Dinamarca 'exporta' a sus presos: 200 millones por alquilar 300 celdas en Kosovo

Dinamarca sigue adelante con la controvertida petición de alquilar 300 plazas penitenciarias a la prisión de Gnjilane, en Kosovo, para enviar allí a los extranjeros condenados a deportación. Por unos 200 millones de euros, Dinamarca, uno de los países más ricos de Europa, ha acordado que Kosovo —uno de los lugares más pobres de Europa— reciba 300 extranjeros condenados a deportación. Dinamarca pretende así aliviar los problemas de hacinamiento y escasez de guardias en sus cárceles, enviandolos a más de 2.000 kilómetros. Se trata de personas que han cometido diferentes tipos de delito en territorio danés y que cumplirán el resto de sus condenas en Kosovo, antes de ser deportados a sus países de origen.

Anteriormente, la quimérica idea danesa de enviar solicitantes de asilo a Ruanda se fue al garete antes de materializarse. Era un plan similar al ideado por el gobierno británico, que también fue desechado. Del mismo modo, el centro de acogida italiano en Albania —inaugurado en otoño— ha tenido que renunciar varias veces a alojar a los primeros llegados porque era sencillamente ilegal retenerlos mientras esperaban asilo. Sin embargo, en un avance decisivo, la Comisión Europea ha decidido dar más margen a los Estados miembros para explorar estos experimentos. La diferencia crucial es que en el caso del acuerdo entre Dinamarca y Kosovo se trata de solicitantes de asilo que ya tienen una “decisión de deportación” y no está claro cómo reaccionará Bruselas.

Aunque existe una diferencia entre el estatuto jurídico del denominado solicitante de asilo ordinario rechazado y el de un solicitante de asilo que ha sido condenado a deportación por un delito —en algunos casos por delitos como robar en una tienda—, el proceso político del acuerdo de Kosovo revela algunos de los desafíos a los que pueden enfrentarse los gobernantes cuando intentan llegar a acuerdos con países no pertenecientes a la UE.

Un plan sigiloso que se fragua desde 2021

Aunque los planes daneses para la externalización de servicios penitenciarios llevan fraguando desde 2021, apenas han trascendido a la prensa extranjera hasta ahora. A finales de 2021, Dinamarca y Kosovo firmaron una carta de intenciones con el objetivo de alquilar espacio carcelario “para la ejecución de las sentencias danesas en prisión”. Esos planes están ahora más cerca de materializarse, después de que en febrero de 2025, el Ministerio de Justicia firmara un nuevo acuerdo de cooperación con el gobierno kosovar para enviar a los inmigrantes condenados a la cárcel de Gnjilane (Kosovo).

La petición danesa de alquilar 300 plazas penitenciarias a unos kilómetros de Pristina —la capital de Kosovo— se ha ido posponiendo repetidamente durante cuatro años, mientras recibía críticas por exponer a los reclusos a riesgos de tortura, práctica que según la ONU y el Consejo de Europa está muy extendida en el sistema penitenciario. No obstante, “varios países se han puesto en contacto con Kosovo para discutir acuerdos similares”, afirma Fatmire Haliti, abogada y directora de programas del Centro Kosovar de Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (KRCT, por sus siglas en inglés).

Los críticos con la medida, además de costosa, la consideran inhumana y temen que de pie a abusos y discriminación contra los extranjeros. En el pasado, Dinamarca ha sido condenada por la Corte Europea de Derechos Humanos (el ECHR, por sus siglas en inglés) por las medidas “desproporcionadas” contra extranjeros. En 2021, el ECHR condenó a Dinamarca en dos ocasiones por expulsar a dos delincuentes extranjeros y prohibirles el regreso al país.

Bélgica y Austria valoran la idea de externalización

Para otros gobiernos, sin embargo, el plan puede que sirva de inspiración. El nuevo primer ministro belga, el flamenco independentista Bart De Wewer, ha mencionado el plan de Dinamarca explícitamente como modelo. “Mientras la capacidad penitenciaria siga siendo insuficiente en nuestro propio país, intentaremos, siguiendo el ejemplo de Dinamarca, celebrar acuerdos con otros Estados constitucionales europeos para construir o alquilar allí cárceles en las que los presos que hayan sido condenados en firme por delitos y faltas y se encuentren en situación irregular puedan cumplir total o parcialmente su pena de cárcel”, establece un acuerdo de la coalición del gobierno belga, que pide mano dura con la inmigración.

El gobierno de Austria también está valorando la idea de impulsar planes que permitan el traslado de criminales condenados desde terceros países a Kosovo, como ha hecho Dinamarca, para que cumplan sus penas de prisión. El ministro del Interior austriaco, Gerhard Karner (ÖVP), discutió este tema en mayo de 2024, con el ministro de Justicia danés, Peter Hummelgaard, aunque de momento no se ha materializado la idea.

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EFE

Varios profesores de derecho explican que no se puede descartar que el plan, además de a ciudadanos extranjeros, pueda afectar a los ciudadanos daneses también y estos sean enviados a cumplir sus condenas en Kosovo —ya que el tratado que establece el marco para el acuerdo— está redactado en términos bastante ambiguos. El tratado establece que “el encarcelamiento tendrá lugar de acuerdo con las normas danesas y de conformidad con las obligaciones internacionales de Dinamarca”. Tendrá una duración inicial de cinco años, con posibilidad de prórroga por otros cinco. Asimismo, se hará un pago de 15 millones de euros anuales, más 5 millones para renovar la prisión y adaptarla a las normas danesas.

Apenas 24 horas después de la publicación del texto, el gobierno danés anunció que aportaría “un sólido compromiso con el desarrollo centrado en la transición ecológica y los derechos humanos” en Kosovo, con una contribución anual de 45 millones de coronas danesas procedentes de la ayuda al desarrollo. El gobierno negó cualquier relación entre ambos acuerdos.

“Las cárceles de Kosovo ya están sobrecargadas"

En un principio, se había previsto enviar a los primeros condenados a deportación a Kosovo el año pasado, pero esos planes se han pospuesto en repetidas ocasiones. Según el nuevo acuerdo de cooperación, la prisión renovada no estará lista hasta 2027. “Casi podría parecer una estafa”, criticaron los Demócratas de Dinamarca y la Alianza Liberal la primavera pasada, cuando el Parlamento de Kosovo aún no había votado la aprobación de las plazas penitenciarias. El acuerdo se ratificó poco después, pero hasta la fecha —cuatro años después de las primeras declaraciones y de muchos millones de coronas danesas ya enviados a Pristina— no se ha empezado a implementar.

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Fatmire Haliti cuestiona que la población kosovar no ha sido informada “y no ha habido debate alguno sobre la cuestión” y subraya que “desde el inicio” de las negociaciones gubernamentales, no se ha “consultado a organizaciones de derechos humanos ni a organismos de control independientes”. Además, “las cárceles de Kosovo ya están sobrecargadas”, continúa Haliti, quien advierte que, de hecho, la cárcel de Gnjilane alberga actualmente más de 200 reclusos, por lo que los planes daneses para la prisión también están distorsionando el sistema penitenciario de Kosovo. Dice que, bajo el acuerdo con Dinamarca, se va a mejorar la prisión de Gnjilane, “pero las condiciones en otras prisiones kosovares seguirán siendo significativamente peores”, agrega. Los 5 millones de euros para la renovación son “casi equivalentes a los costes originales de construcción de la prisión de hace diez años”.

La estrategia propuesta por la UE para acelerar las expulsiones —que, entre otras cosas, convertiría la actual Directiva de Retorno de la UE en un reglamento para que se aplique directamente en los Estados miembros— se suele asociar con los centros para migrantes cuya solicitud de asilo ha sido rechazada. Sin embargo, otras partes del nuevo texto parecen incidir en quién puede ser deportado en el futuro y en qué condiciones.

El texto jurídico de la Comisión se refiere a los “nacionales de terceros países” considerados un “riesgo para la seguridad” porque “constituyen una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional”. En este caso, los países de la UE podrán encarcelar a estas personas, mantenerlas “separadas” de los presos “ordinarios” y prohibirles la entrada en la UE durante 10 años más que a los demás.

El peligro de equiparar la migración con delincuencia

Según Steve Peers, catedrático de derecho de la UE y derechos humanos en la Universidad Royal Holloway de Londres, es importante señalar que, hoy día, la propuesta solo se aplica “parcialmente” a Dinamarca en virtud de la cláusula danesa de exclusión voluntaria en materia de asilo, y que el texto propuesto no aclara en la actualidad qué partes se aplicarán realmente a Dinamarca. “Sin embargo, a primera vista, parece que el reglamento se aplicará a quienes en el Reino Unido llamaríamos delincuentes extranjeros. Es decir, a los ciudadanos externos a la UE que residen ilegalmente y que no están incluidos en la legislación sobre libre circulación”. Tanto la propuesta de la Comisión como el acuerdo bilateral entre Dinamarca y Kosovo reflejan también una tendencia a equiparar la migración con la delincuencia y sugieren que los inmigrantes pueden ser trasladados a centros “porque se lo merecen”, afirma Silvia Carta, de PICUM, una red europea de organizaciones que trabajan por la asistencia jurídica a inmigrantes indocumentados.

De este modo, las condiciones que se aplican a quienes son considerados un “riesgo para la seguridad” pueden utilizarse “de forma discriminatoria, sin importar si la persona ha sido condenada previamente o no, y otorgando a las expulsiones una función punitiva que va más allá de los principios del derecho penal”, afirma Silvia Carta. Asimismo, advierte de que el paquete de deportaciones privará de hecho a los migrantes de derechos básicos, como la posibilidad de apelar una sentencia de deportación. Silvia Carta recuerda que hay “una tendencia creciente a considerar la migración a través de un prisma de seguridad”.

¿Qué ocurrirá cuando termine su condena?

Varias organizaciones de la sociedad civil han dado la voz de alarma sobre lo que ocurre con los reclusos una vez cumplida su condena. “Si no pueden regresar a Dinamarca y no solicitan asilo en Kosovo, ¿qué ocurrirá cuando terminen su condena?”, se pregunta Orjana Demaliaj, directora en Kosovo de la organización humanitaria Jesuit Refugee Service (JRS). Según el tratado, los detenidos deben ser enviados a Dinamarca antes de ser puestos en libertad, a menos que otros acuerdos permitan que la persona sea enviada directamente a un tercer país. Pero la realidad puede ser mucho más compleja: en particular, existe una zona gris para las personas detenidas en espera de deportación si el país de origen se niega a cooperar. La práctica demuestra que los migrantes vulnerables deportados de Dinamarca pueden acabar en situaciones precarias.

“Kosovo ya cuenta con centros de detención para extranjeros sin documentos de identidad o sin una solicitud de asilo válida que no han abandonado el país en las dos semanas siguientes a su denegación, pero que no han cometido ningún delito”, explica Demaliaj. Los centros no están pensados para la repatriación y “la gente puede estar detenida allí durante un año”, dice. Pasado ese año, “simplemente se abren las puertas y las autoridades afirman que el caso está resuelto sin ofrecer más ayuda”. Muchos de los migrantes reanudarán su viaje por la ruta de los Balcanes, o volverán a ser detenidos si les para la policía.

El limbo de los que no puedan regresar

“Sin duda, habrá personas de países como Irán y Afganistán que, tras cumplir sus condenas en Kosovo, no podrán regresar a casa”, afirma Therese Rytter, responsable de asuntos jurídicos de DIGNITY, el centro nacional danés para la rehabilitación de víctimas de tortura. Rytter cree que esto será así para los que exista un riesgo importante de que corran peligro de tortura en su país de origen. “Es muy posible que estas personas acaben teniendo que regresar a Dinamarca y sean enviadas al centro de deportación de Kærshovedgård, en régimen de estancia tolerada”, añade.

El Ministerio de Justicia de Dinamarca asegura en una respuesta escrita, que los reclusos de la cárcel de Gnjilane “no serán puestos en libertad en Kosovo”, ya que el tratado “contempla la posibilidad de deportar a los extranjeros condenados directamente a su país de origen una vez cumplida su pena”. También introduce la obligación de que el extranjero abandone Kosovo una vez cumplida la condena.

Sin embargo, habrá casos en los que, por diversas razones, no pueda salir o ser deportado de Kosovo. Por lo tanto, podría ser necesario devolver al extranjero a Dinamarca, ya sea de forma temporal o permanente. Por ejemplo, puede tratarse de un extranjero que no quiera cooperar con la salida y que no pueda ser deportado por la fuerza. Sin embargo, se han introducido normas para garantizar que una persona expulsada pueda permanecer en prisión preventiva en la cárcel de Gnjilane si existe una perspectiva real de que pueda ser deportada a su país de origen”.

Malos tratos en las cárceles de Kosovo

DIGNITY, junto con ACNUR, la ONU y el comité contra la tortura del Consejo de Europa (CPT), ha pedido reiteradamente a Dinamarca que abandone los planes penitenciarios porque violan el principio de no devolución, fundamental para el derecho internacional, que establece que las personas no pueden ser devueltas a un país donde corren el riesgo de ser sometidas a tortura o a tratos inhumanos o degradantes. Además, esto también viola el derecho de los detenidos a la vida familiar.

El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa ha documentado los malos tratos físicos que sufren los reclusos en las cárceles de Kosovo. También han constatado que los casos no se investigan de manera efectiva. Por ende, “existe el riesgo de que el personal que pueda cometer abusos contra los reclusos de la cárcel de Gnjilane no rinda cuentas de sus actos”, afirma Therese Rytter, que también es vicepresidenta del CPT. “Si Dinamarca deja la investigación y el enjuiciamiento en manos de las autoridades kosovares, estamos incumpliendo las obligaciones de Dinamarca en virtud del artículo 12 de la Convención contra la Tortura”, añade. Estas obligan al país a iniciar sin demora una investigación imparcial en cualquier caso que presente motivos razonables para creer que se ha cometido tortura u otros tratos inhumanos o degradantes.

Según el tratado, todos los delitos penales cometidos en prisión deben ser investigados, por regla general, por la policía de Kosovo y las autoridades kosovares deben ocuparse de cualquier acusación y proceso judicial. Tras la última visita del CPT a Dinamarca, el Comité describió, entre otras cosas, que el hecho de que el personal penitenciario que cometa algún delito sea procesado en Kosovo debería ser motivo de “preocupación”. Esta es también la tarea que DIGNITY teme que Kosovo no se esté tomando en serio.

Therese Rytter recuerda que “Dinamarca es responsable de que los presos reciban un trato humano” y de que “se investigue eficazmente cualquier delito contra ellos”. Así que, si se cometen delitos en prisión, estos también deberían ser investigados por las autoridades danesas”. El Defensor del Pueblo Parlamentario, DIGNITY y el Instituto Danés de Derechos Humanos vigilarán la prisión de Gnjilane. Esto es importante para ayudar a prevenir tratos inhumanos y degradantes. Sin embargo, como es probable que las inspecciones se anuncien de antemano y que solo tengan lugar una vez al año, “existe el riesgo inminente de que no se detecten violaciones de la Convención contra la Tortura”, concluye Rytter.

Está artículo se ha escrito en colaboración con el medio de comunicación italiano Osservatorio Balcani Caucaso, en el marco de PULSE, una iniciativa europea para fomentar la cooperación periodística transnacional.