EEUU exige a sus proveedores en España certificar que no aplican políticas de género

La embajada estadounidense en España se ha puesto en los últimos días en contacto con sus proveedores para solicitarles que firmen un documento con el que certifiquen que no aplican ninguna política interna "de diversidad e inclusión" que "violen las leyes antidiscriminación" estadounidenses. La exigencia, que en principio solo afecta a las operaciones sujetas a la legislación estadounidense, es fruto de las distintas órdenes ejecutivas aprobadas por el presidente estadounidense Donald Trump, con el objetivo de erradicar las políticas de diversidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés).

Las empresas afectadas tienen cinco días para certificar por escrito esta nueva normativa, que afecta a todos los órganos del Gobierno federal, lo que incluye al Departamento de Estado y, por lo tanto, a sus proveedores en todo el mundo. La exigencia, en principio, solo afecta a las operaciones de los proveedores sujetas a la legislación estadounidense. Así, por ejemplo, una empresa de catering que da servicio a la embajada, pero que solo opera en España, no estaría incumpliendo la nueva exigencia aunque tuviese programas DEI para sus empleados. Si lo haría, por el contrario, una multinacional que aplique esos mismos programas en sus filiales en Estados Unidos. Consultada por El Confidencial, la embajada estadounidense ha respondido que "como todas las embajadas de EEUU en el mundo, está comunicando a los proveedores locales de productos y servicios el nuevo marco de trabajo basado en las recientes órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump. Queremos asegurarnos que nuestros contratos cumplan con todas las leyes federales anti-discriminación y que los proveedores no operen programas que promuevan la diversidad, equidad, e inclusión, que violen las leyes federales existentes".

Las empresas que han recibido el requerimiento están estudiando cómo compaginar la nueva exigencia de la Administración Trump con las normativas europeas al respecto. Por ejemplo, en España, existe el Plan de Igualdad o Plan LGTB, obligatorios desde marzo del año pasado en empresas con una plantilla de más de 50 personas. Estos planes obligan a las empresas a formar a sus trabajadores en materia de prevención y sensibilización contra el acoso o las violencias sexuales.

Entre los 25 decretos que Donald Trump firmó el día de su investidura, el destinado a eliminar el DEI fue especialmente publicitado, bajo el título de “acabar con los programas y preferencias DEI radicales y despilfarradoras”. Este programa de "diversidad, equidad, inclusión" sería, en la narrativa de Trump, la santísima trinidad de la ideología identitaria 'woke'. El primer resultado inmediato fue despachar a varios centenares de funcionarios dedicados a velar por la diversidad étnica y de género en las filas gubernamentales, pero los efectos se están notando ya más allá.

Se han suspendido ya fondos y contratos internos del Gobierno federal, así como la suspensión de becas y ayudas destinadas a minorías. Asociaciones de seguimiento de la actividad legislativa de Trump han denunciado también que la prohibición ha sido tan radical y brusca que se han generado problemas de eliminación de financiación a estudios de investigación científica solo porque en su presentación de proyecto incluían la palabra "género" o "mujer".

La cruzada contra todo rastro de las políticas DEI va a llegar también a las empresas privadas. Las universidades que hayan recibido, por lo menos, 1.000 millones de dólares en dotaciones financieras privadas, como es el caso de unos dos centenares de campus en todo EEUU, deberán proponer “medidas apropiadas para animar al sector privado a terminar con la discriminación y las preferencias ilegales, incluyendo DEI”. Según The Wall Street Journal, los bancos Goldman Sachs y Bank of America están siendo presionados por activistas ultraconservadores para que eliminen o reduzcan sus iniciativas DEI. Grupos como National Center for Public Policy Research, National Legal, Policy Center y la famosa Heritage Foundation argumentan que las políticas inclusivas son discriminatorias y que mantenerlas podría acarrear elevados costes legales.