Este es el plan de batalla de Elon Musk para su guerra contra los funcionarios
La misión declarada de Musk, cuyas empresas Tesla y SpaceX tienen firmados contratos milmillonarios con el Gobierno y también varias causas abiertas, es recortar costes: su especialidad corporativa
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Los servicios que mantienen en funcionamiento el Gobierno de EEUU están siendo usurpados. No por China, ni por Rusia, sino por el hombre más rico del mundo: Elon Musk. Una persona que, pese a no tener ningún cargo oficial ni haber sido ratificado por el legislativo, ha accedido al sistema de pagos federales y se reserva el derecho de cerrar agencias que solo el Congreso puede disolver. Un paso más en el rápido debilitamiento de los contrapesos al poder ejecutivo de las últimas dos semanas.
Después de que un juez federal bloqueara la semana pasada la congelación de cerca de 2.000 programas federales de la naturaleza más variada, desde los pagos de las pensiones a los contratos con empresas particulares, Elon Musk decidió tomar la vía rápida: acceder directamente al sistema de pagos que sufraga estos programas con casi seis billones (trillions) de dólares anuales. La quinta parte del PIB de EEUU.
El número dos del Departamento del Tesoro, David Lebryk, a cargo de dicho sistema de pagos, se negó a facilitar acceso a los enviados de Musk. Como consecuencia, se le dio de baja e inmediatamente después se jubiló. Escenas similares se repitieron en media docena de agencias del Gobierno. Dado que contaban con el beneplácito del presidente de Estados Unidos, los enviados de DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental que dirige Elon Musk, se abrían paso a la fuerza. Hay que destacar también la cualidad orwelliana del nombre: DOGE no es un “departamento”. De nuevo: solo el Congreso tiene potestad para autorizar una nueva rama del Gobierno.
“Lo que estamos viendo no tiene precedentes en el sentido de que hay unos actores que no son, realmente, cargos públicos, obteniendo acceso a los datos más sensibles del Gobierno”, declaró Don Moynihan, profesor de políticas públicas de la Universidad de Michigan, a WIRED . “Tenemos pocos ojos puestos en lo que está sucediendo. El Congreso no tiene la capacidad, realmente, de intervenir o de vigilar lo que está sucediendo porque estas personas no son cargos públicos supervisables. Así que esto se parece a una toma de control hostil de la maquinaria del Gobierno por parte del hombre más rico del mundo”.
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La misión declarada de Musk, cuyas empresas Tesla y SpaceX tienen firmados contratos milmillonarios con el Gobierno y también varias causas abiertas, es recortar costes: su especialidad corporativa. Para ello, está usando a colaboradores de algunas de sus empresas y a un grupo de seis jóvenes de entre 19 y 24 años sin experiencia gubernamental, pero que entran con sus mochilas en los edificios federales sin las identificaciones necesarias y participan en las videollamadas fortuitas en las que se exige a los funcionarios de carrera que justifiquen sus empleos.
Entre otros servicios estratégicos, la gente de DOGE ha tomado posiciones en la Oficina de Gestión y Presupuestos (OPM): la rama a cargo de los recursos humanos del Gobierno federal. La nueva jefa de gabinete de OPM es Amanda Scales, que antes trabajó para la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI.
El modus operandi de Musk es idéntico al que lleva años utilizando en sus compañías. Como señala este artículo de The New York Times, Musk piensa que “es mejor implementar recortes profundos y después arreglar los problemas que aparezcan. Él empuja rutinariamente a sus empleados a ignorar regulaciones que consideren 'estúpidas'. Y es conocido por tomar riesgos extremos, empujando tanto a Tesla como a SpaceX al borde de la bancarrota antes de rescatarlas”. La diferencia es que, esta vez, no se trata de una empresa, sino del Gobierno de Estados Unidos.
La estética del esfuerzo también es típica del mundo de Musk, que ha metido camas en sus oficinas de la Casa Blanca para que las 40 personas que se ha traído puedan dormir allí mismo entre maratón y maratón de trabajo. Musk también ha estado presente en algunas de las visitas. Él mismo acudió a la Administración de Servicios Federales acompañado de su hijo, X Æ A-12 Musk, y de la niñera de este. Allí les dijo a los encargados que tenían que reducir a la mitad los gastos de la agencia.
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Una parte estratégica del asalto de Musk es el uso de la narrativa. Usando la red social de su propiedad, X, el magnate está retratando el Gobierno federal como una bestia chupóptera plagada de empleados perezosos, una criatura que no solo es ineficiente, sino que defrauda al pueblo americano y hasta “financia el terrorismo”, tal y como dijo Musk que hacía USAID: la principal fuente de ayuda alimentaria del planeta. No aportó ninguna prueba. Desde este fin de semana, USAID está siendo retratada como la encarnación de todo lo malo que hay en Washington: corrupción, despilfarro, injerencias, enchufismo, secuestros ideológicos, golpes de Estado, etc.
El lunes por la noche, Musk declaró que había acordado con Donald Trump cerrar esta agencia, que, con un presupuesto de 40.000 millones de dólares anuales, está considerada el brazo de “poder blando” de EEUU: una iniciativa del John F. Kennedy que hoy opera en un centenar de países. Aunque no está claro que Trump haya dado el visto bueno, quizás porque la disolución tiene que recibir luz verde del Congreso, la Casa Blanca ha anunciado que USAID pasará a depender del Departamento de Estado y que Marco Rubio, jefe de este departamento, será su gestor.
Según los testimonios de más de una docena de empleados de diferentes agencias federales consultados por la CNBC, la situación de cambios rápidos y muchas veces forzados ha producido escenas de caos en las sedes de Gobierno. La Casa Blanca ha ofrecido a dos millones de funcionarios la posibilidad de dimitir y cobrar su salario hasta septiembre. Numerosos altos cargos han sido despedidos, así como 18 inspectores generales que supervisan el comportamiento ético de los burócratas. Sin que se avisara, como dice la ley, al Congreso. Un número indeterminado de funcionarios ha perdido el acceso a sus ordenadores y a sus correos oficiales. A los citados por la CNBC les extraña que el Congreso y los sindicatos lo estén permitiendo.
Con la excusa de luchar contra la ideología identitaria woke, resumida en el acrónimo DEI (diversidad, equidad, inclusión), la nueva presidencia ha borrado cerca de 2.000 bases de datos gubernamentales: muchas ellas relacionadas con la salud pública y el medio ambiente. Una estimación de The New York Times eleva a 8.000 las páginas web oficiales que ya no se encuentran disponibles.
Todo lo que Trump mande es legal
La coartada ideológica de Donald Trump y sus aliados es la llamada “teoría ejecutiva unitaria”: dado que Trump ha sido elegido por el pueblo, dice esta teoría, todo lo que él mande o permita, incluidas las acciones de Musk, es democrático: es legal. Así lo explicó, por ejemplo, el vicepresidente de EEUU, JD Vance: “Los burócratas de carrera no tienen derecho a quebrantar las órdenes legales del presidente de los Estados Unidos. Son responsables ante el presidente, y él responde ante el pueblo”. Lo que Vance ignoraba es que los “burócratas de carrera” pertenecen al Servicio Civil y están legalmente protegidos para evitar que un presidente de turno, sea quien sea, se deshaga de ellos y los reemplace por acólitos leales a él y no a la Constitución.
Mientras tanto, los demócratas alertan de lo que, según el congresista Jamie Raskin, miembro del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, es un “golpe”. “Lo que estoy viendo son todas las señales de un golpe. Un golpe es un asalto al poder estatal por actores no elegidos que están trabajando para controlar la infraestructura crítica del Gobierno fuera del imperio de la ley”, dijo Raskin en MSNBC. “Básicamente, Elon Musk ha intentado tomar el control de la infraestructura de comunicación del país, de la infraestructura de pagos gubernamentales y de la de datos, y tiene importantes nódulos militares”.
Raskin fue uno de las docenas de congresistas demócratas que se presentaron en la sede de USAID, acrónimo de Agencia para el Desarrollo Internacional de EEUU, para ver con sus propios ojos lo que estaba pasando. Se les denegó el paso y Elon Musk calificó la protesta de “insurrección”. “La izquierda radical puso a mucha gente inocente en prisión exactamente por este comportamiento”, dijo el milmillonario, en referencia a las más de 1.500 personas procesadas y encarceladas por organizar o participar en el asalto al Capitolio, en 2021, para anular el resultado de las elecciones.
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El problema que tienen los demócratas con Donald Trump y con Elon Musk, es que sus protestas parlamentarias y sus marchas, de momento, de unos pocos centenares de personas, son como llevar una navaja a una pelea con lanzallamas. Trump está empleando su táctica de “inundar la zona”: está haciendo tantas cosas nuevas y dramáticas a la vez que la atención de los ciudadanos se dispersa a cada minuto. Al mismo tiempo que los ingenieros adolescentes de Musk entraban en las sedes, ocupaban cargos y pedían cuentas a los funcionarios de carrera, una guerra arancelaria parecía a punto de comenzar entre Estados Unidos y sus vecinos.
Preguntado por las acciones de Musk, Donald Trump le dedicó buenas palabras. “Creo que Elon está haciendo un buen trabajo”, respondió a los periodistas al volver a Washington desde su mansión de Florida. “A veces no estaremos de acuerdo con él, y no llegaremos adonde él quiere llegar. Pero creo que está haciendo un gran trabajo. Es un tipo listo, muy listo. Y está centrado en recortar el presupuesto de nuestro presupuesto federal”. La idea convencional es que Trump y Musk acabarán mal. De momento, sin embargo, parecen formar un tándem político imbatible.
Los servicios que mantienen en funcionamiento el Gobierno de EEUU están siendo usurpados. No por China, ni por Rusia, sino por el hombre más rico del mundo: Elon Musk. Una persona que, pese a no tener ningún cargo oficial ni haber sido ratificado por el legislativo, ha accedido al sistema de pagos federales y se reserva el derecho de cerrar agencias que solo el Congreso puede disolver. Un paso más en el rápido debilitamiento de los contrapesos al poder ejecutivo de las últimas dos semanas.