Marruecos aprieta las tuercas: la represión llega ahora a los familiares de los opositores

Maâti Monjib, 63 años, catedrático de historia de la Universidad Mohamed V de Rabat, acudió el 3 de abril al aeropuerto de capital marroquí para volar a París donde había sido invitado a impartir una conferencia en la Universidad de la Sorbona. Obtuvo, sin problemas, la tarjeta de embarque y se pensó que, por fin, podría viajar al extranjero.

Cuando llegó al control de pasaportes, su ilusión se desvaneció. Una agente le comunicó: "Usted no puede pasar". "Tiene prohibido salir del país", precisó. El superior jerárquico de la mujer acudió después al control y Monjib argumentó que, legalmente, esa prohibición no podía alargarse más de un año. Y él llevaba casi cinco sin poder salir al extranjero. "Lo sé", le contestó su interlocutor, "pero usted sigue figurando en el ordenador". El profesor inició entonces una protesta: tres días de huelga de hambre que reanudará si se mantiene el veto.

Monjib es un opositor en Marruecos que aboga, según sus propias palabras, por instaurar un "auténtico sistema parlamentario que proteja las libertades y los derechos de los ciudadanos". Acusado de malversación y blanqueo de dinero, Monjib estuvo tres meses en prisión a principios de 2021, tiene juicios pendientes, fue expulsado de la universidad y su cuenta corriente y su pequeño patrimonio están embargados.

Su caso es revelador de la situación que prevalece en Marruecos. Cuando el rey Mohamed VI lleva más de un cuarto de siglo en el trono, la represión se mantiene y se incrementa. Cuando fue entronizado, en 1999, no había presos de conciencia en las cárceles, excepto militantes saharauis. Hoy en día, a los cuatro líderes de la revuelta pacífica rifeña de 2017 se añaden algunos más, como el exministro de derechos humanos, Mohamed Ziane, de 83 años, enfermo. Posee también la nacionalidad española, porque su madre era malagueña, pero el Gobierno español no ha hecho gestiones para intentar mejorar su suerte.

"Observamos una vuelta de tuerca en la represión", comenta al teléfono Ayad Ahram, vicepresidente de la Asociación de Defensa de los Derechos Humanos en Marruecos, una ONG con sede en París. "El objetivo en todos los asuntos judiciales en curso es el mismo: acallar todas las voces críticas", recalca.

Entre las más recientes víctimas del endurecimiento del régimen figura también otro intelectual, Fouad Abdelmoumni, de 67 años, secretario general de la organización Transparency Maroc. Cuando Emmanuel Macron viajó en octubre a Marruecos, Abdelmoumni escribió en las redes sociales que el presidente francés y 14 miembros de su Gobierno fueron espiados por los servicios secretos marroquíes con el programa malicioso Pegasus. Así lo publicó en 2021 la prensa francesa, señalando a los espías marroquíes. Abdelmoumni fue condenado a seis meses por "difusión de informaciones falsas" aunque, por ahora, no ha ingresado en prisión.

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Cuando, a partir de 2019, trataron de acabar con los tres principales periodistas (Toufik Bouachrine, Souleyman Raissouni y Omar Radi) más críticos, las autoridades marroquíes invocaron supuestos delitos sexuales para sentarles en el banquillo. Dificultaban así su defensa por parte de las ONG de derechos humanos. La movilización internacional acabó, sin embargo, incitando a Mohamed VI a indultarles en julio pasado. El perdón real no fue completo. Los antecedentes penales se mantienen y les está vetado ejercer el periodismo. "Los saharauis, por su parte, nunca se benefician de una medida de gracia", recuerda Ayad Ahram.

El mes pasado apareció una nueva modalidad de represión. Cuatro miembros, residentes en Marruecos, de la familia de Hicham Jerando, un youtuber exiliado en Canadá, fueron detenidos: su hermana, su cuñado y dos de sus sobrinas, una de ellas Malak, de 13 años, que padece además una enfermedad rara. Las autoridades explicaron después que la adolescente fue, en realidad, ingresada en un centro de protección de menores. Madre e hija fueron puestas en libertad al cabo de una semana.

Los adultos parientes de Jerando han sido acusados por la fiscalía de difusión de informaciones falsas, invasión de la intimidad, participación en delito de falsedad y, sobre todo, complicidad en desacato a un órgano constitucional. Son "cómplices" del youtuber que desde Montreal arremete contra las autoridades de su país y difunde informaciones que les perjudican, aunque no siempre sean fiables. La juventud marroquí se informa hoy en día, sobre todo a través de los youtubers y tiktokers.

Intimidación y amenazas

La intimidación a las familias era hasta ahora un método reservado a los saharauis. Lo cuenta, por ejemplo, en su informe sobre el Sáhara Occidental, publicado el 4 de abril, Mary Lawlor, relatora especial de la ONU encargada de vigilar la suerte que corren los defensores de derechos humanos. Las familias de estos activistas saharauis "son amenazadas con represalias económicas y la falta de oportunidades en materia de educación" para sus hijos, como la privación de becas y de ayudas al transporte escolar. Entregó el informe en enero, como es preceptivo, a las autoridades marroquíes, que no hicieron comentario alguno. Transcurridos tres meses lo ha publicado.

Intelectuales o youtubers marroquíes críticos no movilizan, aunque estos últimos tengan cientos de miles de seguidores, a la sociedad marroquí ni suponen amenaza seria para el régimen. Los que sí han sido capaces de congregar en la calle a cientos de miles de manifestantes en más de medio centenar de ciudades marroquíes han sido las dos organizaciones creadas para protestar contra la invasión de Gaza y contra la "normalización", es decir, la estrecha relación entre Marruecos e Israel. En la sombra juega un papel relevante el gran movimiento islamista Justicia y Caridad, ilegal, pero tolerado.

Las manifestaciones pacíficas, válvula de escape del malestar de la sociedad marroquí, han sido todas toleradas. La paciencia se acaba, sin embargo, cuando, por ejemplo, una docena de jóvenes organizan una sentada ante el supermercado en Salé de Carrefour, una empresa que describen como cómplice de Israel. Fueron condenados en diciembre a seis meses de cárcel, aunque no ingresaron en prisión. Otros, como el islamista Mohamed Boustati, han tenido menos suerte. Cumple un año de prisión por sus "comentarios ofensivos" en redes sobre el papel de Arabia Saudí ante la invasión de Gaza.