Bruselas ante la contrarrevolución de la 'simplificación': ¿oportunidad o amenaza?

El 4 de febrero, sin motivo aparente que hubiera provocado su repentino ataque a Bruselas, Donald Tusk, primer ministro de Polonia y generalmente alineado con el mainstream europeo, lanzó un mensaje por redes sociales. "¡La rebelión contra la regulación es inevitable! Le guste o no a alguien en la UE, ¡ha llegado el momento!". Estaba escrito en inglés, a diferencia de sus habituales mensajes en polaco. Su objetivo era una audiencia en Bruselas, no en Varsovia.

El mensaje de Tusk recoge bien el espíritu del momento. Desde occidente soplan los aires de la contrarrevolución. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y su prometido torbellino de desregulación está generando nerviosismo en muchas capitales y un impulso por parte de ciertas empresas para desmontar o al menos reducir la agenda ESG (Medio ambiente, asuntos sociales y gobernanza). La revuelta contra el "capitalismo woke" en Washington, como se refieren a ello muchos círculos trumpistas, se contagia. Algunas patronales y asociaciones llevan años avisando de que se estaba cargando sobre sus hombros una excesiva regulación y demasiados requisitos de información. Criticaban que mientras se exige que innoven al mismo tiempo se les obliga a contratar a un buen número de personas para hacer informes de sostenibilidad. Y también criticaban que nadie les estaba escuchando.

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Los estándares ESG han sido parte central de la manera de entender el mundo de la Comisión Europea, sustentada sobre la idea de que la regulación y los estándares son la manera en la que la Unión, un actor político que abraza el "poder blando", proyecta su influencia a nivel global. Lo hizo antes con la protección de datos, y lo intenta con su agenda climática. Es el conocido como "efecto Bruselas". Sin embargo, parte de la ecuación que explica la rebelión contra parte de esta agenda ha sido el hecho de que algunos socios de la Unión han mostrado resistencia a la hora de cumplir con los estándares marcados. Ante las protestas de algunos países como Brasil, la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo acordaron retrasar un año la aplicación de la ley europea contra la deforestación.

La Comisión tiene claro que el objetivo de la descarbonización sigue siendo el norte de su brújula política, con la fecha de 2050 en el horizonte. Parte de la estrategia para llegar hasta ahí era canalizar la inversión privada hacia aquellos campos que ayudan a ese objetivo político. Y, explican en el Ejecutivo comunitario, que la lógica sigue siendo la misma. "La transición es necesaria, pero en el camino tenemos que ser flexibles y pragmáticos. Esta transición nunca se ha hecho antes, estamos aprendiendo por el camino", ha justificado esta semana Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Recogida de cable regulatoria

En Bruselas hay mucho ruido de sables. Es la comidilla de la ciudad. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha prometido una normativa 'ómnibus' que presentará a finales del mes de febrero y que tiene como objetivo consagrar la "simplificación" que el Ejecutivo comunitario ha dicho que quiere implementar en todas sus regulaciones. Es la primera andanada de simplificación, pero promete más. La primera norma pretende relajar tres normas: la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), el Reglamento sobre Taxonomía de la UE y la Directiva sobre Diligencia Debida en la Sostenibilidad Corporativa (CSDDD). El objetivo oficial es eliminar duplicidades, consolidar pero sin desregular. En todas las reuniones, encuentros, comidas o cenas en la capital comunitaria se nota el pulso en vivo. Independientemente de si simplificar es o no sinónimo de desregular, hay muchos agentes que quieren aprovechar el momento y apretar el acelerador. El péndulo ha cambiado de dirección y hay que aprovechar la inercia.

La rebelión no tiene pinta de que vaya a llevarse por delante por completo el principio de los estándares ESG de la Unión Europea. En su informe sobre la competitividad del bloque comunitario el exprimer ministro italiano y expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, hizo mucho hincapié en la necesidad de retirar cargas administrativas y papeleo a las compañías, especialmente a las más pequeñas. Pero los estándares ESG no aparecían en ese documento, que sirve como una especie de hoja de ruta para los objetivos de la actual legislatura para la Comisión Europea, como algo a eliminar. Más bien al revés. Una propuesta que sí hace Draghi a la hora de hablar de tecnologías limpias es simplificar el cumplimiento de las diversas normas en esta materia en un certificado único de "tecnologías sostenibles e innovadoras".

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Pero la presión sobre Bruselas va más allá de las empresas, como muestra el mensaje de Tusk. Francia y Alemania están siendo bastante claras respecto a una de las piezas de la norma 'ómnibus': quieren que se reduzca el alcance y se retrase la aplicación de la CSRD, que obliga a las compañías a realizar informes sobre su respeto a distintos elementos de los estándares ESG, desde medioambiente al equilibrio de género de sus plantillas. Recientemente una portavoz del Gobierno francés cargó duramente contra esta directiva.

Actualmente el CSRD, que se aprobó en 2022, tiene un alcance mucho más amplio que el CSDDD, aprobado en 2024, donde el umbral para estar sometido a los controles ha aumentado considerablemente para que afecte a menos empresas, y el sector financiero logró quedar exento del alcance del CSDDD, una muestra de que ya a finales de la anterior legislatura los vientos estaban cambiando. En todo caso, el informe Draghi apunta que las empresas medianas cubiertas por el CSRD tendrían que dedicar el 12,5% de su volumen de inversión al cumplimiento de las obligaciones que establece, lo que se ve como una muestra de la falta de proporcionalidad de esta norma. Eso, en un momento en el que deben también invertir en innovación para cerrar la "brecha de innovación" con Estados Unidos y China es un lujo que, aseguran, no se pueden permitir. El Gobierno francés también está pidiendo la suspensión "sine die" de la aplicación de la directiva CSDDD.

Una orden política

La Comisión está respondiendo en realidad a una petición hecha por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de Budapest de 2024. En ella, señalaban que Bruselas debía "poner en marcha una revolución de la simplificación, garantizando un marco normativo claro, sencillo e inteligente para las empresas y reduciendo drásticamente las cargas administrativas, normativas y de información, en particular para las PYME". "Debemos adoptar una mentalidad facilitadora basada en la confianza, que permita a las empresas prosperar sin una regulación excesiva", señalaban los Veintisiete.

En las directrices políticas de la nueva Comisión, Von der Leyen consagró una idea: simplificar y consolidar todo lo posible pero manteniendo los altos estándares. La norma 'ómnibus' será la primera prueba de fuego. Esta misma semana, Valdis Dombrovskis, comisario de Economía, se ha reunido con grandes empresas europeas para hablar sobre esa normativa 'ómnibus', entre ellos varios bancos españoles, como BBVA, y varias empresas energéticas. El temor en algunos sectores de la capital comunitaria, especialmente dentro del Parlamento Europeo en aquellos grupos que han apoyado el Pacto Verde desde 2019 y que mantienen su respaldo al plan, es que se abra la puerta a revisar principios básicos de las normas. En el encuentro con Dombrovskis también estuvieron algunas empresas como Nestlé o Unilever, que recientemente han solicitado al Ejecutivo comunitario que el 'ómnibus' se centre únicamente en eliminar posibles duplicidades entre las distintas normativas, y no en abrir en canal lo que ya se había acordado.

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La Comisión asegura que no es desregulación lo que está haciendo. Que las empresas hacen informes y documentación que en muchas ocasiones es innecesaria y en otras no hay músculo administrativo suficiente para gestionarlas. En el sector financiero "simplificación no es (debe leerse como "debe ser") sinónimo de desregulación", señaló José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), cuando se reunió también con Dombrovskis. Algunos dentro de la Comisión quieren verlo como el verdadero Pacto Verde. Hasta ahora se había hecho una agenda que era más "verde" que "pacto". Ahora toca volver a equilibrarlo.

"La preocupación es que esto pueda significar el fin de los esfuerzos de sostenibilidad de la UE. Pero no tiene por qué ser así. El marco de la UE puede revisarse para hacerlo más operativo y eficaz a la hora de alinear los incentivos de los participantes en los mercados financieros, manteniendo sus principios básicos", escribe Silvia Merler, analista del think tank económico Bruegel. "Bruselas no debe comprometer sus objetivos de sostenibilidad en respuesta al retroceso de Estados Unidos, pero deben rectificarse los fallos del sistema", señala.

Para los defensores del mantenimiento de estos estándares, reabrir la legislación europea sería ir en contra de la supuesta predictibilidad que la Unión dice defender. En Bruselas son muchas las voces que explican que si la Unión Europea ya lideró en esta agenda en su momento no debe ahora cambiar de rumbo, debe mantenerse en el plan. En un reciente comunicado firmado por inversores como AXA Investment Managers o el Institutional Investors Group on Climate Change, que controlan activos por valor de 6,6 billones de euros, las compañías avisan de que "la reapertura de estos reglamentos en su totalidad genera el riesgo de crear incertidumbre regulatoria y, en última instancia, podría poner en peligro el objetivo de la Comisión de reorientar el capital en apoyo del Green Deal europeo".

Que se había regulado mucho en todos los aspectos del Pacto Verde era algo sabido en Bruselas antes de que cogiera fuerza el discurso público sobre la "sobrerregulación", que acabó siendo uno de los elementos centrales de las elecciones europeas de junio de 2024. Ya entonces en la Comisión Europea había dos corrientes de pensamiento. La primera consideraba que tras años de un importante despliegue regulatorio el siguiente lustro sería el de hacer que las normas se cumplieran. Una legislatura dedicada a la consolidación de la legislación aprobada. La otra corriente de pensamiento apuntaba a que había un enorme rechazo y un movimiento pendular que se llevaría por delante la agenda elaborada entre 2014 y 2024. Los siguientes cinco años no serían los de la consolidación, serían los del repliegue.