Greenpeace, herida de muerte al ser condenada a pagar hasta 300 M de dólares en EEUU

La organización ecologista Greenpeace enfrenta la mayor amenaza a su existencia en Estados Unidos tras ser condenada a pagar hasta 300 de millones de dólares a la empresa Energy Transfer (ET). Un jurado en Dakota del Norte encontró a la ONG responsable de difamación y otros cargos relacionados con las protestas de 2016 contra la construcción del oleoducto Dakota Access.

El veredicto, emitido tras un juicio de casi un mes, considera que Greenpeace desempeñó un papel clave en la amplificación de las protestas lideradas por la tribu sioux de Standing Rock, que retrasaron el proyecto y generaron costos adicionales para la empresa energética. La defensa de Greenpeace argumentó que la demanda forma parte de una Demanda Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), utilizada para intimidar y silenciar voces críticas contra grandes corporaciones. "Energy Transfer ha usado el sistema legal como arma para intentar silenciarnos en un momento en que nuestras voces son más necesarias", señaló la organización en un comunicado previo al fallo.

La ONG también había advertido que, en caso de ser declarada culpable, podría verse obligada a cesar sus operaciones en uno de los países más determinantes en la política climática global. Y más allá de las implicaciones financieras, la sentencia representa un peligroso precedente para el activismo medioambiental. La industria petrolera y otras grandes corporaciones podrían utilizar demandas similares para desarticular organizaciones que denuncian sus impactos en el ecosistema.

Kelcy Warren, presidente de Energy Transfer y destacado donante para la campaña de Donald Trump, defendió la demanda asegurando que los manifestantes promovieron “una narrativa falsa” sobre el proyecto. Los abogados de la compañía argumentaron que Greenpeace explotó el conflicto para su beneficio y que debe asumir las consecuencias. Sin embargo, expertos y defensores del medioambiente advierten que esta decisión judicial está destinada a generar un efecto disuasorio para otras organizaciones

Mientras Greenpeace explora opciones legales para impugnar el fallo, la organización también ha lanzado una campaña internacional para denunciar el uso de litigios como herramienta de censura corporativa. Paralelamente, ha presentado una contrademanda en los Países Bajos contra Energy Transfer, invocando normativas europeas contra demandas SLAPP.