Las estrategias del trumpismo para purgar las instituciones de funcionarios 'desleales'

Si en algo están de acuerdo todos los estadounidenses es en que el trumpismo ha llegado al poder para cambiar cosas. Y uno de los ámbitos donde más se está notando ese cambio es en el ámbito de las instituciones federales, cuyos nuevos directores están marcando su propia agenda de prioridades, en línea con el realineamiento ideológico del gobierno. Los recursos para la promoción religiosa o la lucha contra la inmigración ilegal se han disparado mientras se recorta masivamente en otros ámbitos. Los inspectores encargados de los derechos de los empleados, por ejemplo, se enfocan ahora en asegurar que no existe favoritismo o discriminación hacia los trabajadores extranjeros en lugar de los propios estadounidenses. Una supuesta discriminación que, según los críticos, solo existe en la mente de los agitadores antiinmigración, pero contra la cual la supervisión se ha convertido en una realidad.

Uno de los casos más claros es el de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, que tradicionalmente se ha enfocado en cuestiones como la discriminación por razones de raza o discapacidad, los abusos policiales o institucionales, la restricción de voto y, bajo gobiernos demócratas, también en la promoción de iniciativas de diversidad. Creada en 1957 por la Administración Eisenhower bajo la llamada Ley de Derechos Civiles, su tarea es asegurar “los derechos constitucionales de todas las personas en Estados Unidos, en concreto algunos de los miembros más vulnerables de nuestra sociedad”.

Pero ahora su nueva directora, Harmeet K. Dhillon, ha dado instrucciones a los empleados para que redirijan sus esfuerzos a combatir lo que la Administración Trump percibe como los grandes males de América: la ideología ‘woke’, el antisemitismo, los supuestos sentimientos anticristianos de muchos estadounidenses o los derechos de las personas trans. Una de las primeras acciones de Dhillon ha sido el cambiar la denominación de las subdivisiones de esta institución, encomendándoles nuevas misiones como “Mantener a los hombres fuera del deporte femenino” (una reacción contra los atletas transgénero), “Erradicar el sesgo anticristiano” o “Acabar con el adoctrinamiento radical en la escolarización K-12”, el código utilizado en la administración estadounidense para referirse a la escolarización durante los 12 primeros cursos.

TE PUEDE INTERESAR

Si pensabas que la distopía autoritaria de EEUU se iba a quedar aquí, te equivocabas

Daniel Iriarte

Dentro de esta reorganización, se han desplegado abogados de derechos civiles en el Departamento de Servicios Humanos y de Salud para investigar posibles casos de “antisemitismo”, con el foco puesto en las protestas por la guerra de Gaza. El motivo es que muchas universidades dependen de la financiación de este departamento para sus escuelas médicas, por lo que la Administración Trump buscaría ejercer presión sobre su directiva a través de estas partidas presupuestarias, en línea con la incipiente guerra entre Washington y estos centros educativos.

Un éxodo buscado

Esta reorientación está provocando un auténtico éxodo de funcionarios, que es exactamente lo que el gobierno busca. Conscientes de que la implementación de esta reorientación iba a causar fricciones, inmediatamente después de la asunción de la presidencia por parte de Trump las nuevas autoridades estadounidenses ofrecieron a los funcionarios la posibilidad de acogerse al llamado “programa de dimisión diferida”, que les permite dejar su puesto pero seguir cobrando durante un tiempo limitado. Más de un centenar de abogados se han acogido ya a este programa - por el que seguirán percibiendo su salario hasta septiembre- o se espera que lo hagan a lo largo de esta semana. A esto hay que sumar los que ya habían salido del Departamento de Justicia en una ola anterior, por lo que la plantilla total de unos 380 abogados quedará ahora reducida a menos de la mitad.

Dhillon ha alabado públicamente la salida de estos empleados potencialmente díscolos. “Ahora, más de cien abogados han decidido que prefieren no hacer lo que su trabajo les exige, y creo que está bien”, declaró esta semana en un podcast de ideología conservadora. “No queremos en el gobierno federal a gente que siente es su proyecto predilecto es salir a perseguir a los departamentos de policía […[. El trabajo aquí es hacer cumplir las leyes federales de derechos civiles, no la ideología woke”, añadió luego.

TE PUEDE INTERESAR

La rivalidad entre 'familias' geopolíticas que explica el caos de la política exterior de Trump

Daniel Iriarte

Las críticas no se han hecho esperar. “Durante casi 70 años, la división de derechos civiles ha hecho cumplir las leyes aprobadas por el Congreso para promover la igualdad, la dignidad y la justicia para todos los estadounidenses. Al purgar de forma efectiva a la amplia mayoría de los abogados de la división, el Departamento de Justicia está parando su trabajo casi totalmente”, ha declarado Stacey Young, una abogada de derechos civiles que dimitió a principios de este año para fundar la organización Justice Connection, que defiende a antiguos empleados de esta institución, al diario The Washington Post.

Aún más vocal ha sido Vanita Gupta, que dirigió dicha sección durante la Administración Obama: “Esto no es simplemente un cambio en la implementación de prioridades: a la división se le ha dado la vuelta completamente y ahora va a ser usada como arma contra las mismas comunidades para cuya protección fue establecida”, afirma en declaraciones a The New York Times.

Acabar con las filtraciones

La Administración Trump también está adoptando medidas severas contra otra de las obsesiones de sus máximos responsables: las filtraciones a la prensa. La semana pasada, el Departamento de Justicia revocó varias protecciones legales para los medios de comunicación que publiquen información institucional filtrada, facilitando que los periodistas responsables de estos reportes puedan ser imputados y llevados a juicio. También se permite que las fuerzas de seguridad puedan solicitar la vigilancia de las comunicaciones personales de los reporteros. La nueva regulación, además, amplía el alcance del tipo de publicaciones que pueden motivar este tipo de acciones, afectando no solo a información clasificada sino también “privilegiada o sensible” que esté “diseñada para sembrar el caos y la desconfianza” en el gobierno.

Una formulación que muchos creen está pensada para frenar la difusión de cualquier historia que comprometa la actuación del gobierno, como la reciente revelación sobre la difusión de los planes de guerra de la Administración Trump contra los rebeldes hutíes de Yemen en varios chats no clasificados en Signal. De hecho, uno de los principales responsables de ese escándalo, el Secretario de Defensa Pete Hegseth, despidió este mes a varios altos asesores del Pentágono a quienes acusó de filtrar información a los medios, y amenaza con iniciar un proceso judicial contra varios de ellos.

TE PUEDE INTERESAR

El Secretario de Defensa de EEUU compartió planes de guerra en otro chat con parientes

D. I.

Bajo la dirección de Kash Patel, el FBI también ha empezado a utilizar detectores de mentiras en sus empleados para detectar el origen de diversas filtraciones, algo que la institución confirmó este martes en un comunicado enviado a la agencia Reuters. “La seriedad de las filtraciones específicas en cuestión precipitó el uso de polígrafos, dado que implicaban un daño potencial a los protocolos de seguridad de la oficina”, ha declarado un portavoz del FBI al Washington Post, sin entrar en más detalles. El Departamento de Justicia también ha empezado a investigar a aquellos agentes que se ocuparon de los casos de los individuos que asaltaron el Capitolio en enero de 2021.

Por su parte, la directora nacional de Inteligencia Tulsi Gabbard prometió en marzo “perseguir agresivamente a los filtradores recientes”, y la semana pasada remitió los dos primeros casos al Departamento de Justicia. Gabbard dice que trabajará tanto con esta institución como con el FBI para “investigar, terminar y llevar a juicio” a estos individuos, a quienes etiqueta como “criminales”.

Fuera protecciones legales

El propósito último de esta estrategia es purgar la administración estatal de rebeldes, disciplinar a los descontentos y, en último término, llenarla de sus partidarios. Es lo que persigue también la creación de una nueva categoría de funcionario denominada ‘Schedule Policy/Career’, de difícil traducción, anunciada mediante orden ejecutiva por el gobierno Trump el pasado 18 de abril, cuyo objetivo es transparente: eliminar cualquier barrera para el despido de estos funcionarios si no cumplen con las exigencias políticas del poder ejecutivo. El propio Trump lo describió así en Truth Social: “Si estos trabajadores del gobierno se niegan a promover los intereses políticos del Presidente, o llevan a cabo un comportamiento corrupto, ya no deben tener un trabajo”.

TE PUEDE INTERESAR

Las nuevas prioridades bélicas de EEUU: guerra a los cárteles y defender Taiwán… pero no Europa

Daniel Iriarte

En la práctica, esto se traduce en que los trabajadores tendrán que plegarse a lo que sus jefes políticos les exijan o serán despedidos y reemplazados por alguien más leal o dócil. La propia Oficina de Gestión de Personal estima que este nuevo estatus se aplicará a unos 50.000 empleados, aproximadamente el 2% de la plantilla laboral del gobierno federal.

Esta medida, de hecho, ya estaba contemplada dentro del llamado Proyecto 2025, el controvertido documento elaborado por la Fundación Heritage para la transformación del gobierno en una nueva administración conservadora, y que causó tal polémica que obligó al propio Trump a desmarcarse de ella. Ahora, sin embargo, se ha convertido en la hoja de ruta de muchas de las transformaciones impulsadas desde arriba que estamos viendo en EEUU estos días. Todo apunta a que no serán las únicas.