El Supremo de EEUU ordena la suspensión provisional de deportaciones basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ordenado este sábado al Gobierno que suspenda las deportaciones amparadas en la llamada Ley de Enemigos Extranjeros empleada por la Casa Blanca para deportar a migrantes irregulares a El Salvador.

"Se ordena al Gobierno no trasladar a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos desde Estados Unidos hasta nueva orden de este Tribunal", reza la orden del Supremo.

La orden afecta particularmente a los detenidos ahora mismo en el centro de detención de Bluebonnet, en el norte del estado de Texas, acusados de formar parte de la organización criminal Tren de Aragua. Al declarar a esta organización como entidad terrorista, la Adminstración Trump argumenta que acabó facultada para aplicar esta polémica ley, redactada en el siglo XVIII para su uso en tiempo de guerra.

La ley solo se ha invocado en tres ocasiones anteriores en la historia de Estados Unidos, la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial para recluir a civiles estadounidenses de origen japonés en campos de internamiento. La Administración Trump acabó empleando la ley para expulsar "en caliente" a los migrantes que identificaban como miembros de esta organización criminal, independientemente de su estatus migratorio y sin cumplir el protocolo necesario.

Un juez federal impide deportar a terceros países

Un juez federal ha resuelto este viernes que el presidente Donald Trump no podrá deportar a personas no estadounidenses a terceros países -distintos de su lugar de origen- sin respetar el debido proceso, lo que incluye permitirles plantear preocupaciones sobre su seguridad.

EEUU puede a día de hoy deportar a personas extranjeras a un país distinto del suyo, incluso si un juez de inmigración ordena su traslado a un lugar donde corran el riesgo de ser torturadas o asesinadas, sin darles la posibilidad de advertir a las autoridades responsables de la deportación sobre el grave peligro o amenaza de muerte que enfrentan, ha subrayado el magistrado Brian Murphy en una orden judicial recogida por ABC News.

Murphy ha alertado que el gabinete de Trump "ha aplicado y seguirá aplicando la supuesta política de expulsar a extranjeros a terceros países sin previo aviso ni oportunidad de ser escuchados sobre reclamos basados en el miedo; en otras palabras, sin el debido proceso".

"Ha aplicado y seguirá aplicando la supuesta política de expulsar a extranjeros a terceros países sin previo aviso"

Así las cosas, el juez ha aseverado que su orden busca prevenir el "daño irreparable" -persecución, tortura y muerte- al que pueden enfrentarse estas personas en los países a los que se las envía, donde frecuentemente no tienen la oportunidad de impugnar ante la Justicia su deportación.

En la misma línea, el fallo de Murphy obliga a la Casa Blanca a notificar por escrito a los extranjeros antes de deportarlos a un tercer país, así como a garantizarles una "oportunidad significativa" para manifestar sus inquietudes en materia de seguridad, ofreciéndoles un plazo mínimo de 15 días para solicitar la reapertura de sus procesos migratorios.

Esta decisión llega después de que el presidente estadounidense apelara el mes pasado a la Ley de Enemigos Extranjeros para enviar a dos aviones cargados con presuntos miembros de pandillas venezolanos a la megacárcel CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) en El Salvador, sin brindarles un proceso legal adecuado y con garantías.