera en Manabí, mientras que se celebraban peleas de gallos y acabaron con la vida de 12 personas. El incidente quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y fue ampliamente difundido en las redes sociales, desatando el terror en un país que teme acostumbrarse a ese tipo de actos violentos.