"Cómo eliminar el radicalismo de izquierdas de EEUU": la 'deswokificación' trumpista ya está aquí

Hay una “contrarrevolución” en marcha en Estados Unidos. Quizás el término suene raro, como a siglo XVIII, o como si los bolcheviques hubiesen gobernado Washington y ahora tocase revertir sus extremistas decisiones. Pero es exactamente así como lo describen las personas que, ahora mismo, rehacen decreto a decreto, la administración y el clima cultural junto a Donald Trump. “Plan de acción para la contrarrevolución: cómo eliminar el radicalismo de izquierdas en el Gobierno federal”, decía un artículo del pasado diciembre publicado por City Journal, del Manhattan Institute. Su autor, Christopher Rufo, es un activista con acceso a Trump y que orienta en estos momentos las prioridades de dicho “plan de acción”.

Entre los 25 decretos que Donald Trump firmó el día de su investidura, frente a los nueve que firmó Joe Biden cuatro años antes y los uno o ninguno que firmaron los anteriores presidentes en sus respectivas inauguraciones, había uno titulado de la siguiente manera: “Acabar con los programas y preferencias DEI radicales y despilfarradoras”. DEI es el acrónimo de “diversidad, equidad, inclusión”: la santísima trinidad de la ideología identitaria 'woke'.

Así fue como, con un rápido garabato de su grueso rotulador Sharpie, Donald Trump inició la “contrarrevolución”: eliminó las iniciativas DEI repartidas por la burocracia federal, dio de baja a casi 400 empleados dedicados a velar por la diversidad étnica y de género en las filas gubernamentales y despachó memorándums pidiendo a los funcionarios que delataran a quienes siguieran defendiendo estas políticas.

Parte de la opinión pública conservadora y también moderada puede simpatizar con estas medidas, percibidas como un intento de combatir unas prácticas de discriminación positiva que a veces se vuelven abusivas: la idea de que las minorías deben ser elevadas a cualquier precio, lo cual reduce la importancia del mérito y puede causar fricciones raciales con una mayoría que, de pronto, se ve denostada en el discurso de parte de la izquierda y arrojada al final de la pila de currículums.

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Por eso, un tercio de los 1.250 estudiantes blancos encuestados mintieron sobre su raza para elevar sus posibilidades de entrar en la universidad, según este sondeo de 2021. Una de las cosas que los españoles suelen escuchar cuando llegan a EEUU es que, si tienen que rellenar un formulario oficial, marquen la casilla de “hispano” en lugar de la de “europeo blanco”, pues esa cuota les dará más opciones de éxito.

Pero, por debajo de este demonio favorito de la derecha, que es la ideología “woke”, una expresión de la que ya se abusa tanto como de la de “facha” en España y que, por tanto, va perdiendo su consistencia, hay una campaña mayor, más amplia. La “contrarrevolución” no se contenta con eliminar esta discriminación progresista.

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El rotulador Sharpie de Trump ha ido más allá y ha revocado, también, una regla tradicional que data de la época de la lucha por los derechos civiles y que está ahí simplemente para evitar la discriminación por raza, género, orientación sexual, credo y origen nacional: la llamada Oportunidad de Empleo Igualitario, de 1965. Este decreto protegía a las personas que trabajan para las empresas contratistas federales, que, juntas, emplean a la quinta parte de la fuerza laboral de EEUU.

La Casa Blanca también ha eliminado la versión en español de su página oficial, como sucedió cuando Trump juró el cargo la primera vez, en 2017, y organismos creados durante la presidencia de Barack Obama. Cientos de documentos, guías y recursos para las minorías han sido eliminados y, desde ahora, las embajadas de EEUU en el mundo tendrán prohibido izar la bandera del arcoíris, símbolo del orgullo gay. Además, ha dado la orden de prohibir los procedimientos de reasignación de género a los menores de 19 años. Dado que muchos programas del Gobierno para llevar infraestructura a comunidades desfavorecidas se trazaron basándose en criterios inclusivos, cerca de 420 millones de dólares en contratos han sido cancelados.

Muchos de los grandes objetivos de la cruzada anti-DEI están fuera de la burocracia federal, como las universidades de élite, donde el identitarismo woke se ha consolidado en los últimos años. Preguntado por The New York Times sobre qué instrumentos tendría el Gobierno federal, el autor del “Plan de acción de la contrarrevolución”, Christopher Rufo, respondió: “Si tienes todo el peso de la Casa Blanca, todo el peso del Departamento de Educación y un pelotón de abogados de derechas intentando ejercer toda su autoridad ejecutiva y reglamentaria para remodelar la educación superior, creo que podría ser algo de tremenda belleza”.

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Otro decreto de Trump recoge que las agencias federales investiguen a las universidades que hayan recibido, por lo menos, 1.000 millones de dólares en dotaciones financieras privadas, como es el caso de unos dos centenares de campus en todo EEUU; entre ellos, todos los pertenecientes a la elitista Ivy League. Las agencias tienen 120 días para aportar sus conclusiones y proponer “medidas apropiadas para animar al sector privado a terminar con la discriminación y las preferencias ilegales, incluyendo DEI”.

No está claro qué haría Trump después. Entre otras medidas, podría cobrar impuestos a estas dotaciones financieras, educativas o ir más allá. Desde 2022, Florida, considerada por su gobernador, Ron DeSantis como el “cementerio del wokismo”, ha sido la punta de lanza de las políticas anti-DEI. La Ley Stop Woke ha eliminado desde 2022 las iniciativas DEI en el Gobierno y las universidades, cancelado asignaturas consideradas woke, prohibido libros tildados de ideológicos, instalado materias que critican lo woke y reforzado la voz y el voto de los padres en la educación. Otros estados como Texas u Ohio siguieron este camino.

Sean cuales sean las medidas ejecutivas que se firmen en la Casa Blanca o se tramiten en el Congreso republicano, hay una serie de grupos ultraconservadores privados que las apoyarán desde afuera. Ya lo están haciendo.

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Según The Wall Street Journal, los bancos Goldman Sachs y Bank of America están siendo presionados por activistas ultraconservadores para que eliminen o reduzcan sus iniciativas DEI. Grupos como National Center for Public Policy Research, National Legal, Policy Center y la famosa Heritage Foundation argumentan que las políticas inclusivas son discriminatorias y que mantenerlas podría acarrear costes legales.

No es la primera vez que estas organizaciones tratan de llevar su lucha cultural a los consejos de accionistas de las corporaciones más grandes de Estados Unidos, pero esta vez es distinto. Esta vez arremeten con el viento de cola del impulso trumpista. Esos “costes legales” podrían ser una referencia velada a los futuros castigos que pueda implementar la Administración Trump. El término “contrarrevolución” también serviría aquí. Tras el asesinato de George Floyd en 2020, las grandes multinacionales, a lo largo y ancho del país, adoptaron iniciativas DEI para elevar la diversidad en sus filas, pero también para congraciarse con una cultura de la cancelación digital capaz de destruir carreras por alguna connotación desafortunada.

La efectividad de estas políticas DEI es motivo de debate. Muchos de los Chief Diversity Officers (CDO) que fueron contratados para capitanear los esfuerzos inclusivos acabaron frustrados por la falta de instrumentos y apoyos. Cuando había pasado la época de rasgarse públicamente las vestiduras por la escasez de afroamericanos en las juntas corporativas, muchos CDO fueron despedidos.

Entre la miríada de decretos que, entre otras cosas, parecen buscar el debilitamiento o la eliminación de los contrapesos internos a la autoridad presidencial, la “deswokificación”, por usar el término del vicepresidente, JD Vance, es prioritaria. “Este es el problema de políticas públicas más urgente de lo que afronta la administración”, escribe Rufo, “porque, sin las instituciones representativas y la restauración de la actividad constitucional, no es posible gobernar América”.