Este 'crucero' con 2.000 refugiados te explica las ideas europeas para la migración que salen mal

No están tomando el sol, ni disfrutando de unas vacaciones a bordo de un hotel flotante. Los 2.000 refugiados atrapados en el crucero Silja en una zona alejada del puerto de Rotterdam llevan ahí desde 2023, a pesar de tener su permiso de residencia en Holanda. El barco estaba destinado a ser un remiendo para salir del paso de forma temporal. Hospedaría a cerca de 1.000 refugiados durante solo seis meses, hasta que puedan encontrar una vivienda, pero se ha convertido en uno de los centros de acogida más grandes del país.

Los médicos que visitan a sus residentes han hecho saltar las alarmas. El hacinamiento y la falta de higiene lo han transformado en una "olla a presión" donde las amenazas, la violencia, y las enfermedades graves campan a sus anchas. Las mujeres y los niños están en riesgo, y la situación puede estallar en cualquier momento. Pero el Gobierno, con la ultraderecha al frente de ministerios clave, da pasos en la dirección contraria. Rechaza la prioridad de los refugiados en el acceso a las viviendas sociales, lo que mantendrá de crucero a este grupo hasta nuevo aviso. El problema de la saturación de los centros de asilo es algo que debe resolver la ministra de Asilo, la ultraderechista Marjolein Faber, le dijo su colega de Vivienda, Mona Keijzer (del partido de los granjeros BBB).

Si algo ha permitido a la ultraderecha de Geert Wilders sustituir al liberal Mark Rutte es su declarada guerra contra la inmigración. No era el mayor de los problemas del país, pero ni con esas ha logrado el actual gobierno aportar algo positivo. Más bien acumula nuevos retos. El Gobierno nacional decide cada seis meses cuántos refugiados deben ser alojados en cada ciudad.

En total, son algo más de 25.000 personas en los más de 340 municipios. Todavía 12.000 de ellos esperan una casa. Faber prometió a las ciudades 30.000 euros por cada refugiado que consigan reubicar desde un centro de asilo y le den vivienda, ya sea con o sin prioridad, como parte de un plan para aliviar la presión sobre el sistema nacional de acogida.

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A. S. Agencias

El antiguo crucero "no es seguro". Este ha sido el mensaje enviado por médicos vinculados a la organización de salud para solicitantes de asilo (GZA) a través de una carta urgente al COA —el organismo encargado de la gestión de estas instalaciones—. Los facultativos denuncian episodios de violencia, amenazas, posibles abusos y unas condiciones de vida que describen como peligrosas e insalubres, especialmente para menores y mujeres jóvenes. El Silja Europa se ha convertido, según los sanitarios, en una "olla a presión" donde se acumulan el hacinamiento, el estrés y la falta de higiene, sentencian los médicos en su misiva, en la que exigen medidas inmediatas para evacuar a los más vulnerables.

Varias personas comparten un camarote —de apenas unos pocos metros cuadrados y, en muchos casos, sin ventanas— y la convivencia forzada en espacios reducidos está generando problemas de comportamiento entre menores, conflictos entre adultos y episodios de violencia verbal y física. Incluso se sospecha que algunos menores podrían estar sufriendo abusos por parte de otros niños. El alarmante deterioro de las condiciones higiénicas tampoco ayuda a que enfermedades contagiosas como la sarna, la gripe, la varicela y el norovirus se estén propagando sin control, según los profesionales. También se habría detectado al menos un caso de tuberculosis, una infección grave que requiere aislamiento y tratamiento urgente.

Además, se han reportado incidentes de acoso a minorías religiosas como cristianos y alauitas por parte de otros refugiados. Incluso hay constancia de la aparición de una bandera del Estado Islámico en las instalaciones, aunque no se ha especificado el contexto del hallazgo. Las mujeres jóvenes, denuncian los sanitarios, viven con miedo constante. Algunas han organizado turnos de vigilancia para evitar ser sorprendidas por hombres de otras plantas del barco. Muchas de las agresiones o situaciones de acoso no se denuncian por vergüenza o temor.

El COA ha reconocido haber recibido la carta —firmada por personal sanitario que trabaja a bordo— y asegura tomarse "muy en serio" las preocupaciones planteadas. El Ayuntamiento de Rotterdam, también destinatario del documento, ha iniciado conversaciones con los organismos para ver qué pueden hacer. La falta de alternativas ha llevado al Gobierno holandés a prorrogar el uso de este barco para alojar refugiados hasta, al menos, 2026. Desde el consistorio, la concejala socialdemócrata Merel Vogelaar asegura que llevan meses exigiendo al Gobierno central que se busquen alternativas viables al Silja. "¿Cuántas alarmas más tienen que sonar para acabar con esta situación inhumana?", se pregunta, según recoge el periódico holandés NRC.

Cruzando la línea de lo soportable

El concejal responsable, Faouzi Achbar, había defendido previamente que, aunque el barco "no es ideal", era "suficientemente bueno como solución temporal". Ahora, tras la publicación de la carta, su equipo afirma que no estaban al tanto del alcance real de los problemas. El partido Leefbaar Rotterdam, la fuerza más fuerte del ayuntamiento, defiende el uso de este crucero como "la mejor solución para evitar más presión sobre el mercado inmobiliario", y propone expulsar del barco a quienes causen incidentes.

Desde el COA reconocen que la situación está lejos de ser ideal, pero insisten en que no hay suficientes centros disponibles y que hacen "todo lo posible" para garantizar una acogida digna. Sin embargo, admiten que el hacinamiento prolongado en camarotes tan pequeños genera tensiones inevitables, quejas constantes y una situación que, a ojos de los médicos, ya ha cruzado la línea de lo soportable.

El proyecto de ley que ha presentado la ministra de Vivienda para eliminar la prioridad de acceso a vivienda social para los refugiados busca, dice, "igualar las condiciones" para todos los demandantes de vivienda, en un país donde las listas de espera para acceder a este tipo de alojamiento pueden superar los diez años. "Con esta ley vamos a tratar a todos por igual". En su visión, la medida pretende dar respuesta a la frustración de miles de ciudadanos holandeses —jóvenes, familias y personas mayores— que ven cómo su acceso a una vivienda asequible se retrasa indefinidamente.

El texto forma parte del acuerdo de coalición, que consideran que el trato preferente a los refugiados ha agravado la saturación del sistema de vivienda pública. A partir de ahora, los refugiados podrán seguir inscribiéndose en el sistema de alquiler social, pero competirán en igualdad de condiciones con el resto de la población.

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La reacción de los municipios no se ha hecho esperar. Una alianza de dieciséis ciudades, incluidas Ámsterdam, Utrecht, La Haya y Groninga, han firmado una carta conjunta calificando la medida de "inhumana" y "una solución falsa que solo generará más problemas". Advierten de que provocará un colapso aún mayor en los centros de acogida, donde actualmente uno de cada tres residentes ya tiene el estatus legal necesario para vivir y trabajar en Países Bajos. "Quitarles la prioridad solo aumentará el hacinamiento, los costes del sistema y el número de personas sin hogar", afirman los municipios, que piden al Gobierno la retirada inmediata del proyecto.

¿Es el asilo un reto para Países Bajos? Sí, especialmente por la vivienda y la gestión. ¿Es una crisis descontrolada o una carga insoportable? No necesariamente. En comparación con el total de población (unos 17 millones), el número de solicitantes de asilo no es desproporcional. En 2023 hubo unas 70.000 solicitudes (de las cuales solo una parte consigue permiso). Los datos no indican una "avalancha", aunque hay picos en ciertos momentos.

¿Entonces dónde está el problema? La responsabilidad de la acogida de refugiados se distribuye entre el gobierno nacional y los municipios, pero la falta de coordinación y recursos ha llevado a una gestión ineficiente. Algunos municipios han expresado su frustración por las decisiones unilaterales del Gobierno central que afectan su capacidad para brindar servicios adecuados a los refugiados.

Además, Holanda enfrenta una notable escasez de viviendas, lo que ha llevado a listas de espera prolongadas para los ciudadanos. La asignación de casa a los refugiados con permiso de residencia ha generado tensiones, ya que algunos ciudadanos sienten que se les da prioridad a los recién llegados, en detrimento de los locales.

El gobierno de coalición, influenciado por el partido ultraderechista PVV, ha implementado medidas más estrictas en materia de asilo. Estas incluyen la introducción de controles fronterizos más rigurosos de dudosos resultados y políticas criticadas por organizaciones de derechos humanos. La percepción de que los refugiados reciben un trato preferencial ha alimentado sentimientos de injusticia entre algunos ciudadanos, lo que, sumado a los discursos políticos que a menudo presentan a los refugiados como una carga para el país, ha polarizado aún más la opinión pública. ¿El resultado? La ultraderecha en el Gobierno.