Reos de EEUU en cárceles de El Salvador: ¿qué hay detrás de la propuesta de Bukele a Trump?

"Ningún país nos ha hecho una oferta de amistad como esta". No cabía en su gozo el nuevo secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, al anunciar, este lunes, un acuerdo con El Salvador, para deportar y confinar en las cuestionadas prisiones del país centroamericano a migrantes indocumentados condenados por algún crimen en territorio estadounidense.

Por si eso fuera poco, aseguró que el pacto podría incluso incluir a ciudadanos del país norteamericano, levantando fuertes críticas en casa ante una medida sin precedentes en países democráticos contemporáneos y que tendría escasas posibilidades de superar un escrutinio legal en EEUU. Hasta el punto de que buena parte de los analistas ve la oferta como una fantasía.

Rubio aseguró que Bukele había ofrecido confinar en las mazmorras salvadoreñas a “los criminales peligrosos, actualmente bajo custodia, y cumpliendo su condena en EEUU, aunque sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales”. Lo hizo después de finalizar una reunión de tres horas con el presidente salvadoreño en la lujosa residencia de Bukele con vistas al lago Coatepeque, a una hora en coche de San Salvador.

Ambos se conocen desde hace tiempo. Rubio ya había viajado a El Salvador en 2023, en calidad de senador por Florida, para conocer a Bukele. En esa ocasión alabó al líder del país centroamericano por haber “traído la libertad a El Salvador”. Fue su forma de celebrar la tremenda disminución de crímenes violentos en el país centroamericano después de la aplicación de su programa de detenciones masivas, muy criticado por los defensores de Derechos Humanos.

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Fue poco antes de que el Gobierno del entonces presidente estadounidense, Joe Biden, criticase a Bukele por intentar su reelección a pesar de que la Constitución lo prohíbe expresamente. El mismo presidente salvadoreño confirmó poco después, fiel a su estilo, en la red social X, los acuerdos alcanzados con Rubio.

“Hemos ofrecido a los EEUU la oportunidad de externalizar parte de su sistema penitenciario. Estamos dispuestos a admitir únicamente a criminales convictos (incluidos ciudadanos estadounidenses convictos) en nuestra mega prisión, a cambio de una tarifa. La tarifa será relativamente baja para EEUU, pero significativa para nosotros, y haría sostenible todo nuestro sistema penitenciario”, escribió Bukele, que este martes se felicitaba, también en X, de que su país se hubiese colado entre los titulares de los grandes medios mundiales, algo que llena de orgullo a sus seguidores en redes sociales.

Sin embargo, y velozmente, fuentes de la Administración Trump filtraron a la prensa estadounidense que el presidente republicano no tiene planes de intentar deportar a ciudadanos de EEUU, pero que la oferta de Bukele es significativa.

EEUU no puede deportar estadounidenses

El mismo Rubio se vio obligado a pisar el freno este martes, durante una rueda de prensa en Costa Rica, su siguiente destino en su gira centroamericana. Preguntado sobre si quisiera ver a ciudadanos estadounidenses encerrados en las cárceles de El Salvador, dijo que es una “oferta que hizo el presidente Bukele”, pero que EEUU tendría que “estudiarlo”, ya que “hay temas jurídicos de por medio, tenemos Constitución y otras cosas”. De esta forma, dejó sin responder cuáles serían las normas bajo las que se deportarían a criminales estadounidenses a El Salvador.

Los expertos lo tienen claro: eso es imposible. “EEUU tiene absolutamente prohibido deportar ciudadanos de EEUU, estén encarcelados o no”, señaló a la CNN el experto en leyes migratorias Leti Volpp, descartando la posibilidad. Cualquier intento de la Administración Trump de deportar a ciudadanos estadounidenses para que sean encarcelados en El Salvador se enfrentará a una dura batalla legal en el Congreso —a pesar de que el Partido Republicano tiene mayoría en ambas cámaras— y los tribunales. Si Rubio intentó lanzarse un triple ante su jefe, podría salir trasquilado.

Pero es que tampoco está nada claro que EEUU pueda deportar a migrantes con cargos criminales a países distintos de sus lugares de origen y tránsito hacia territorio estadounidense. Cualquier intento al respecto podría también enfrentar disputas legales.

Disputas legales

“Desde la perspectiva del derecho salvadoreño, no hay ninguna norma que ampare un acuerdo como este”, comenta a El Confidencial el abogado salvadoreño José Marinero, especialista en políticas públicas. “No hay ninguna regulación que ampare recibir en los centros penitenciarios salvadoreños a delincuentes de terceros países que no tengan ningún vínculo con este país, ya sea de nacionalidad o de la víctima que cometió el delito. Aún debemos conocer el contenido específico del pacto, porque lo único que tenemos en este momento son comunicados diplomáticos”.

“Quizás el único caso que yo conozco de relevancia internacional donde un tercer país puede recibir a personas condenadas en un país distinto son casos previstos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pero eso son por crímenes de lesa humanidad. Es un tema muy distinto al que estamos hablando acá”, añade Marinero.

El analista salvadoreño, Napolóen Campos, coincide. Explica en declaraciones a El Confidencial que “no existe ningún asidero legal para que El Salvador reciba a personas no salvadoreñas que hayan cometido delitos y hayan sido enjuiciadas y sentenciadas fuera de las fronteras salvadoreñas”.

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Eso sí, los expertos creen que, al menos, desde el lado salvadoreño, podrían permitirse los traslados. “Hay que recordar que esto es posible en El Salvador en un contexto en el que han desaparecido los contrapesos al poder político. La Justicia perdió su independencia, esencialmente, a partir de mayo de 2021 con el golpe que Bukele da a la sala de lo Constitucional, nuestro máximo intérprete de la Constitución”, considera el abogado Marinero, refiriéndose a la sustitución de decenas de jueces mandatada por la Asamblea Legislativa de El Salvador una vez que las fuerzas bukelistas obtuvieron una amplia mayoría en la cámara.

Control de los poderes del Estado

En la eventualidad de que la Justicia salvadoreña impidiese el traslado de presos, el bukelismo controla la práctica totalidad de la Asamblea Nacional, después de que el presidente arrasase en las más recientes elecciones, aupado por su popularidad tras el tremendo descenso en las cifras de violencia, y los parlamentarios podrían cambiar las leyes para dar acomodo al acuerdo.

“No es posible, de acuerdo al marco jurídico salvadoreño, llevar adelante este tipo de propósito”, cree Abraham Abrego, abogado de la oenegé salvadoreña Cristosal, recalcando, sin embargo, que la “mayoría legislativa oficialista puede, evidentemente, ahora, manipular el texto constitucional con el fin de tratar de dar vía libre a proyectos abiertamente inconstitucionales como el que proyecta Bukele”.

Un sistema penitenciario muy criticado

Otro obstáculo para la llegada de migrantes indocumentados convictos o estadounidenses presos a las cárceles de El Salvador provenientes de EEUU podría ser la consideración que las mismas autoridades de Washington tienen sobre el sistema penitenciario salvadoreño y que podrían ser base para disputas legales. El departamento de Estado, en sus advertencias de viaje, asegura que quienes sean encarcelados en El Salvador afrontan duras condiciones en prisión y no tienen acceso al debido proceso.

“En muchas instalaciones, las provisiones sanitarias, de agua potable, ventilación, control de temperatura y luz son inadecuadas o no existentes”, asegura la institución estadounidense. Esa descripción se redactó en la pasada administración, y podría ser revisada, pero también podría ser la base legal para evitar traslados de presos.

Nayib Bukele ha convertido a su país, uno de los más violentos del mundo hasta hace apenas cuatro años, en uno de los que menos asesinatos por habitante registra de América Latina, después de establecer un estado de Excepción en 2022. Las operaciones policiales y militares que se llevaron a cabo supusieron la encarcelación de más de 83.00 personas, pero numerosas asociaciones de Derechos Humanos denuncian miles de detenciones arbitrarias, malos tratos a presos e incluso muertes de personas en custodia.

En el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megaprisión finalizada el pasado año —donde se instalarían los llegados de EEUU—, los presos reciben solo una comida al día, no tienen derecho a visitas, duermen en habitaciones sobrepobladas y no tienen derecho a programas de reinserción.

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La mayoría de los vídeos que el Gobierno de Bukele ha sacado mostrando la mano dura contra los presos han sido grabados en ese presidio, pero el abogado Abrego asegura que ellos están incluso en mejores condiciones que el resto. “A pesar de los estrictos estándares de seguridad del Cecot, esa población está en condiciones más favorables. Se ven condiciones de limpieza, de alimentación, de atención de enfermería y de vacunación, situaciones de privilegio con el resto de población reclusa”.

Le preocupa también que la situación de los posibles presos extranjeros no pueda ser fiscalizable. “Si no existe en El Salvador un marco legal que permita el establecimiento de una cárcel internacional a la que se envían a los miembros del Tren de Aragua o de otras estructuras del crimen organizado en la región, entonces las autoridades salvadoreñas, judiciales o de DDHH, no tendrían ninguna posibilidad de verificación de la situación de estas cárceles. Eso abre también un limbo jurídico”.

Algunos temen que espoleen el crimen salvadoreño. “Importar a presos extranjeros expone a los privados de libertad locales. No todos tienen condenas firmes, porque en su mayoría la gente que ha sido detenida durante el régimen de excepción aún no ha sido condenada, y expondría a esas personas a la experiencia, al conocimiento de los delincuentes que vienen de EEUU, incluyendo, por la mención que se ha hecho específica, a miembros de la banda criminal venezolana del Tren de Aragua. Ahí podría haber una oportunidad para que el crimen local aprenda de esos delincuentes importados”, considera el abogado Marinero.

¿Qué quiere Bukele?

Bukele intenta con la medida acercarse más, si es posible, a la Administración Trump. Se trata de su mayor aliado en América Latina, el primer dirigente de la región al que llamó el nuevo presidente estadounidense tras asumir su cargo. Parecen enterradas las diferencias que surgieron cuando, en campaña electoral, el magnate dijo que El Salvador estaba enviando a sus criminales a EEUU.

“En términos generales no hay un beneficio evidente para los salvadoreños con esta medida, pero puede que sí lo haya para Bukele, para continuar proyectándose como el hombre duro de América Latina, como alguien útil”, cree Marinero.

“Y también me parece que puede haber un interés personal, también, de detener o alargar, al menos, los procesos penales que se desarrollan en EEUU contra cabecillas de la pandilla MS13. Estos, además de estar acusados de una serie de delitos, se sabe que, algunos de ellos, participaron y son conocedores de aspectos internos de las negociaciones que tuvo el Gobierno de Bukele con las pandillas. Es como Bukele logra inicialmente controlar las tasas de homicidio en el país”, asegura Marinero, sobre una cuestión que el entorno del líder salvadoreño lleva años negando.

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La embajadora de El Salvador en EEUU pidió, este mismo martes, el regreso de los cabecillas de las pandillas que están siendo juzgados por tribunales estadounidenses. También hay otras consideraciones en el horizonte. Según la prensa estadounidense, Rubio habría presionado también para que Bukele se aleje de China. No será fácil. Pekín ha aupado a su Gobierno, financiando la construcción de una monumental nueva biblioteca nacional y del nuevo estadio de la selección con capacidad para 50.000 espectadores.

Bukele pidió también ayuda para establecer proyectos de energía nuclear en el país, como él mismo difundió tras la visita de Rubio, un viaje en el que podrían haberse hablado más asuntos de los que trascendieron.