Miedo y silencio en La Meca: la pena de muerte en Arabia Saudí es peor de lo que crees

Mohammed bin Salmán avanza jadeante por el camino hacia su iniciativa Visión 2030, cuyo objetivo es proyectar una imagen moderna, complacer a sus socios occidentales al ritmo de un rock fácil y transformar el país en un espectáculo deslumbrante. Una ficción disociada de la realidad que va desangrándose entre las garras de la represión y el derroche. La Arabia Saudí de hoy en día no solo busca atraer inversores, sino que también intenta, por todos los medios, desviar la atención de sus políticas represivas en materia de derechos humanos.

Sin embargo, por deslumbrantes que sean, unos cuantos festivales no pueden ocultar el miedo y la injusticia, la auténtica insignia del reino: hablamos de detenciones de intelectuales y activistas de derechos humanos por simples publicaciones en redes sociales, de crímenes de guerra en Yemen, de torturas y abusos en las cárceles, e incluso de ejecuciones sin un proceso legal transparente.

"Los saudís vivimos con miedo a nuestros propios actos", confiesa K.F, miembro del cuerpo diplomático de Arabia Saudí. "También tenemos miedo a lo que los demás piensan que hacemos. Basta una denuncia falsa, o que quieran quitarte del medio, o que te consideren una amenaza al poder, para poder acabar en la cárcel o condenado a pena de muerte. Así que muchos de nosotros vivimos en silencio, no hablamos, no miramos, no nos quejamos y sobre todo no causamos problemas. Así vivimos desde niños: con el miedo al otro, incluso a nuestros familiares o vecinos. El miedo es parte de la cultura saudí".

El miedo: pieza vital del engranaje político

En 2024, Arabia Saudí ejecutó a 345 personas. La organización de derechos humanos ALQST ha denunciado el alarmante número de mujeres y extranjeros entre los ejecutados. “El hecho de que el 70% de las mujeres ejecutadas bajo el reinado del príncipe heredero Bin Salmán sean extranjeras, y que ninguno de los extranjeros ejecutados provenga de 'Estados fuertes', evidencia un patrón de discriminación racial y económica", afirma Lina Alhathloul.

"Esto sugiere que la pena de muerte se aplica de manera selectiva, apuntando a poblaciones vulnerables que carecen de poder político o económico para impugnar sus sentencias", señala. "El sistema legal parece centrarse más en la represión de los grupos marginados, como los trabajadores migrantes, que en la protección de sus derechos. Esta aplicación discriminatoria de la pena capital refleja un desprecio sistemático por el derecho a la vida, especialmente para aquellos provenientes de naciones más débiles o con escasos recursos socioeconómicos".

Numerosos expertos han denunciado esta aplicación discriminatoria de la pena de muerte en Arabia Saudí. La ejecución de ciudadanos extranjeros representó la mayoría de todas las ejecuciones por delitos relacionados con drogas en el reino en 2024. Los inmigrantes de países con menos recursos se encuentran en situación de vulnerabilidad y, en la mayoría de los casos, no cuentan con derechos legales durante todo el proceso.

Los grupos defensores de los derechos humanos llevan años instando a las autoridades a revisar las medidas legislativas y abolir la pena de muerte, a la vez que denuncian la falta de transparencia en las medidas provisionales que supuestamente se adoptan desde el gobierno para proteger la vida de los ciudadanos más desprotegidos.

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Desde que asumió el poder de facto del reino, Mohammed bin Salmán ha intentado proyectar una imagen más abierta y accesible. Sus reformas actúan como cebo para atraer inversores internacionales, pero es consciente de que la constante presión de las organizaciones de derechos humanos supone un obstáculo en su historial. No es inusual escucharle en entrevistas hablar de planes para revisar sus políticas más controvertidas; de hecho, en 2022, el príncipe heredero reiteró su compromiso de reducir las condenas a penas de muerte, una promesa que hizo por primera vez en 2018.

No obstante, la tasa de ejecuciones ha seguido en aumento, cerrando 2024 con el mayor número de ejecuciones en la historia reciente del país. "Estamos hablando de la cifra oficial", señala Fahad, un abogado saudí con asilo en Frankfurt. "Hay que tener en cuenta que existen ejecuciones llevadas a cabo en secreto; el número real siempre es mucho más alto que el oficial".

Sí a las raves. No a los derechos humanos. Y, desde luego, no al escrutinio público. El príncipe heredero encuentra refugio en la religión para justificar la pena de muerte. Presume de haber abolido castigos discrecionales como la flagelación y sostiene que el gobierno no tiene control sobre las penas establecidas en el Corán. Se ampara en explicaciones como que, en los casos de homicidio, la familia de la víctima tiene derecho a exigir la ejecución del asesino. "Fundamentar a estas alturas la pena de muerte en la ley islámica es una barbaridad y una hipocresía", afirma Fahad. "Sobre todo, teniendo en cuenta que muchas de las reformas en cuestiones sociales y económicas adoptadas en los últimos años violan varios preceptos recogidos en el Corán".

El intento de Bin Salmán por justificar las ejecuciones resulta, además, contradictorio, ya que la mayoría de las ejecuciones en 2024 no han sido por delitos de homicidio, sino por delitos relacionados con drogas. Según el derecho internacional, la pena capital debe limitarse a los "delitos más graves" y aplicarse únicamente en circunstancias excepcionales. Además, las leyes internacionales prohíben expresamente su uso para crímenes relacionados con drogas.

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Otra de las acusaciones a las que se enfrenta el príncipe heredero (con el sosiego que le otorga la impunidad) es la imposibilidad de verificar si los procesos a los que son sometidos los condenados son justos y equitativos. La falta de transparencia en el sistema judicial se extiende desde el momento de la detención hasta después de la ejecución. Por lo tanto, la inocencia o la culpabilidad no dependen de procesos legales legítimos, sino de las razones arbitrarias del gobierno autoritario.

El hijo de Sara Hassan, de nacionalidad egipcia, fue uno de los ejecutados en 2024 por un delito relacionado con el tráfico de drogas. "Mi hijo fue víctima de una red de traficantes", explica. "No digo que fuese inocente, pero sé que la pena ha sido desproporcionada y no hemos tenido acceso alguno al caso ni hemos sido escuchados como familia. Tampoco podemos quejarnos por miedo a las repercusiones y vivimos condenados a pasar el duelo en silencio".

Desde ALQST también denuncian la opacidad que envuelve el proceso. "La negativa a devolver los cuerpos a las familias y la ausencia de información pública sobre las ejecuciones garantizan que no haya evidencia visible de las acciones del Estado", afirma Alhathloul. "Este secretismo desincentiva la protesta pública y la solidaridad, ya que las familias se ven privadas de la oportunidad de hacer un duelo público o de llamar la atención sobre las injusticias".

La pena de muerte no es solo una violación de los derechos humanos; es, fundamentalmente, una herramienta de control y represión social y política. La sociedad vive en un miedo constante a expresar cualquier opinión que pueda considerarse problemática. Muchos jóvenes temen compartir contenido político en las redes sociales, y la libertad de expresión es prácticamente inexistente.

"No puedes tener una ideología propia ni posicionarte"

"Vivimos en una Arabia Saudí donde, si tienes dinero, puedes beber alcohol, asistir a fiestas excesivas y cantar a pleno pulmón estribillos que muchos considerarían blasfemos", explica Aya S., una mujer saudí exiliada en Berlín. "Pero no puedes tener una ideología propia ni posicionarte, por ejemplo, contra la detención de menores o la tortura en las prisiones".

Hablamos de un miedo que los críticos del régimen conocen bien. Son numerosos los políticos, abogados, activistas y creativos que han tenido que huir del país por temor a perder la vida. "La pena capital se utiliza como una herramienta de represión para infundir miedo y silenciar la oposición. Esto demuestra que las promesas del régimen de limitar la pena de muerte son, en gran medida, simbólicas y están diseñadas para apaciguar a los críticos internacionales sin implementar cambios reales", afirma Lina Alhathloul.

La comunidad internacional sigue aplaudiendo la apertura de Arabia Saudí sin querer ver la cruda realidad que se esconde tras su fachada. Occidente demuestra cobardía cuando se trata de cuestionar los mandatos religiosos abusivos de países poderosos y actúa con irresponsabilidad al abordar los mismos temas en naciones económicamente vulnerables. El reino saudí sigue gozando de impunidad, pese a las numerosas denuncias de las organizaciones de derechos humanos, utilizando la pena de muerte como una justificación religiosa y dejando cualquier posibilidad de reforma a merced de una Sharía interpretada de manera selectiva. Así, mientras Occidente se conforma con meras promesas de transformación del sistema penal, Arabia Saudí mantiene intacta su autoridad.

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"Si los turistas pueden visitar el país y bailar allí, ¿por qué no se permite la presencia de organizaciones de derechos humanos? Si Arabia Saudí puede albergar eventos de la ONU como el Internet Governance Forum, ¿por qué no permite la entrada de monitores independientes de la ONU, como el Relator Especial sobre defensores de derechos humanos?", denuncia Lina Alhathloul.

"Tal vez porque Arabia Saudí ha dejado de ser casa de Alá y tierra de profetas para convertirse en la Meca del desenfreno, los crímenes contra la humanidad, el dinero y la impunidad", concluye Fahad. Todo ello acompañado de música pop y destellos de luces de colores. Al final, la ley y los Derechos Humanos son un producto más; y pocos pueden permitírselo.