La gran apisonadora india: el oscuro programa de Gobierno para frenar las protestas

Los bulldozers entran, arrasan con algunos edificios y dan su particular “lección de buenas maneras”. A unos no les queda más remedio que recoger sus pertenencias salvables entre los escombros y llevar sus vidas a otra parte; a los otros, les queda el prurito de presumir de bastón de mando con forma de cucharón de excavadora.

La escena podría confundirse con lo que ocurre en Palestina, pero sucede en India, donde desde hace años las minorías religiosas denuncian un planificado programa del Gobierno hinduista de Narendra Modi y su partido, el BJP (Partido Popular), para acabar con sus propiedades si realizan protestas.

“Alim Sheikh tardó cinco meses en reunir el dinero necesario para financiar la reconstrucción de su edificio de cinco plantas, demolido por las excavadoras del gobierno el 11 de abril. La demolición de su hotel y restaurante se produjo un día después de que su ciudad natal fuera testigo de un estallido de violencia con motivo del Ram Navami (celebración religiosa hindú)”, explica la Asociación para la Protección de los Derechos Civiles en India (APCR).

Los altercados a los que hace referencia la ONG ocurrieron el 10 de abril de 2022. Ese día, en medio de la procesión del Ram Navani en la localidad de Khargone, grupos hindús y musulmanes se enfrentaron violentamente. Hubo lanzamientos de piedras, disparos, se incendiaron casas, vehículos, y se impuso el toque de queda. Más de 170 personas fueron detenidas los días posteriores, la mayoría musulmanes.

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Las represalias no acabaron ahí. El gobernador del estado de Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan, del BJP, decidió castigar en 24 horas, sin ninguna sentencia judicial que lo avalara, a los que consideraba alborotadores. Mandó sus bulldozers y destruyó buena parte de las viviendas, la gran mayoría propiedad de indios musulmanes, de los supuestos responsables. “Queremos infundir miedo entre los culpables”, dijo. Las excavadoras hicieron el resto.

“Esta es nuestra única fuente de ingresos. Hemos tenido que pedir dinero para reiniciar nuestras vidas”, declaraba entonces Alim, empresario de 42 años, que vio cómo todo su patrimonio pasó a ser recogido con palas. No fue el único, otras 49 familias de Khargone vieron cómo demolían sus viviendas y negocios en lo que cada empezaba a ser una práctica frecuente por todo el país y que tiene nombre propio: “La Justicia de los Bulldozers”.

Demolición punitiva de propiedades musulmanas

“Las demoliciones ilegales generalizadas en India de viviendas, comercios y lugares de culto musulmanes mediante el uso de excavadoras JCB (marca) y otras máquinas deben cesar de inmediato. Varios informes documentan la demolición punitiva de propiedades musulmanas en al menos cinco estados (…). Estas demoliciones se llevan a cabo con impunidad generalizada, como quedó patente en las demoliciones de Mira Road, en Bombay, por los disturbios ocurridos tras la procesión del Templo de Ram”, explicaba Amnistía Internacional en febrero de 2024.

“Las demoliciones ilegales generalizadas en India de viviendas, comercios y lugares de culto musulmanes deben cesar de inmediato"

La ONG se pronunciaba sobre sucesos ocurridos un mes antes. Entonces, se desató una enorme polémica por la consagración antes de las elecciones generales de un templo hindú en el estado de Uttar Pradesh que fue levantado sobre una mezquita demolida por una turba hindú (los hindús denunciaban que mucho tiempo atrás ese era un espacio sagrado de su culto). El hecho de que el primer ministro Modi, en la constitucionalmente secular India, ejerciera de líder religioso en la ceremonia levantó una enorme polvareda en el país. En Bombay, eso acabó de nuevo en enfrentamientos a los que las autoridades volvieron a dar la misma dura respuesta que en Khargone: demoler casas y negocios de la zona donde vivían los musulmanes a los que consideraban culpables de los disturbios.

“La demolición ilegal de propiedades musulmanas por parte de las autoridades indias, que los dirigentes políticos y los medios de comunicación califican de ‘justicia del bulldozer’, es cruel y atroz. Estos desplazamientos y expropiaciones son profundamente injustos, ilegales y discriminatorios. Están destruyendo familias y deben cesar inmediatamente”, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

La polémica, una más en la larga lista que el Gobierno y partido de Modi genera sobre su trato a las minorías religiosas (musulmanes y cristianos, principalmente), llegó hasta la Corte Suprema. El pasado noviembre, la Justicia india emitió una dura sentencia que decía: “El Ejecutivo no puede convertirse en juez y demoler propiedades. La escalofriante imagen de una excavadora demoliendo un edificio recuerda los tiempos de la anarquía en la que el poder ostentaba el derecho. Tales actos atentan cono el principio del Estado de derecho y nos son admisibles”, declaró el Tribunal Supremo.

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El fallo supone un duro golpe a una práctica muy aplaudida entre los grupos radicales hindús, pero revisar ahora sus efectos no es sencillo. “La vista se aplaza continuamente a otra fecha y ni siquiera hemos tenido la oportunidad de presentar nuestras alegaciones. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar?", se pregunta Shahid Malik, un afectado por unas demoliciones de casas musulmanas en Kharak Riwara Satbari, barrio del sur de Delhi, que representa además legalmente a otras familias afectadas, en una pieza de Al Jazeera.

En este proceso, además, ha habido víctimas, entre ellas ancianos y niños. El propio Malik denuncia que su hijo de dos meses, que nació con un problema respiratorio, falleció por culpa del frío y el polvo que respiró durante la demolición. El bebé fue ingresado en la UVI horas después de quedarse sin casa y, denuncia él, falleció por el derribo. “Los médicos nos dijeron que la exposición al polvo le dificultaba aún más la respiración”, mantiene Malik.

¿Fin de los bulldozers?

Tras la sentencia, queda por delante detener definitivamente el uso de los bulldozers para impartir justicia y que se determine la responsabilidad de las autoridades y el posible pago de indemnizaciones. “Entre abril y junio de 2022, investigadores de Amnistía Internacional descubrieron que las autoridades de cinco estados —los estados de Assam, Gujarat, Madhya Pradesh y Uttar Pradesh, gobernados por el Partido Bhartiya Janata (BJP), y Delhi, gobernado por el Partido Aam Aadmi (AAP)— llevaron a cabo demoliciones como 'castigo' tras episodios de violencia comunal o protestas contra la discriminación de los musulmanes por parte de las autoridades”, señala AI. La ONG asegura que “al menos 617 personas, entre hombres, mujeres, niños y ancianos, se quedaron sin hogar o sin medios de vida”.

En todo caso, como recuerda el profesor de Ciencias Políticas de la Jindal Global University, Ambreen Agha, en un análisis sobre la repercusión de esta práctica que se titula “Cómo los bulldozers se han convertido en un símbolo de la India de Modi”, quizá se haya acabado con el uso indiscriminado de las excavadoras para castigar a la gente, pero su cicatriz permanecerá en la memoria de un país fracturado socialmente. “Aunque la era de la ‘Justicia de la Excavadora’ autorizada por el Estado haya terminado, las profundas cicatrices sociales que ha producido son probablemente irreversibles. La excavadora permanecerá indeleblemente impresa en la memoria colectiva de hindúes y musulmanes por igual”.

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En todo caso, aunque la práctica ha tenido ese componente político de castigo, las demoliciones extrajudiciales son algo generalizado en todo el país. El informe “Desalojos forzosos en India 2022 y 2023”, publicado por la asociación Housing and Land Rights Network (HLRN), afirma que las autoridades han demolido más de 153.000 viviendas y desplazado a unas 738.000 personas en esos dos años. “Aunque los tribunales han intervenido ocasionalmente y han suspendido los desalojos, las personas que viven en la pobreza en los barrios marginales no siempre tienen suerte. Bajo ninguna circunstancia debe privarse a las personas del acceso a una vivienda adecuada, segura y estable, que es fundamental para su dignidad autoestima, bienestar y oportunidades de desarrollo”, recuerda la asociación legal de defensa de afectados.

La hiperpoblada India es un foco constante de lucha por los derechos a la tierra y a una vivienda digna. La Asociación Land Conlict Watch (LCW) señala que “hay 10,5 millones de personas involucradas en disputas por esos derechos”.

Las excavadoras, mientras, siguen demoliendo vidas. “Mientras persisten los interrogantes sobre el debido proceso y la justicia, familias enteras se quedan sin hogar o sin ingresos, lidiando con las devastadoras secuelas de las demoliciones”, recuerda LCW.