A la cárcel de Bukele por un tatuaje del Real Madrid: la verdad tras los 'monstruos' de Trump

Encadenados, arrastrados por agentes de seguridad, arrodillados, afeitados, exhibidos y confinados en celdas diseñadas para decenas de presos. Al menos 238 venezolanos, señalados por EEUU como miembros de la pandilla Tren de Aragua, fueron deportados en la madrugada del domingo a El Salvador e inmediatamente confinados en el Cecot, la temida cárcel construida por el Gobierno de Nayib Bukele para los criminales más peligrosos del país.

Un juez federal de Washington, James Boasberg, ordenó que los aviones no despegaran de EEUU, pero la Casa Blanca ignoró la orden, desatando lo que podría convertirse en una crisis constitucional. Pero este ni siquiera es el problema más grave. Pruebas presentadas por los abogados de algunos detenidos y fuentes de la Administración salvadoreña apuntan a que un número significativo de los venezolanos encerrados en las mazmorras de Bukele no tienen vínculo alguno con el Tren de Aragua ni con ninguna otra pandilla. Algunos incluso habrían ingresado legalmente al país.

El abogado Aaron Reichlin, del American Immigration Council, difundió este jueves un documento con declaraciones juradas de varios letrados que defienden a los deportados. En él, aseguran que sus clientes no pertenecen a ninguna pandilla y que fueron encarcelados en El Salvador pese a que sus solicitudes de asilo político estaban en proceso.

Uno de los casos más llamativos es el de Jerce Reyes, un exfutbolista profesional venezolano de 36 años. Según su abogado, Reyes fue detenido y torturado en Venezuela tras participar en una manifestación contra el chavismo. Cuando fue liberado, huyó rumbo a EEUU, se registró en la aplicación móvil del Gobierno de Joe Biden para ingresar legalmente en el país —herramienta que Donald Trump canceló al asumir la presidencia— y presentó una solicitud de asilo con audiencia fijada para abril. Sin embargo, ya no podrá acudir a la cita.

Las autoridades de Seguridad Nacional lo acusaron de pertenecer al Tren de Aragua por un tatuaje en su brazo que muestra una corona sobre un balón de fútbol. Según ellas, la imagen era prueba de su afiliación a la pandilla. Reyes, en cambio, afirma que el diseño se inspira en el escudo del Real Madrid, su equipo favorito.

Otra supuesta prueba en su contra fue una fotografía en sus redes sociales donde hace el símbolo de los cuernos con las manos, gesto comúnmente asociado al rock and roll, según su abogado. El representante legal también reveló un documento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés) en el que se establece que una persona puede ser considerada como miembro de una pandilla basándose únicamente en un criterio de identificación subjetivo.

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EFE

También tuvo acceso a un informe firmado por el líder en funciones del ICE, donde la institución admite que muchos de los deportados no tienen antecedentes criminales en EE.UU. Sin embargo, argumenta que esto se debe a que llevan poco tiempo en el país y que precisamente esa falta de información representa un riesgo. “La administración Trump reconoce que muchas de las personas enviadas a hacer trabajos forzados en una prisión salvadoreña no tienen antecedentes criminales. Sorprendentemente, sostienen que como no saben mucho de ellas, eso justifica negarles el debido proceso”, criticó Reichlin.

El Salvador sabe lo que tiene entre manos

No es el único indicio de que en el Cecot hay personas sin relación con pandillas, venezolanos que no han cometido otro delito más que entrar ilegalmente a EEUU.

Una fuente clave del Gabinete de Seguridad de Nayib Bukele afirmó al periodista vasco Roberto Valencia, residente en El Salvador desde hace dos décadas, que decenas de los venezolanos confinados en el país no tienen vínculo alguno con el Tren de Aragua ni con ninguna otra organización criminal. “Creemos que hay unos 50 inocentes entre los 238 venezolanos. Podrían ser menos o más, es difícil saberlo ahora”, dijo la fuente. Valencia considera que esta estimación es probablemente conservadora.

Además, los venezolanos han recibido un trato preferencial respecto al resto de los presos. Les han proporcionado colchonetas y almohadas en sus megaceldas —los salvadoreños duermen directamente sobre el cemento— y han tenido acceso a una alimentación especial. Este martes cenaron combos de la cadena Subway, con sándwiches y patatas fritas. El miércoles, recibieron una hamburguesa de Wendy’s con un zumo, según la información obtenida por Valencia.

Estas deferencias sugieren que el Gobierno de Bukele, que ha declarado que recibirá seis millones de dólares por mantener a los presos durante un año, es consciente de la bomba de relojería que tiene entre manos. “Esta es una operación secreta, opaca y con una evidente falta de rendición de cuentas”, advierte el abogado salvadoreño José Marinero. “Estas personas no están bajo supervisión de un juez ni incorporadas formalmente en el sistema penitenciario. No han sido juzgadas ni condenadas en El Salvador, por lo que no está claro bajo qué título jurídico se justifica su encarcelamiento sin asistencia legal o consular”, añade.

Según Marinero, este caso es una muestra de cómo se están consolidando prácticas autoritarias a nivel internacional: “El mensaje es claro: si la ley se interpone en el camino, se dobla hasta ajustarla a los objetivos políticos”.

Bukele dice que EEUU sufre un "golpe judicial"

Trump justificó las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, aprobada en 1798, que permite la detención sin juicio de personas consideradas una amenaza para EEUU. Solo ha sido utilizada tres veces, la última durante la Segunda Guerra Mundial contra ciudadanos de países enemigos.

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Este sábado, la Casa Blanca designó al Tren de Aragua como un “enemigo extranjero” y activó la norma. El juez Boasberg intentó frenar las deportaciones, pero la Administración Trump ignoró la orden. “Demasiado tarde”, reaccionó Bukele. Al día siguiente, Trump atacó al juez, llamándolo “lunático de izquierda radical” y exigiendo un juicio político en su contra. “EEUU está bajo un golpe judicial”, tuiteó Bukele, echando más leña al fuego.

El magnate Elon Musk ya había elogiado cómo Bukele enfrentó a los jueces que obstaculizaban sus políticas. El presidente salvadoreño pasó casi dos años enfrentado al Poder Judicial de su país hasta que, en mayo de 2021, su partido, Nuevas Ideas, y otros grupos afines, lograron 64 de los entonces 84 asientos en la Asamblea Nacional salvadoreña.

El mismo día de su inauguración, la nueva abrumadora mayoría bukelista destituyó de una tacada a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la más alta instancia del país centroamericano, y al Fiscal General, tras acusarlos de tomar decisiones “arbitrarias” en el contexto de la pandemia, en un procedimiento que numerosos juristas consideran inconstitucional. Cinco meses después, los parlamentarios destituyeron a un tercio de los jueces del país argumentando que llevaban muchos años en el cargo.

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“En El Salvador no hay ley ni juez que valga en este momento. La Administración Trump sabe muy bien dónde está enviando a estas personas. Las está enviando a un Estado que dejó de ser un Estado de derecho”, asegura el abogado Marinero. “Esto es una premisa importantísima. Estas personas no se están enviando a Costa Rica, ni a Uruguay. Esos países jamás habrían aceptado el encierro de personas sin ningún tipo de debido proceso”, añade.

“El Gobierno de EEUU ha encontrado un dócil aliado en el Gobierno de El Salvador que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de congraciarse con la Administración Trump”, cree Marinero.

Venezuela, atenta

La crisis también se siente en Venezuela. El país sudamericano vive una diáspora desde hace más de una década. Más de siete millones de venezolanos viven en el exterior. Sus familiares no les han podido tocar, no les han podido sentir, en la mayoría de casos, desde que se fueron, y cualquier tema que afecte a los migrantes supone un profundo impacto emocional en buena parte de la población.

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El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se ha apresurado a reclamar vehementemente la vuelta de todos los encarcelados en el Cecot. “Al pueblo salvadoreño les pedimos que abran el entendimiento al presidente Nayib Bukele y que no sea cómplice de ese secuestro”, señaló.

La líder opositora, María Corina Machado, señaló, en un comunicado, que Maduro es el líder del Tren de Aragua, reclamando, al mismo tiempo, que las “autoridades competentes de cada país” extremen “las precauciones a la hora de administrar Justicia” distinguiendo a los criminales de “la gran mayoría de migrantes inocentes”, evitando la criminalización en general de los venezolanos. En un tema tan pasional como la migración, todo lo que sea laxitud a la hora de defender a los migrantes minará la popularidad de cualquier político en Venezuela.