Bruselas abre la puerta a la 'vía Meloni' para enviar inmigrantes a campos fuera de la UE

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha insistido en distintas ocasiones en explorar soluciones “innovadoras” para gestionar los flujos migratorios, entre ellas el “modelo Albania” que Giorgia Meloni, primera ministra italiana, ha intentado implementar, construyendo un millonario centro de detención en el país balcánico al que Roma ha intentado enviar inmigrantes de países terceros considerados seguros, como por ejemplo Egipto, para ser deportados desde allí.

Von der Leyen ha decidido este martes abrir formalmente la puerta a este modelo a pesar de que los tribunales italianos han tumbado ya en varias ocasiones el plan de Meloni, que a su vez ha lanzado una reforma judicial que algunos en Roma ven como una respuesta a los límites que algunos jueces están intentando establecer al Gobierno ultraconservador liderado por Fratelli d’Italia.

La propuesta de reglamento de devoluciones que ha puesto sobre la mesa la Comisión Europea este martes, que vendría a actualizar un texto del año 2000, no detalla esta opción, ni siquiera aborda la posibilidad de acuerdos de la propia Unión Europea con países terceros, sino que busca dar cobijo legal a aquellas capitales, como Roma, que quieran establecer este tipo de mecanismo, pero establece algunos límites, como que no puedan enviarse a estos centros ni menores no acompañados ni tampoco a familias con menores.

La propuesta va más allá de la posibilidad de establecer centros fuera de la Unión Europea, aunque ese sea el asunto más llamativo. El objetivo del reglamento es hacer más efectivas los retornos con medidas como el reconocimiento de las decisiones de expulsión de otro Estado miembro, la identificación rápida de personas que pueden representar un riesgo para la seguridad o el aumento de 18 a 24 meses el tiempo máximo de detención. Para empujar a los solicitantes de asilo que hayan recibido una orden de abandonar la Unión Europea a que cooperen con las autoridades, el texto propone una serie de sanciones e incentivos, dependiendo del grado de colaboración del inmigrante con los Estados miembros.

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EFE

La directiva se centra en la idea de armonizar normas para evitar que se exploten las diferencias entre las normas de los Estados miembros por parte de inmigrantes irregulares. Eso, a efectos prácticos, se traduce en un endurecimiento general de las normas: si un grupo de países, como son Austria, Hungría o Polonia, cuentan con reglas muy estrictas, y otros, como puede ser España, cuentas con otras más laxas, el punto de encuentro obligará a aquellos países menos duros a reforzar sus normas.

Buena parte de la atención de la Comisión Europea está sobre los inmigrantes que planteen un riesgo para la seguridad. Algunos de los últimos atentados terroristas perpetrados por nacionales de países terceros, como ocurrió en Bruselas en 2023, los autores ya habían sido identificados como un riesgo o incluso tenían una orden de extradición. Por eso, en la propuesta el Ejecutivo comunitario señala que la expulsión de estos “debe ser la norma” y pueden establecerse “excepciones a las normas generales” para ellos.

Al ser una propuesta, el texto todavía debe ser acordado por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la Unión Europea antes de ser oficialmente aprobado. Estas negociaciones, que son largas y complejas, suelen llevar a modificaciones de la propuesta original de la Comisión Europea. Sin embargo, a diferencia de la negociación del Pacto de Migración y Asilo, en esta ocasión el Parlamento Europeo está más derechizado, por lo que se puede esperar que la Eurocámara respalde el endurecimiento que representa esta propuesta.

Bendecir el “plan Albania”

Von der Leyen ha evitado siempre chocar con Meloni, y cuando la italiana rompió lazos con la alemana a raíz de la gestión que socialistas y populares europeos hicieron de su reelección al frente de la Comisión Europea sin negociar con la primera ministra italiana, la inquilina del Berlaymont hizo todo lo posible por restablecer los puentes. Una de las cosas que ha hecho Von der Leyen ha sido nunca criticar el “plan de Albania” ni cerrarse a estas “soluciones innovadoras”, que respaldó durante el Congreso Electoral del Partido Popular Europeo (PPE), al que pertenece, cuando se celebró en Bucarest pocas semanas antes de las elecciones europeas de 2024.

Una de las claves es qué es un “país seguro”. La Comisión Europea tiene intención de revisar este concepto antes de junio, y es la pieza fundamental para desarrollar cualquier plan que busque establecer campos de deportación fuera de la Unión Europea, una corriente de pensamiento que sigue el abandonado “plan Ruanda” de los Gobiernos conservadores británicos de Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Sunak, que se encontró con distintas trabas en varios tribunales del Reino Unido antes de que el nuevo Gobierno del laborista Keir Starmer acabara tumbándolo.

La regulación ha sido presentada por Magnus Brunner, comisario del Interior, que es una fiel imagen de un colegio de comisarios, el órgano colegiado que toma las decisiones en el Ejecutivo comunitario, muy derechizado. Brunner era hasta hace poco ministro del Interior de uno de los países más duros en cuestión migratoria, Austria. El político de los democristianos austriacos del ÖVP, miembros del PPE, ha llevado sus tesis más conservadoras a su nuevo puesto en Bruselas.

“Con el nuevo sistema europeo de retorno, garantizamos que quienes no tienen derecho a permanecer en la UE sean realmente devueltos. Esto reforzará significativamente la confianza en nuestro sistema europeo común de asilo y migración”, ha señalado Brunner, que ha presentado la propuesta desde Estrasburgo (Francia), donde se está celebrando el Pleno del Parlamento Europeo.